Un CGPJ trampeado lleva a la UE el acuerdo de amnistía: «Ataque al Estado de Derecho»

La mayoría del PP en el Consejo General del Poder Judicial (trampeada hace años por el bloqueo a su renovación) ha elevado a Bruselas los acuerdos de investidura en marcha, calificándolos como «graves episodios de ataque al Estado de Derecho». La UE ya hizo una petición de explicaciones «rutinaria».

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha puesto en conocimiento de la UE «los graves episodios de ataque al Estado de Derecho» en el Estado español tras los acuerdos alcanzados por el PSOE con ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno, remitiendo a las autoridades comunitarias las dos declaraciones adoptadas en este sentido por el órgano de gobierno de los jueces.

Cabe recordar que el PP tiene mayoría en este órgano tras negarse a su renovación en los últimos cinco años, una situación que curiosamente ha sido señalada por la Unión Europea repetidamente aunque sin tomar medidas ni forzar una solución [análisis de Iker Bizkarguenaga, ‘La Justicia española tiene la balanza inclinada a su derecha’].

Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, el Consejo ha remitido ambos textos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a la vicepresidenta del Gobierno comunitario, Vera Jourova; al comisario de Justicia, Didier Reynders; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; así como a la presidenta de la Red Europea de Consejos de Justicia.

En la misiva dirigida a la Red Judicial de Consejos de Justicia, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, se califican los acuerdos como «graves episodios de ataque al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a la independencia judicial que se están viviendo en España».

«Con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España, el actual presidente del Gobierno en funciones ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción», dice.

El CGPJ alerta de que «el pacto incluye la posibilidad de investigaciones contra jueces que serían llevadas a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes».

«En opinión del CGPJ, dichos pactos, tanto por su finalidad como por su contenido, suponen la abolición del Estado de Derecho en España y un ataque a la independencia judicial y a la división de poderes», traslada.

Como soporte documental, le remite la declaración institucional adoptada el pasado lunes por el Pleno del CGPJ –con nueve votos a favor del llamado sector conservador, cinco en contra del ala progresista y el voto en blanco del presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte– donde se advierte de que la aprobación de una ley de amnistía supondrá la «abolición» del Estado de Derecho en España

Envía también el aprobado el jueves en una sesión extraordinaria por la Comisión Permanente, que cuenta con el respaldo de doce vocales tanto conservadores como progresistas y un voto en contra de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, donde el órgano expresa su «frontal oposición» a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipa que actuará por «los cauces legalmente establecidos». Es una de las cuestiones incluidas en el acuerdo PSOE-Junts, aunque aún a falta de más definición.

El CGPJ pide a la presidenta de la Comisión Europea que ponga esta comunicación y los documentos adjuntos «a disposición de los demás miembros y observadores de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, con la petición añadida de que la difundan en sus propios poderes judiciales».

Petición de explicaciones «habitual»

Esta apelación del ala derecha de la Judicatura española viene precedida por una extraña interpelación desde Bruselas al Gobierno español para que aclarase los acuerdos, antes incluso de su presentación este jueves.

El portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, explicó en rueda de prensa que un elevado número de ciudadanos ha trasladado a la institución sus «serias preocupaciones» en relación con la adopción de la ley de amnistía y que eso ha motivado que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, reclamase este miércoles por carta al Gobierno información sobre el «alcance» de la ley de amnistía, cuyo contenido exacto aún no se conoce.

Reynders trasladó la petición en una misiva dirigida al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, donde exigía «información más detallada» acerca del «alcance personal, material y temporal» de esta norma.

Por su lado, el portavoz de la cartera ha apuntado en que en casos en los que la Comisión recibe un gran número de quejas ciudadanas es «habitual» que el Ejecutivo comunitario se ponga en contacto o pida explicaciones al estado miembro en cuestión, incluso en relación a textos legislativos que aún no han sido aprobados o tramitados, como ya ocurrió en otros países de la UE como Bulgaria, Croacia, Hungría, Polonia o Rumanía, entre otros.

«La Comisión envía cartas a los estados miembro sobre los temas más diversos todos los días», ha recalcado, al tiempo que ha destacado la «excelente cooperación» entre Bruselas y el Gobierno español.