LAB urge a una profunda reforma fiscal para reforzar el sistema público y afrontar nuevos retos

LAB reclama una reforma fiscal «urgente» e «integral» que dote de más recursos a las administraciones para atender los numerosos retos pendientes en materia de sanidad, educación, cuidados y transición ecológica.

LAB aboga por una profunda reforma fiscal con la que obtener los recursos necesarios para reforzar el sistema público de salud, crear un sistema público de cuidados, llevar a cabo el plan estratégico de la escuela pública y fomentar una transición ecológica. Según ha apuntado Endika Pérez, secretario de Acción Social, en una comparecencia ofrecida este lunes en Bilbo, la presión fiscal en Hego Euskal Herria se sitúa 7 puntos por debajo de la media europea gracias a las bonificaciones que obtienen las rentas de capital.

Con esa equiparación, ha destacado Pérez, el Ejecutivo de Lakua recaudaría 6.698 millones de euros más y el de Iruñea otros 2.296. Descontando las partidas destinadas a diputaciones, ayuntamientos y Cupo, dispondría de 4.600 millones más para reforzar y desarrollar los servicios públicos.

El responsable de Acción Social ha puesto el foco en los impuestos de Sociedades y de la Renta de las Personas Físicas para denunciar que desde 2007 las rentas de capital aportan cada vez menos como consecuencia de las deducciones, reducciones y descenso de las cargas, al contrario que las rentas de trabajo que siguen creciendo. Del Impuesto de Sociedades, por ejemplo, se ha pasado de recaudar en 2007 en torno a 2.500 millones de euros a 1.800 millones en 2022, a pesar de que los beneficios de las empresas han crecido.

Por si fuera poco, han denunciado desde LAB, mientras se mantiene la aportación de las rentas de capital en el IRPF en 415 millones de euros, las que provienen de los y las trabajadoras han pasado de 5.000 a 7.591 millones de euros. «Aumentan los beneficios de las empresas, se precariza el mundo laboral pero la aportación de los trabajadores y trabajadoras es la que mayor parte toma de las haciendas», ha añadido Endika Pérez.

«Estamos a la cola a nivel de Europa, solo superados por Letonia, en la recaudación en el Impuesto de Sociedades», ha lamentado.

Propuestas

El sindicato aboga por aplicar un recargo de entre el 1% y el 10% a las rentas de capital, así como la eliminación de las deducciones del Impuesto de Sociedades y tipo nominal del 35%. Además, propone el mismo tratamiento a las rentas de capital y a las de trabajo, aumentado el tipo máximo al 60%.

El coordinador general del sindicato, Igor Arroyo, ha insistido en que las políticas fiscales aplicadas en Hego Euskal Herria han limitado el alcance de los servicios y políticas públicas para favorecer a los empresarios y a las rentas altas. Ha recordado cómo en Gipuzkoa, el PNV echó atrás los «limitados cambios» introducidos por EH Bildu y en Nafarroa, los cambios habidos en las dos últimas legislaturas han sido «insuficientes».

«Salvo las limitadas excepciones citadas, la política fiscal defendida por la derecha ha sido y es la que prevalece. Si bien en Hego Euskal Herria se genera una gran riqueza en comparación con otros territorios, se destina un porcentaje demasiado pequeño a servicios y políticas públicas», ha lamentado.

También ha hecho mención a las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en el acto político del Alderdi Eguna, donde dijo que su partido apuesta por la «justicia social», el coordinador general de LAB le ha reclamado que promuevan con el resto de fuerzas políticas una reforma fiscal de calado y cambios en las políticas públicas.

En cuanto a las críticas de Ortuzar y Urkullu a las huelgas, les ha respondido que «son las carencias de los servicios públicos las que provocan gran malestar en las plantillas y en la población».

Arroyo ha saludado que las Juntas Generales de G¡puzkoa hayan aprobado, por unanimidad, la elaboración de un calendario de reforma del sistema tributario para finales de año, que defiende se extienda al resto de herrialdes. «La actual política fiscal está hipotecando hacer frente a los retos de pais», se ha quejado.

Soberanía fiscal

Arroyo también ha reflexionado sobre las competencias que ostenta Euskal Herria en torno a la política fiscal, subrayando que el hecho de tener que tomar las decisiones por unanimidad en la Comisión Mixta formada por los gobiernos de Gasteiz y Madrid deja en evidencia que existe un «derecho a veto» por parte del Estado.

El coordinador general de LAB ha reivindicado la necesidad de ostentar competencias en este sentido, además de expresar que la soberanía fiscal debe estar destinada a llevar a cabo políticas más justas y progresivas. «El PNV utiliza las competencias que ostentamos para ejercer presión fiscal sobre las personas trabajadoras y favorecer a la patronal, tal y como ha quedado constatado cuando se ha negado a aplicar el impuesto sobre la riqueza», ha enfatizado.

En opinión de Arroyo, las consecuencias de la actual política fiscal y presupuestaria son evidentes. «Tanto el personal como las y los usuarios están denunciando las carencias que existen en el sistema sanitario público, las trabajadoras de los servicios públicos acudirán a las huelgas, el movimiento feminista está reivindicando la constitución de un sistema público comunitario de cuidados, hay que dotar de dinero el plan estratégico para el desarrollo de la escuela pública, los y las pensionistas exigen garantizar una pensión mínima de 1.080 euros, hay que remodelar nuestras infraestructuras energéticas y nuestra industria», ha enumerado

LAB entiende que en Euskal Herria hay capacidad económica y humana para abordar estos retos, pero la mala gestión del PNV ha limitado la capacidad de iniciativa de las administraciones públicas. «Urge una profunda reforma fiscal que equipare a Hego Euskal Herria con los territorios más avanzados de Europa», ha insistido Igor Arroyo.