El gravamen a viviendas secundarias y vacías gana terreno en Ipar Euskal Herria
Los encuentros que se celebran cada agosto en Bunuze sirvieron al ministro Patrice Vergriete para avalar la política de vivienda de la Mancomunidad Vasca. Hasta 34 localidades podrán reforzar los impuestos a viviendas secundarias y vacías. La regulación del precio del alquiler se hará esperar más.
Los encuentros de Inxauseta relativos a la vivienda que reúnen cada año, a finales de agosto, en la localidad navarra de Bunuze a dirigentes políticos, agentes profesionales y representantes asociativos han dado este año un fruto particularmente ansiado.
La política para afrontar la crisis de la vivienda adoptada por la Mancomunidad Vasca bajo la atenta mirada de la plataforma Se loger au Pays-Herrian Bizi ha sido ahora refrendada por el Ministerio de Vivienda francés, lo que abre las puertas a un refuerzo de los dispositivos para rescatar viviendas para su uso cotidiano frente a la proliferación de alquileres turísticos.
El ministro Patrice Vergriete auguró el respaldo gubernamental a la pretensión de la institución de Ipar Euskal Herria de extender la zona tensionada, que ahora engloba a 24 localidades labortanas, cubriendo hasta 35 municipios.
Mapa de zona tensionada
Estas serán las localidades que englobará la zona de tensión inmobiliaria: Ahetze, Ainhoa, Angelu, Arbona, Arrangoitze, Azkaine, Baiona, Basusarri, Biarritz, Bidarrai, Bidarte, Biriatu, Bokale, Donibane Lohizune, Donibane Garazi, Ezpeleta, Getaria, Haltsu, Hendaia, Hiriburu, Itxasu, Jatxu, Kanbo, Larresoro, Lehuntze, Milafranga, Mugerre, Sara, Senpere, Uharte-Garazi, Urketa, Urruña, Ziburu y Zuraide.
Primera consecuencia de ese anuncio, serán las entidades locales de esas localidades las que, en este arranque del curso político-institucional, deberán marcar el paso a la hora de aplicar un gravamen más alto a viviendas secundarias y también a residencias vacías.
El impacto de esas medidas dependerá, en gran medida, de la voluntad de los dirigentes municipales, pero no cabe obviar tampoco que, sin un cambio legal más en profundidad, los efectos de esa nueva imposición serán más bien limitados.
Los municipios deciden solo sobre un tramo del impuesto, y la ley estipula además que el impuesto sobre la segunda residencia puede subirse hasta un tope del 60%.
En todo caso, para los actores bregados en zonas tensionadas, caso de Donibane Lohizune, ese avance es insuficiente.
De ahí que aboguen por medidas fiscales suplementarias y, a su juicio, más efectivas, como la implementación de un impuesto a las transacciones inmobiliarias, cuyos tipos oscilarían en función del tiempo que pase entre la adquisición y la venta del bien.
Impuesto de mutación
En una gira por viviendas vacías organizada en octubre de 2021 por Euskal Herria Bai en Donibane Lohizune el exedil lohizundarra Peio Etxeberri-Aintzart recordaba que ese impuesto de mutación, que se paga en notaría, se sitúa en el 6% y reivindicaba que, como poco, se doblara esa tasa para poner así un freno más efectivo a las operaciones de inversión.
Dos años después, en un contexto de ralentización de las transacciones inmobiliarias –las ventas se atascan por la subida de tipos hipotecarios pero sobre todo por los augurios sobre una bajada de precios– el aumento de las tasas a viviendas secundarias y vacías puede ejercer de catalizador. Así lo esperan al menos los organismos que impulsan esa vía fiscal.
Con todo, es la medida que permitirá encuadrar los alquileres la que hace depositar más esperanzas al presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, a la hora de dar solución a la acuciante demanda de vivienda.
Según destaca, con el nuevo cuadro legal «el propietario de la vivienda en alquiler no podrá cambiar a su antojo el precio cuando el contrato de alquiler llega a su fin».
El dirigente centrista abogó en los encuentros en Bunuze por «poner en marcha un programa piloto» a modo de ensayo de la normativa que podría entrar en vigor para 2025.
Por su parte, el diputado de la circunscripción vasco-bearnesa, el socialista Iñaki Echaniz, se muestra partidario de pisar el acelerador y espera que, coincidiendo con al arranque de los debates en la Asamblea Nacional, a finales de este mes, pueda debatir con el ministro Vergriete sobre cómo acortar esos plazos para la tramitación de la nueva normativa.
Será a finales de año, con la aprobación de las Cuentas, cuando se pueda comprobar hasta qué punto el Gobierno de Emmanuel Macron está comprometido con la política decidida en Baiona.
No hay que olvidar que la Asamblea Nacional, donde en materia social la derecha aporta regularmente sus votos para completar la mayoría de la que no dispone al macronismo, se ha mostrado más bien retardista en materia de vivienda.
De hecho, el pasado mes de mayo la Cámara Baja metió en el cajón la propuesta defendida, entre otros, por el propio Echaniz, para poner coto al alquiler turístico.
Ello pese a contar con un informe encargado por la Mancomunidad Vasca a la Agencia de Urbanismo Atlántica y de Pirineos (Audap) en el que se constata que de las 315.195 viviendas existentes en los tres territorios del norte del Bidasoa entre 42.000 y 46.000 son de uso secundario, lo que equivale a un 20% del parque total de vivienda.
Incidir en los precios
La normativa para limitar los alquileres turísticos, con la vista puesta en la actividad de las plataformas, fue adoptada por práctica unanimidad en marco de 2022 por la Mancomunidad y entró en vigor en marzo de este mismo año.
La idea es avanzar ahora hacia una reglamentación más completa. Ello para paliar las actuaciones ilícitas y las distorsiones de la ley que salen a la luz de forma recurrente, mediante acciones de organizaciones ciudadanas para desenmascarar el fraude.
Presente en Inxauseta, donde trasladó personalmente al ministro Patrice Vergriete las demandas ciudadanas en favor del derecho a la vivienda, Txetx Etxeberri, uno de los portavoces de la asociación Alda! considera «un avance importante» la medida para regular los precios del alquiler, a expensas de una decisión gubernamental en firme.
«En el parque de vivienda más antiguo los alquileres están congelados, mientras que en el nuevo no existen límites» resume el activista, para destacar que la normativa que se elaborará en los próximos meses contempla aplicar un precio máximo por metro cuadrado.