¿Convicción o prevención? Ministros de Interior de la era de la guerra sucia, contra Sánchez
Barrionuevo y Corcuera acudieron a escuchar las soflamas de González y Guerra. El segundo fue además el domingo a la protesta del PP contra la amnistía. Y otro exministro del Interior del PSOE, Belloch, también expresa su repulsa a Sánchez. Estos son algunos hilos conductores entre ellos.
Los intentos de sabotaje interno de la investidura de Pedro Sánchez han acabado aglutinando a todos los exministros del Interior de la era Felipe González (1982-1996), periodo en que la guerra sucia alcanzó sus mayores cotas con los GAL o la tortura. Tanto José Barrionuevo como José Luis Corcuera han participado en actos críticos en los últimos días y también Juan Alberto Belloch ha censurado la estrategia de Sánchez. Son tres de los cuatro titulares de Interior de aquella época; solo falta el cuarto, Antoni Asunción, que falleció en 2016.
Únicamente hay diferencias de grado en su implicación. Quien se sitúa a la cabeza de la campaña contra Sánchez es José Luis Corcuera, que ostentó la cartera policial entre 1988 y 1993, en la segunda y tercera legislatura de González. No solo acudió a escuchar su charla y la de Alfonso Guerra el pasado jueves, donde se criticó abiertamente al actual líder del PSOE, sino que también estuvo en la manifestación del PP en Madrid el pasado domingo contra la amnistía al «procés». En declaraciones a Europa Press, ha dicho que «estaré en tantas movilizaciones como se hagan». Corcuera en realidad lleva enfrentado a Sánchez desde el principio: se dio de baja del PSOE al día siguiente de su victoria en las primarias de 2017.
José Barrionuevo, que dirigió Interior desde la llegada de González al poder hasta 1988, acudió a la conferencia de González y Guerra, donde no tuvo problemas en posar para las cámaras (Corcuera pasó más desapercibido). Con ello quiso remarcar su rechazo a la amnistía al «procés», pese a que él mismo se benefició de medidas de gracia en su momento. El Gobierno del PP liderado por José María Aznar dictó un indulto fulminante para que él y Rafael Vera pudieran salir de la cárcel en 1998, tras haber sido condenados por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL. Gracias a ello solo pasaron tres meses en prisión. Desde entonces sus apologías más o menos veladas de la guerra sucia han sido una constante: sin ir más lejos, en noviembre del pasado año se autoinculpó del intento de secuestro del refugiado Joxe Mari Larretxea en Hendaia en 1983, sin que ningún juez diera un paso.
Precisamente acaban de cumplirse 25 años desde el día en que Vera y Barrionuevo fueron encarcelados en Guadalajara, con Felipe González acompañándoles hasta la puerta: queda claro que a su primer ministro de Interior no le faltan motivos de agradecimiento a González... ni al PP.
Juan Alberto Belloch también se sitúa en este frente contra Sánchez. Aunque no conste su participación en actos críticos, en el pasado mes de junio, en la precampaña estatal, ya cargó contra el líder del PSOE, calificándolo de «el peor presidente de España» porque para él «lo único importante es el poder».
En una entrevista a ‘Abc’, el que fue titular de Interior y Justicia en la recta final del Gobierno González alabó la «calidad democrática» que advierte en aquella época del dirigente sevillano. Una etapa en que por ejemplo se otorgó el fajín de general a Enrique Rodríguez Galindo pese a estar investigado judicialmente ya por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, por los que acabaría condenado a 75 años de cárcel. Aunque para Belloch, en declaraciones de hace solo nueve meses, «lo único que Galindo hacía mal» fue la tortura.
¿Motivos para parapetarse?
La unanimidad en la toma de posición de estos tres ministros puede entenderse como un mero alineamiento con la vieja guardia de González o como algo más: una maniobra preventiva. Y es que si Pedro Sánchez acaba reelegido, sobre la mesa volverán a estar la falta de reconocimiento oficial y la impunidad de la guerra sucia en Euskal Herria. Un terreno en el que el Gobierno de coalición estatal no ha dado más paso (la nueva Ley de Secretos Oficiales sigue en el limbo) que el reconocimiento como Lugar de Memoria del donostiarra Palacio de la Cumbre, donde fueron secuestrados y torturados Lasa y Zabala.
En ese acuerdo con EH Bildu se incluyó perseguir la vulneración de derechos humanos durante el posfranquismo hasta el año 1983, lo que entra ya de lleno en la era de Barrionuevo. 1983 es por ejemplo el año en que comenzaron los atentados de los GAL, que acabarían totalizando 27 víctimas mortales, la inmensa mayoría sin condenas: Larretxea, sin ir más lejos. Sin olvidar la realidad sostenida en el tiempo de la tortura; en esta fase marcó uno de sus puntos más altos, con 84 casos en 1983 o 76 en 1984 reconocidos en el informe oficial encargado por Lakua, al que se añadió luego el de Nafarroa.
En los años en que Corcuera fue ministro, la práctica de la tortura descendió un tanto (12 casos en 1990 según ese mismo estudio), pero se produjeron también varios casos de muertes sospechosas impunes, como el de la militante de ETA Lutxi Urigoitia a manos de la Guardia Civil (1987), en el que la investigación judicial alcanzó al ministro en el momento inicial. Y sobre Corcuera recae sobre todo la sombra de las cartas-bomba enviadas a miembros de HB en este tiempo, y que costaron la vida al cartero José Antonio Cardosa en Errenteria. Fue precisamente su sucesor en el Ministerio, Antoni Asunción, quien las situó como terrorismo de Estado, una versión confirmada después por la biografía del exjefe de Cesid Emilio Alonso Manglano.
En cuanto a la etapa de Belloch, ministro de Interior entre mayo de 1994 y el mismo año de 1996, además del asunto del ascenso de Galindo sobresale el incremento de nuevo de casos de tortura, que repuntaron hasta 28 en 1995.