Un estudio desvela que hubo más de 37.000 presos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de 1936 a 1945
Los resultados preliminares de una investigación sobre las cárceles en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa apuntan a que más de 37.000 personas fueron recluidas en las prisiones franquistas de 1936 a 1945. Además, se han hallado más de 2.700 procesos del Tribunal de Orden Público (TOP) de 1963 a 1977.
Más de 37.000 personas fueron encarceladas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en los primeros compases del franquismo, de 1936 a 1945, según el proyecto de investigación que coordina el doctor en Historia Contemporánea de la UPV-EHU Jon Penche, de las que 5.100 eran mujeres. Según los primeros datos corroborados, 2.314 personas fallecieron en prisión, aunque pudieran ser más.
Son los primeros retazos del estudio que desvela que 500 de las 37.000 personas prisioneras eran vecinas de alguna localidad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, siendo el resto de otros territorios, algo comprensible viendo el periodo histórico analizado, los años de la guerra provocada por el golpe de Estado fascista, con la sucesiva caída de localidades bajo el control de las tropas a las órdenes de Franco y la represión desatada contra quienes defendieron la legalidad republicana.
Cuando la investigación se dé por concluida, además de hacer públicas las conclusiones, la base de datos con las fichas de las personas encarceladas se pondrá a disposición de familiares e investigadores para su consulta.
Es uno de los proyectos que promueve el Instituto de la Memoria Gogora, cuyo Consejo de Dirección se ha reunido este martes a la tarde en Bilbo. La investigación sobre el sistema de prisiones del franquismo entre 1936 y 1945 se inserta en el ‘Informe-base de vulneraciones de Derechos Humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo (1936-1978)’ en el que trabajan.
Para dotar de herramientas a los investigadores, Gogora va a firmar un convenio con el Ministerio de Cultura español para acceder y digitalizar la documentación del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, que se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca. La autorización supone, de hecho, la aplicación de la disposición transitoria segunda –recuperación de fondos documentales– de la Ley de Memoria Histórica y Democrática aprobada el pasado jueves en la Cámara de Gasteiz.
Sesenta años de la creación del TOP
La creación del TOP, el 2 de diciembre de 1963, tras el fusilamiento de Julián Grimau, fue un intento de «blanquear» la imagen exterior del régimen en un momento en que Franco había presentado la candidatura del Estado español a ingresar en la Comunidad Económica Europea. Algunos de los delitos juzgados hasta entonces por cortes militares pasaron a ser competencia de este tribunal especial, que dio paso el 4 de enero de 1977 a la Audiencia Nacional.
En una primera aproximación, se sabe que se conservan en los archivos de Salamanca más de 2.700 procesos del TOP contra personas que residían por entonces en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aunque los historiadores persiguen hallar los sumarios de personas naturales de alguno de estos tres territorios históricos, ya que consideran que son más los procesados por el tribunal especial de origen vasco.
Este estudio, en opinión de Gogora, supondrá una «importante contribución al esclarecimiento de la verdad del tardo-franquismo e inicios de la transición», ya que considera que permitirá conocer buena parte de las dimensiones y características de la represión padecida durante este periodo histórico.
Además, para el Instituto de la Memoria, poder acceder a esta documentación resulta «clave» para recuperar la historia de los movimientos sociales, dinámicas políticas y culturales de oposición a la dictadura.
El Consejo de Dirección de Gogora ha aprobado también el anteproyecto de presupuesto para 2024, que asciende a 6.764.884 euros. La partida más cuantiosa es la dedicada al futuro espacio expositivo, actualmente en fase de resolución de la licitación de las obras de construcción.
En el órgano de dirección de Instituto, además del Ejecutivo de Lakua, están representados los grupos parlamentarios de la Cámara de Gasteiz, las tres diputaciones, Eudel y tres personas designadas por el Parlamento: Paco Etxeberria, médico forense y experto en la materia; María Jauregi, hija de Juan Maria Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa muerto en atentado de ETA en 2000, y Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE de Lasarte a quien ETA mató en 2001.