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La Fiscalía española alerta de un incremento del 45% de las agresiones sexuales de menores

La Fiscalía General del Estado español alerta de un incremento de las agresiones sexuales cometidas por menores, que cifra en un 45,8%. Asimismo, en la habitual mención a ETA, apunta a colectivos juveniles «especialmente activos» como «principal vector de amenaza».

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lee la memoria en el acto presidido por el rey, Felipe de Borbón. (@PoderJudicialEs)

La Fiscalía General del Estado español ha denunciado un «notabilísimo y preocupante ascenso» de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en 2022: el Ministerio Público investigó 974 casos frente a los 668 registrados en 2021, lo que supone un aumento del 45,8%.

En su memoria anual relativa al año 2022, el Ministerio Público califica de «alarmante» que las incoaciones de agresiones sexuales con autores menores hayan aumentado un 116% desde el año 2017 con crecimientos anuales desde esa fecha.

También se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores de 18 años en 2022, un 0,81% más que el año anterior.

La Fiscalía señala en su memoria que las causas que explican este auge son complejas y que son diversos los factores que llevan a los menores a «realizar conductas sexuales virulentas».

Destaca entre ellas la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el visionado «inapropiado y precoz» de pornografía violenta: ambos factores conducen a una «trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales».

Un 30% más de agresiones sexuales

Los delitos de agresión sexual investigados, más allá de los cometidos por menores, también han crecido. En concreto, un 31,5%, hasta los 9.603 casos, más de dos mil por encima de los 7.302 de 2021.

El Ministerio Público explica que la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como «ley del sólo sí es sí») ha podido tener una incidencia sustancial en estos datos, al unificar en un único tipo penal los abusos y las agresiones sexuales a partir del 6 de octubre de 2022.

Por contra, los abusos sexuales investigados caen un 3,39% al pasar de 8.937 a 8.634 casos incoados. Sí crecen los abusos sexuales contra víctimas menores de 16 años, un 2,86%. Y mucho más las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años, un 36,44%.

La Fiscalía alerta de un aumento de delitos contra la libertad sexual cometidos a través de internet y aquellos que se perpetran en el entorno lúdico, en el que es habitual la sumisión química de las víctimas con alcohol u otro tipo de sustancias.

147 procedimientos en la Iglesia católica

En su memoria, la Fiscalía dedica un apartado a los casos de abusos a menores cometidos en el ámbito de la Iglesia católica.

En enero de 2022 esta solicitó a las fiscalías autonómicas que le enviaran todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos.

El Ministerio Público reconoce la dificultad de dar cuenta de los procedimientos judiciales, al no quedar registrados como tales en las aplicaciones de gestión procesal, dado que no contemplan mención alguna a la profesión del sujeto activo.

Y admite que los datos de los que dispone son «muy parciales» debido al acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida, puesto que la mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022, y solo puntualmente se remitieron de años anteriores.

Así, los datos de la memoria indican que han sido remitidos por las fiscalías territoriales un total de 147 procedimientos, de los que 61 han sido tramitados en sede fiscal y 86 en sede judicial.

De las 61 diligencias de investigación que constan registradas en las fiscalías territoriales, un 44 % se incoaron en 2022, un 26% en 2021 y el 30% restante en años anteriores, mientras que de las 86 diligencias previas remitidas, un 18% fueron incoadas en 2022, un 29 % en 2021 y el 53 % restante en años anteriores.

La Fiscalía señala que en el 67% de los casos los hechos tuvieron lugar después del año 2000 y en el 33% antes de 1990.

Y de las veinte sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, 19 son condenatorias (dos con conformidad del acusado, mientras que una fue revocada en apelación).

La apelación a ETA

En la memoria de la Fiscalía no ha faltado el habitual recurso a la apelación a ETA, a pesar de que la disolución de esta organización en 2018. Según señala, el «principal vector de amenaza llega ahora desde los distintos colectivos, plataformas y grupos que conforman el entramado del independentismo radical vasco» y pone el foco en los colectivos juveniles, a los que califica de «especialmente activos». En este sentido, apunta a que los principales referentes son el Movimiento Pro-Amnistía y contra la Represión y Amnistia Ta Askatasuna (ATA).

La Fiscalía quita peso a la capacidad operativa de estos movimientos, la califica de «reducida», porque no poseen una estructura organizativa estable; carecen de infraestructuras propias y hacen uso de locales de otros colectivos; y su sistema de financiación es «bastante precario».

Contabiliza un total de 55 detenciones «relacionadas con el independentismo radical vasco» en 2022, de las que 39 fueron por desórdenes públicos y catorce por agresiones a policías. En Araba se dieron 38 y en Nafarroa quince.

Junto a ello, señala que en 2022 tuvo lugar un «ongi etorri».

En este sentido, la Fiscalía lamenta las dificultades que tiene para acusar por el delito de «enaltecimiento del terrorismo», ya que tras la disolución de ETA «ha devenido en un delito de casi imposible condena ante las exigencias jurisprudenciales de riesgo, aun abstracto, de la comisión de ilícitos penales a consecuencia de la acción enaltecedora y que, además, sea abarcado el mismo por el dolo del autor».

Independentismo catalán

La Fiscalía alerta también de la actividad del «movimiento violento independentista catalán». El final de la persecución judicial y policial contra el indepentismo catalán es una de las condiciones que ha puesto Carles Puigdemont para iniciar las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

Según la Fiscalía, «se ha detectado una disminución de las acciones de sabotaje debido al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizadas como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones».

Asimismo, la memoria de la Fiscalía menciona al «ecologismo radical» y al yihadismo, mientras señala que Grapo se «mantiene en un estado de extrema debilidad» y constata que no se ha registrado actividad de Resistencia Galega, una etiqueta atribuida a montajes policiales.