Siete años y un abismo entre Altsasu y los militares de Iruñea

El pasado 14 de octubre, el altsasuarra Iñaki Abad recordaba que esa noche se cumplirían siete años desde que «arrancó una maquinaria para crear un montaje que nos abrió los ojos». El día 17, tres militares y una cuarta persona fueron detenidas por la Policía Foral en Iruñea por una paliza a un joven a las puertas de una discoteca del centro de la capital navarra.

Dos incidentes nocturnos, en espacios festivos, con civiles y militares implicados, pero con un abismo tanto en los propios hechos como en su tratamiento judicial, policial, político y mediático, culminado con la libertad condicional decretada ayer por el Juzgado de Instrucción número 4 de Iruñea.

Los tiempos y los delitos

La agresión de los militares al joven en las inmediaciones de la sala Zentral se produjo en la madrugada del pasado 29 de septiembre. Sin embargo, y a pesar de que el vídeo corrió como la pólvora a través de Whatsapp desde el primer día, las detenciones no se produjeron hasta este martes, casi tres semanas después, bajo la acusación de «delito de lesiones».

En ese espacio de tiempo, en Altsasu ya habían visto de todo. La misma noche de los hechos la Policía Foral detuvo a Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin (que después vería su caso sobreseído), acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas. Les imputaban delitos de «lesiones» y «atentado a la autoridad».

Al día siguiente ya había aparecido en escena Covite, mostrando su intención de personarse en la causa para solicitar «penas por odio en conexión con un delito de terrorismo». Un movimiento que cambiaría el curso de los acontecimientos. En menos de 48 horas, la Guardia Civil le había arrebatado el caso a la Policía Foral y terminó una diligencia para la jueza que incluía un informe de 13 páginas sobre la reivindicación «Alde Hemendik!» con el objeto de añadir el citado «delito de odio».

Los juzgados

Covite, además, eligió juzgado. El procedimiento judicial lógico estaba en marcha en los juzgados de Iruñea, al igual que en el caso de los militares. Sin embargo, el colectivo de víctimas, en lugar de presentar la denuncia ante la juez que ya llevaba el caso y que esta lo trasladara a la Audiencia Nacional en caso de ver indicios de «terrorismo», decidió hacerlo directamente ante la jueza Carmen Lamela, que optó por iniciar su propia investigación.

El 8 de noviembre, la jueza navarra Mari Paz Benito, sin esperar a una solicitud oficial por parte de la Audiencia Nacional, se inhibió del caso. Para entonces, varios jóvenes de Altsasu identificados en el atestado ya se habían presentado de forma voluntaria en los juzgados, sin conseguir que Benito les tomase declaración. En el caso de Iruñea, el caso ha sido derivado al Juzgado de Guardia.

Los políticos

En época de relato y condena, las prisas suelen jugar una mala pasada. Políticos de espectro muy diverso corrieron en 2016 a denunciar la «brutal agresión» a los guardias civiles. Desde formaciones como Podemos y Geroa Bai, que luego modularían su discurso para centrarlo en denunciar la excepcionalidad del caso (participando incluso en las masivas movilizaciones), hasta formaciones como PP y PSOE (a excepción de los concejales de Altsasu) que mantuvieron posturas más beligerantes.

La entonces lehendakari Uxue Barkos y el consejero de Sanidad Fernando Domínguez acudieron al hospital a visitar al teniente, dando a los hechos el mayor grado de importancia, manifestando Barkos su «más rotunda condena». También el entonces presidente español, Mariano Rajoy, marcaría línea al señalar que «no habrá impunidad».

A día de hoy, no existe ninguna declaración oficial sobre lo sucedido en Iruñea. Ningún mandatario se ha pronunciado sobre la brutal paliza del pasado día 29. Tan solo EH Bildu ha avanzado que preguntará acerca del caso al Gobierno español.

Las operaciones policiales y los medios

Como se ha señalado, la agresión de los militares a un joven tuvo lugar el 29 de septiembre. Han pasado tres semanas hasta que se produjo la citación de los tres militares y la cuarta persona para acudir a la comisaría de Beloso de la Policía Foral por propia voluntad. Tras tres horas de declaración, el juez impuso a los cuatro la obligación de comparecer semanalmente y una orden de alejamiento de la víctima.

En Altsasu, tras unas semanas en las que la ruleta de nombres no dejó de girar, la incertidumbre la resolvió el diario ‘El Mundo’ el 10 de noviembre de 2016, haciendo público el auto de Lamela y los nombres y apellidos de 12 jóvenes. El día 14, Altsasu amaneció tomada por la Guardia Civil y, de nuevo, ‘El Mundo’ ya avanzaba que los detenidos eran nueve. Finalmente serían ocho, ya que Adur Ramirez de Alda consiguió esquivar el arresto al no contar el Instituto Armado con una orden para entrar en su casa. Una redada mediática en toda regla, con detenciones, además de Altsasu, en Agurain, Gasteiz y Madrid. A pesar de que todos ellos habían mostrado su intención de declarar voluntariamente.

Y es que Altsasu se había convertido en un plató de televisión desde el primer día. A las pocas horas del suceso decenas de cámaras se agolpaban frente al bar Koxka, dando por buena la versión de la Delegación del Gobierno español que hablaba de una «brutal agresión organizada» contra los agentes. Como ejemplo, la conexión en directo del informativo nocturno de La Sexta, en el que la presentadora y la periodista a pie de calle, en apenas un minuto, hablaron sin rigor de 40, 50 y 100 agresores, identificándolos a todos y sin duda como «próximos a la izquierda abertzale». En la capital navarra, tan solo ETB se acercó hasta la plaza de los Burgos para informar sobre lo sucedido.

Los píxeles y las camisas

Como se indica más arriba, el vídeo de la agresión en el centro de Iruñea corre por whatsapp desde la misma noche en la que se produjo. En estas imágenes se puede identificar a los cuatro agresores. A su llegada a los medios, el vídeo, en buena lógica, se publicó con las caras de los implicados pixeladas.

En el caso de Altsasu, además de los nombres, medios como Antena 3, ‘La Razón’ o ‘El Español’ no dudaron en publicar las caras de los ocho altsasuarras que a la postre serían juzgados y condenados.

Asimismo, en el único vídeo que ha trascendido de lo sucedido en la localidad de Sakana, grabado por Abad una vez finalizada la trifulca y cuando la Policía Foral ya había hecho acto de presencia, se observa al sargento de la Guardia Civil con una camisa blanca impoluta. Un blanco que en la acusación y posterior sentencia estaría «repleto de sangre y marcas de botas». Las duras imágenes de lo sucedido en Iruñea, por contra, sí que muestran el resultado de «una brutal paliza» en una camisa blanca.

Las sentencias

La Audiencia Nacional condenó a los procesados de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años de prisión, las penas máximas por delitos de «atentado» a los agentes de la autoridad, «lesiones, desórdenes públicos y amenazas». Posteriormente, el Tribunal Supremo español emitió una sentencia que establecía una ligera rebaja al no aplicar la agravante de «discriminación» ni la de «abuso de superioridad», pero manteniendo penas de entre 1 año y 6 meses de prisión y 9 años y 6 meses.

Está por ver el recorrido judicial que sigue el caso iruindarra.