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El Supremo obliga al Ayuntamiento de Iruñea a readmitir a toda la plantilla del SAD

El Tribunal Supremo español ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Iruñea y le obliga a readmitir a toda la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), unos 160 trabajadores, en su mayoría mujeres. Este servicio fue privatizado por Enrique Maya.

El Consistorio iruindarra tiene que readmitir a toda la plantilla del SAD. (AYUNTAMIENTO DE IRUÑEA)

Toda la plantilla del Servicio de Atención a Domicilio, unas 160 trabajadoras, tiene que ser readmitida por el Ayuntamiento de Iruñea, después de que el Tribunal Supremo español haya rechazado el recurso de casación interpuesto por el Consistorio gobernado por UPN, según ha informado CCOO.

Como recuerda el citado sindicato a través de una nota, este conflicto laboral se remonta años atrás, cuando «la corporación de Enrique Maya intentó externalizar los costes que le suponen al Ayuntamiento los servicios de atención domiciliaria, traspasando a las personas trabajadoras».

Tras muchas jornadas de movilización de sindicatos y trabajadoras, y una judicialización del caso, el auto del Tribunal Supremo declara ahora que «el cambio de modelo de gestión del EMAD contraviene el artículo 13 del Convenio Colectivo del Personal Laboral». Este artículo dispone que el Ayuntamiento, con el fin de promocionar el empleo público, no externalizará trabajos actualmente realizados por personal laboral fijo o indefinido no fijo.

Para CCOO, la externalización de este servicio supone «incidir en la precariedad de las trabajadoras de un sector altamente feminizado y alejarse de la dignidad que requieren». Por eso, mantener a las trabajadoras dentro de la plantilla consistorial es un propósito que «no va a abandonar».

Finalmente, el sindicato pide a la mayoría política del Consistorio iruindarra que se posicione para que el Servicio de Atención Domiciliaria se desarrolle íntegramente a través del Ayuntamiento de la ciudad. De lo contrario, «no solo se perjudicaría a las personas trabajadoras, sino también a la ciudadanía que requiere de este servicio público».