Emergencia por sequía: Catalunya en situación límite

Tras dos años con escasez de lluvias, la población catalana afronta ahora severas restricciones de agua. Un escenario ante el que las entidades ecologistas exigen un cambio del sistema productivo destinado a atajar el nivel insostenible de consumo que producen la agroindustria y el sector turístico.

El pantano de Sau es uno de los iconos de Catalunya. Junto al de Susqueda y el de Pasteral, forma parte de los tres embalses que regulan el río Ter para abastecer de agua a todo el área metropolitana de Barcelona, de Girona y la Costa Brava. Cada fin de semana recibe a centenares de visitantes, atraídos por el paisaje que lo envuelve y la punta del campanario de la antigua iglesia románica del siglo XI, bajo el cual queda sumergido el pueblo de Sant Romà de Sau.

El pantano de Sau es seguramente el termómetro más plausible de la emergencia climática que padece Catalunya, donde frente a la sequía más prolongada en su duración (36 meses) e intensa (lluvias por debajo de lo previsto), la Generalitat ha decretado restricciones en el consumo de agua. Entre las principales medidas, destaca que 202 municipios de la cuenca Ter-Llobregat, donde viven 6 millones de habitantes, disminuyan la dotación máxima de 230 a 210 litros por persona y día, a la vez que reduzcan el riego para las actividades deportivas federadas. 

Otras medidas previstas, ya vigentes desde verano, son limitar el riego de árboles de ocho de la tarde a ocho de la mañana, prohibir limpiar vehículos fuera de los establecimientos destinados a esta actividad y evitar llenar fuentes ornamentales o piscinas privadas.

Con estas decisiones, el Ejecutivo catalán espera que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de ahorrar agua, de ahí la campaña que, bajo el lema ‘L’aigua no cau del cel’ (‘El agua no cae del cielo’), insta a todos los sectores de la sociedad a «ser corresponsables». Entre los consejos dirigidos a la ciudadanía también se incluye el de cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes, tener recipientes para el agua que se pierde cuando se limpian verduras y frutas y regar el mínimo posible. Con ello, se calcula que se ahorraría el equivalente a unos 10.000 litros por persona y año.

En general, estas medidas, coordinadas por la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) y que contemplan la posibilidad de llevar agua a Barcelona desde los puertos de Tarragona, Palma o Marsella, han sido celebradas por buena parte de los partidos e instituciones. No así por Ecologistas en Acció y otros grupos ambientalistas, para los que «la sequía que sufrimos no es causada solo por la falta de lluvias, sino por la mala gestión en los recursos hídricos, pues no se ha reducido el consumo que hacen los grandes poderes económicos, como son la ganadería, la industria agroalimentaria y el turismo».

Respecto a este último sector, un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) estima que el consumo de agua de un turista suele triplicar el de un vecino, y más si se aloja en un establecimiento con amplios baños y piscinas.

Un derecho empantanado

Ecologistas en Acción figura entre las entidades que participaron en la II Cumbre Social por la Sequía, celebrada en Amposta el pasado 30 de septiembre, de la que surgieron una serie de propuestas dirigidas a «preservar el agua como un bien y un derecho fundamental». Pese a valorar positivamente las moratorias aprobadas por el Gobierno catalán, que han frenado las licencias para actividades económicas con un gasto elevado de agua, las entidades suscribieron un manifiesto en el que advierten que «estas medidas no tienen un carácter estructural teniendo en cuenta la carencia de recursos hídricos que hay en el país».

En línea con los informes del Síndic de Greuges y otros organismos independientes, los participantes en la cumbre de Amposta exigen que se reduzca el número de turistas que llegan cada año a Catalunya, se disminuya el impacto de la industria ganadera intensiva –especialmente las macrogranjas de cerdos, cuya contaminación deja inservibles pozos y acuíferos– y se replantee la agroindustria, que exporta hacia el extranjero un 65% de toda la fruta y verdura producida en Catalunya. 

También Aigua és Vida, una de las plataformas impulsoras del encuentro, calificaba esta las medidas de la Generalitat de «maniobra dilatoria», pues según la entidad no termina con un sistema económico depredador. «En lugar de dar ejemplo, las administraciones continúan instalando pistas de patinaje sobre hielo o nieve artificial, para la cual se necesita gran cantidad de agua, a la vez que emprenden grandes proyectos urbanísticos que supondrán un derroche de agua insostenible», censura.

Aigua és Vida hace referencia, en particular, al proyecto de casinos Hard Rock, que consumirá tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes, o la reforma del Aeropuerto de Barcelona, que prevé ampliarse para acoger 20 millones de turistas más al año.

«Esta falta de valentía ante los lobbies lo acaba pagando la ciudadanía», denuncia la plataforma, que ante esta situación y el encarecimiento de la tarifa del agua prevista para 2024 –una horquilla entre el 26% y el 30%–, ha iniciado la campaña ‘D’on no n’hi ha, no en raja’(en lenguaje coloquial ‘No pidas peras al olmo’). Un grito desesperado para exigir un cambio de sistema productivo que permita reducir el consumo, adaptar las necesidades al cambio climático y proteger el agua como bien público y derecho humano fundamental.