Stop Desahucios exige en Donostia renovar los contratos protegidos de 18 familias precarizadas

Stop Desahucios ha comparecido en Donostia junto a Stop Desahucios, Alokairu y los y las inquilinas de las VPO de Errenteria para denunciar «el bloqueo» en las negociaciones para renovar los contratos de alquiler protegidos a 18 familias en situación precaria.

Las inquilinas e inquilinos de las VPO de Errenteria, Stop Desahucios y Alokairu se han concentrado hoy en Donostia para denunciar «el bloqueo por parte del arrendador Jauregizar» de las negociaciones con el Gobierno de Lakua y el Ayuntamiento de Errenteria para renovar los contratos protegidos a 18 familias en situación precaria. Los contratos anteriores llevan finalizados desde mayo de 2022.

Han exigido «la firma inmediata» de la renovación de dichos contratos por diez años con rentas «asequibles» que pongan fin a «esta situación de angustia» que denuncian que se viene prolongando por más de año y medio con la amenaza del desalojo, dado que que no pueden acceder al alquiler privado porque el precio medio en Errenteria, que han explicado que es un municipio tensionado por los abusivos precios del alquiler, ronda los 1.000 euros y tampoco pueden optar a un préstamo hipotecario.

Han asegurado que el pretexto que expone Jauregizar es «que quiere obtener una mayor rentabilidad del 4% ofrecido por cada una de las viviendas», que consiste en la ayuda de 12.000 euros que ofrece el Gobierno de Lakua contemplada en la Orden 6319 de 7/12/2021 de la Consejeria de Vivienda, complementada por la ayuda que ofrece el Ayuntamiento hasta alcanzar el 4% de beneficio sobre la renta de alquiler que se fija en función de los ingresos de cada inquilino o inquilina.

En este sentido, han denunciado que la empresa se acogió, al firmar el convenio con el Gobierno de Lakua en abril de 2007, a «una subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas más los anexos».

Han subrayado también, que durante esos 15 años de protección, han ingresado las rentas en función de los ingresos de los 40 vecinos, quienes han venido pagando el IBI y los gastos de Comunidad. Además, han asegurado que el arrendador ha obtenido liquidez vendiendo a 16 vecinos las viviendas por más de 150.000 euros, lo que han calificado de «especulación».

Han instado a la Consejeria y al Ayuntamiento a que hagan «un ultimo esfuerzo» y presionen «por todos los medios a su alcance» al arrendador para que firme la renovación de los contratos protegidos.