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Camino a la investidura, PSOE y Sumar siguen en la etapa de «documentos tachados»

Vivienda, SMI y derechos laborales son el menú del conflicto entre PSOE y Sumar y quedan solo dos semanas de negociación. Es la «excusa Junts-PNV» que esgrime Ferraz y Puigdemont niega. Optimismo por las noticias alentadoras desde Waterloo.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en su reunión del 4 de octubre. (Carlos Luján | Europa Press)

«Ellos siempre hacen eso, juegan con el último minuto y la presión del tiempo», relata a NAIZ uno de los negociadores principales de Sumar, preguntados por el devenir de las charlas con su contraparte socialista. Tensar la cuerda hasta el final y estresar las mentes de los operadores que negocian es marca registrada de Pedro Sánchez y los de Yolanda Díaz lo saben. Al fin y al cabo, todos vienen de Unidas Podemos, coalición que debió negociar dos acuerdos de gobierno (uno fallido en 2019 y otro que prosperó en 2020).

Este viernes ha concluido la ronda de conversaciones de Sánchez con todos los grupos parlamentarios (a excepción de Vox). Terminó el viernes con el hito histórico del encuentro privado de un presidente en funciones con los portavoces de la izquierda independentista Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta (EH Bildu). Minutos después se vio con Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, culminando así una semana que había empezado con Díaz y Alberto Núñez Feijóo.

«Desde este momento, una vez escuchados los grupos parlamentarios, la comisión negociadora del PSOE mantendrá reuniones de trabajo de con sus homólogos en el resto de los grupos, en las que se intensificará el ritmo negociador y de concreción en las propuestas. Estas reuniones se mantendrán en el ámbito de la discreción», ha dicho Ferraz a través de un comunicado. Anuncia que el lunes tendrá la comisión un cónclave en el que se repartirán tareas e interlocutores.

Una curiosidad: en el comunicado se informa del equipo formal de negociadores políticos (los técnicos son varios más). A los tres principales, María Jesús Montero, Santos Cerdán (número 2 y 3 del PSOE) y Félix Bolaños, se suman Pilar Alegría y, como siempre, Sánchez indica sus predilecciones futuras (electorales o ministeriales) con gestos. El probable candidato a presidente de la Xunta, José Gómez Basteiro, también ha sido designado, como el lenguaraz diputado de Valladolid Oscar Puente (elegido como ariete contra Feijóo en su investidura fallida). Y rescata a la exportavoz del socialismo madrileño Hana Jalloul.

Sin avances

«Nos devuelven todos los documentos tachados y hasta ahora no hay pieza de cambio. A casi todo han dicho que no», explica un alto cargo de Sumar a NAIZ, pero sin irritación. Hay una especie de resignación ante la estrategia del PSOE y saben que no hay mucho margen: habrá que pactar y se dieron tiempo hasta el el primer día de noviembre (al menos este fue el pacto de palabra entre Sánchez y Díaz cuando se reunieron el lunes pasado).

«A casi todo han dicho que no», explica un alto cargo de Sumar sobre el PSOE, pero sin irritación; saben que no hay mucho margen

 

Los ejes del conflicto siguen siendo (porque lo son desde hace un mes y no hubo avances en esta semana previa al festivo del 12 de octubre) las propuestas de Sumar en materia laboral, tanto de duración de la jornada semanal de trabajo como de endurecimiento de las facilidades para despedir trabajadores, también en materia de salario mínimo interprofesional y en vivienda.

Aquí aparece la figura siempre polémica para el progresismo de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Según fuentes conocedoras de la negociación, ella oficia del rol de «policía malo» en tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace de «policía bueno». Pero eso no cuaja: en Sumar (que no son otra cosa que exmiembros de Unidas Podemos) conocen de sobra a sus interlocutores y saben que aquí todo es el PSOE, y no hay operadores que no respondan a los pedidos literales de Sánchez.

Custodia del libre mercado y de la imagen económica internacional del Estado español, además de ser referente en Bruselas, Calviño tiene en su currículum antológicos enfrentamientos con Pablo Iglesias, especialmente aquellos en los que se discutía en escudo social por la pandemia.

Lo que sí sorprende es que desde el PSOE no estén ofreciendo una pieza de cambio. «Se resisten a incorporar no solo estos elementos sino muchos otros y no hay una oferta de ‘a cambio de’. La posición es intransigente en cuanto a aceptar grandes reformas y también en lo que hace a las prestaciones del Estado de Bienestar, como permisos de conciliación», explican.

Si por un lado el PSOE quiere un acuerdo descafeinado y global, Sumar insiste en ir «punto por punto» hasta tener un pacto de legislatura. «Ellos quieren flexibilidad ante la incertidumbre», señalan en referencia a las restricciones que ya tendrá Sánchez negociando con Junts y ERC con la presión estructural del conflicto territorial.

Pero los de Díaz están en una situación incómoda porque durante la campaña prometieron ser los adalides de la «política útil» y generar transformaciones tangibles en lo laboral y económico. Algunos de los diputados del grupo murmuran por lo bajo que si no se exhibe al electorado algún triunfo de haber empujado al PSOE a la izquierda la gente se va a preguntar para qué votarlos. La última encuesta del CIS parece darles la razón a estas voces.

En Sumar ven casi imposible reducir la jornada laboral e inciden en el SMI y hacer más difícil el despido. El PSOE usa la carta de Junts y PNV para ir a mínimos en estas cuestiones

«Todo va a llegar, no daremos un cheque en blanco», advierten los negociadores «yolanders», que quieren llevar el SMI a 1.500 euros en esta legislatura y hacer más difícil el despido para casos injustificados. Por lo bajo las fuentes admiten que hay algo que será casi imposible: reducir la jornada laboral. Eso sí enervaría los ánimos de la CEOE y el PSOE no está por la labor. Aunque prometen insistir y saben que, aun estando en el pacto de gobierno, llevarlo al hemiciclo y votarlo será una misión difícil.

Los negociadores del PSOE vienen utilizando la carta de Junts y PNV para ir a mínimos. Dicen que en esta legislatura ambos partidos serán muy necesarios y que no hay aritmética parlamentaria sin ellos, por lo que habrá que tener medidas más conservadoras.

Sin embargo, el propio Carles Puigdemont le dijo a Díaz en Bruselas que eso no es verdad y les autorizó a decir públicamente que Junts «no será un freno a avances sociales», según dicen desde Sumar. Es cierto que en cuanto a, por ejemplo, la ley de vivienda, Junts parece más progresista que el PSOE.

La investidura, más cerca

Fuentes de la cúpula de Junts han confirmado a NAIZ que en los últimos días se han destrabado algunas cuestiones relativas a la amnistía en la negociación con el PSOE y se han acercado posiciones. Desde el entorno de Puigdemont se permiten más optimistas aunque nadie cuestiona que todavía quedan, como mínimo, tres semanas de negociaciones.

Si bien el PSOE había intentado en un primer momento que la amnistía fuera acotada a muy pocos días en torno a octubre de 2017, desde Junts descartan ya de plano eso y aseguran que no está sobre la mesa. La idea es que sea amplia en tiempo y sujetos de perdón, por decirlo de alguna forma. Esto incluye a bomberos (muchos todavía están con expedientes abiertos por haber intercedido entre la Policía Nacional y los votantes el día del referéndum), docentes y activistas, además de los políticos. Las cifras que ellos controlan están basadas en el recuento de Òmnium Cultural: son casi 4.000.

Otro de los elementos que provocaban fricción era que Junts no veía con buenos ojos la amnistía a efectivos policiales pero finalmente ha aceptado esto también por una cuestión legal, además de política: para que la amnistía pase el trámite exitosamente en el Tribunal Constitucional (será recurrida por las derechas, sin duda), ven necesario los asesores jurídicos que incluya a ambos bandos. «Siempre ha sido así, en todos los antecedentes históricos», explican.

Fuentes que conocen la negociación de primera mano aseguran que el PSOE está más preocupado por la comunicación del acuerdo y sus efectos que por el contenido en sí.  Y también ven como un escollo que están atrapados en la dinámica de «ganadores y perdedores». Pero en Junts no se impacientan porque no sólo dan por descontado que en una repetición electoral ellos mejorarían en escaños (dicen que sus datos les indican una subida de hasta tres escaños) sino que la lógica es implacable: «En enero el precio de nuestros votos sería más alto que el de ahora».

La semana de conversaciones en el Congreso y fuentes consultadas de varias de las formaciones políticas involucradas en este complejo proceso dan la impresión de tener un moderado optimismo de cara a la investidura de un gobierno de Sánchez. También todos coinciden en que lo más difícil es lo que resta negociar.