Los acusados de prostituir a mujeres en Donostia llegan a un acuerdo con la Fiscalía
Después de admitir haber participado en los hechos, un acuerdo con la Fiscalía ha permitido a los acusados de obligar a mujeres a prostituirse en Donostia rebajar sus condenas. A otro encausado se le ha retirado la acusación y ha quedado absuelto.
Cuatro hombres y dos mujeres acusados de integrar un grupo que traía mediante engaños a ciudadanas venezolanas para prostituirlas en pisos de Donostia han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía que les ha permitido rebajar sus penas sustancialmente, tras admitir su participación en los hechos. Ocurre días después de que se invalidaran diligencias como las declaraciones de tres víctimas.
Un séptimo procesado, un empleado de cabina de dos aerolíneas acusado de facilitar billetes «a menor coste» a la organización, ha visto cómo se retiraba la acusación en su contra y ha quedado absuelto.
Inicialmente, la Fiscalía reclamaba penas que oscilaban entre los cuatro y los 158 años de prisión para los procesados, por distintos delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de inmigrantes, prostitución coactiva y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, entre otros.
Sin embargo, este jueves ha accedido a aplicar las atenuantes de dilación indebida, reconocimiento de los hechos, y drogadicción en varios de ellos, según cada caso, y ha considerado que lo sucedido únicamente es constitutivo de delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de dos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Público, todos los procesados han visto rebajadas sus penas, que han quedado establecidas entre los cinco años y medio de prisión para el que tiene una imputación más grave, hasta una multa de 1.068 euros para el procesado por la más leve. Este último, un encargado de un alojamiento rural de Burgos, acusado de proporcionar «falsas reservas hoteleras» a la banda.
Además, tres de los encausados (dos hombres y una mujer) han permanecido en prisión provisional desde su detención hasta este jueves, situación en la que, según han informado a Efe fuentes del caso, han cumplido ya casi cuatro años.
El pacto suscrito por los procesados con la Fiscalía se ha producido después de que la pasada semana, en las sesiones previas al inicio formal del juicio, las defensas plantearan varios posibles motivos de nulidad de las actuaciones que no fueron admitidos por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde se ha celebrado la vista oral.
La sala sí entendió, no obstante, que la prórroga de la instrucción había tenido lugar fuera de plazo, por lo que invalidó varias de las pruebas que se habían practicado con posterioridad a este período, entre ellas las declaraciones de tres de las siete víctimas, que figuran como testigos protegidos en el caso.
Falta de pruebas
Ante este nuevo escenario, las defensas solicitaron la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas en su contra, pero el fiscal decidió el miércoles mantener la acusación completa contra los siete imputados.
Sin embargo, la situación ha dado giro inesperado este jueves, cuando todas las partes han negociado un acuerdo que finalmente mantendrá aún un tiempo en prisión a dos de ellos con las penas más graves, mientras que el tribunal ha accedido a suspender las penas de cárcel al resto con la condición de que cumplan ciertos requisitos, entre los que se encuentran abonar distintas compensaciones económicas a las víctimas y mantenerse alejados y no comunicarse con ellas.