1.158 euros al mes, nuevo umbral de la pobreza económica en el Estado francés
El Instituto de Estadística francés ha hecho público un informe, basado en datos de 2021, en el que constata un aumento de las desigualdades sociales a raíz de la pandemia causada por el covid. De acuerdo al cálculo actualizado del Insee, el umbral de pobreza económica se fija en 1.158 euros al mes.
¿Qué nivel de ingresos convierten a una persona oficialmente en pobre en el Estado francés?
El Instituto de Estadística francés, Insee, ha actualizado, en base a los datos de 2021, el nuevo nivel de pobreza financiera en el Estado francés y, por tanto, en Ipar Euskal Herria.
De acuerdo a ese informe del Insee, ese umbral de pobreza monetaria se estima en 1.158 euros al mes para una persona que vive sola y en 1.737 euros mensuales para una pareja.
La estimación se corresponde con el 60% del salario medio en el Estado francés, que se situaba en 2.524 euros en 2021.
En 2021, 9,1 millones de personas (14,5%) se encontraban en situación de pobreza en el Hexágono, lo que implica una subida de un punto con respecto al año precedente.
De esas persona, la mitad sobrevivía con menos de 924 euros al mes, de acuerdo al informe.
Supresión de ayudas excepcionales
La pobreza afecta a un 35% de las personas que se encuentran en situación de desempleo, al 25,6% de las familias con más de tres hijos a su cargo y al 10,9% de las personas jubiladas.
En 2021, el nivel de vida del 20% de los hogares con ingresos más modestos bajó en un 2%. Esa caída no fue accidental sino que coincidió con la supresión de las ayuda excepcionales otorgadas por el Estado.
La pandemia no tuvo el mismo efecto, en términos económicos, para las personas con rentas más altas en el Estado francés, que vieron subir en un 1,8% sus ingresos.
Aunque la salida de la pandemia, en base a planes de relanzamiento económico avalados por fondos públicos, ha permitido mejorar la situación de la mayoría de las personas, ese despegue no se ha producido en el caso de los hogares más modestos, precisa a la agencia AFP Jean-Luc Tavernier, director general del Insee.
«Los datos de 2022 serán todavía peores»
«La situación es preocupante y las cifras de 2022 podrían ser todavía peores», alerta Noam Leandri, presidente del colectivo Alerte, que reúne a 34 asociaciones que trabajan para erradicar la pobreza en el Estado francés.
Organismos como Restos du Coeur, Banque Alimentaire, Secours Populaire o Cáritas ya lanzaron hace meses la voz de alarma sobre «el agotamiento de modelo» en lo que se refiere a la asistencia social.
Y es que inflación se ha traducido en una bajada muy considerable de los recursos de los que disponen esas asociaciones para cubrir las necesidades básicas de las personas que dependen de su ayuda para subsistir.
Las promesas del Gobierno francés de compensar con subvenciones especiales y un refuerzo de los programas alimentarios esta crisis puede traer un alivio provisional, pero no responden al problema de fondo que no es otro que la creciente desigualdad social.
Desayunos gratuitos, prima para compensar los salarios más bajos, nuevas plazas en albergues de urgencia... el plan del Ejecutivo incluye medidas que, con ser positivas «son netamente insuficientes», alertan igualmente desde las delegaciones en Euskal Herria de esas asociaciones caritativas.
«Más allá de los contornos de esa pobreza múltiple y compleja que caracteriza la exclusión en el presente, el fuerte aumento de la inflación, con aumentos de precios de los alimentos del 6,8% en 2022 y de la energía en un 23,1%, ha acarreado un neto empeoramiento de la pobreza en todos los casos», analiza Secours Catholique, que en su último informe hace referencia al «rostro femenino» de la pobreza.
La asociación destaca que, entre sus beneficiarios hay un 75% de familias monoparentales, encabezadas en la mayoría de los casos por una mujer. Las mujeres representan ya el 57,5% de las personas con las que trabaja la asociación, cuando en 1989 suponían el 51%.
Jóvenes y migrantes, dos eslabones débiles
A corto plazo, las asociaciones coinciden al reclamar un aumento de 200 euros de la «prima navideña» para todos los hogares beneficiarios de ayudas sociales y un adelanto al 1 de enero de 2024 de la revalorización de las rentas y ayudas básicas que se actualizan de acuerdo con la inflación cada 1 de abril.
Apuntan a la necesidad de amparar a los más jóvenes, permitiendo acceder al RSA a partir de los 18 años. Actualmente esa renta social básica solo se puede solicitar a partir de los 25.
En 2023 las personas que viviendo solas cumplen las condiciones para percibir el RSA reciben 607 euros cada vez mientras que ese montante, que depende de ingresos y número de personas que integran la unidad familiar, asciende a 911,62 para las parejas.
Cabe destacar que en el Estado francés el 20% de los estudiantes viven con ingresos que les sitúan por debajo del umbral de pobreza.
El aumento de los precios de los alquileres, de los transportes, pero también de la factura energética y de los productos alimentarios esenciales ha agravado su situación hasta el punto de convertir a muchos universitarios en usuarios habituales de los servicios de distribución de alimentos o «colas del hambre» sobretodo en las grandes urbes.
La demanda de un ingreso universal es evocada sistemáticamente por asociaciones de estudiantes, que cuentan con el respaldo incluso de algunos directores de universidades, pero de momento el Gobierno no ha apoyado esa reivindicación, contentándose con apoyar programas concretos como el referido a la pobreza menstrual.
Finalmente, las asociaciones que actúan contra la precariedad social hacen referencia a la regularización de migrantes «sin papeles», contra la que se ha pronunciado el Senado francés , que el 14 de noviembre aprobó una versión que excede de la de por sí restrictiva propuesta sobre migración defendida por el ministro de Interior, Gérald Darmanin.
«Rechazando la regularización de las personas extranjeras, a las que se impide trabajar, se condena a estas personas a la miseria», denuncia Noam Leandri, que no oculta su inquietud por otra de las medidas adoptada por la mayoría de centro-derecha del Senado como es la supresión de la ayuda médica estatal (AME) para las personas «sin papeles».