Nuevo retraso «sine die» en la votación para la oficialidad en la UE del euskara
La votación sobre la oficialidad del catalán, euskara y galego en la UE no tendrá lugar este martes como inicialmente estaba previsto. Este nuevo retraso hará que la cuestión vuelva a tratarse ya bajo la Presidencia belga de la UE, que sustituirá a la española.
El Estado español, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto marca la agenda de las reuniones, ha decidido que este martes no someterá a votación la oficialidad del catalán, el euskara y el galego, en el último encuentro en el que podía hacerlo, dadas las reticencias de otros socios europeos. La cuestión se retomará el semestre siguiente, bajo Presidencia belga.
Mañana se reunirán en Bruselas los ministros de Asuntos Europeos en un encuentro en el que volverán a tratar el tema pero no votarán la reforma del reglamento sobre la oficialidad de las lenguas de la UE, según la última versión de la agenda, que ya no sufrirá cambios, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.
Desde que el Estado planteó la petición para cambiar el reglamento en agosto porque la oficialidad del catalán era una demanda expresa de Junts para apoyar la investidura del presidente Pedro Sánchez, la cuestión se ha tratado en todas las reuniones que han mantenido los ministros de Asuntos Europeos pero sin llegar a decidirse.
La medida debe aprobarse por unanimidad y hasta ahora, la gran mayoría de países europeos no ha mostrado gran interés en reformar el reglamento, alegando dudas legales, económicas y políticas, especialmente del Estado francés y los países bálticos, que temen que sus minorías rusoparlantes reclamen la oficialidad del ruso.
Madrid asumirá el coste
Para vencer las reticencias, el Estado español se ha comprometido a asumir el coste de la oficialidad del catalán, el euskara y el galego en la UE, que según una estimación preliminar de la Comisión Europea sería de 132 millones de euros, aunque Bruselas aclara que la cuantía podría cambiar.
Bruselas ha llegado a esa conclusión tras multiplicar por tres los 44 millones de euros que cuesta actualmente la traducción y la interpretación al gaélico.
Pero el coste definitivo dependerá del número de traductores e intérpretes que se tengan que contratar para cada idioma, de los sistemas de traducción automática que existan para cada uno de ellos y de los periodos de transición que se pactasen hasta que la oficialidad del catalán, el euskara y el galego fuera completa.
Además de asumir el coste de la medida, Madrid ha querido tranquilizar a sus socios asegurando que este es un asunto que se circunscribe únicamente al caso español, sin que se pueda extrapolar al resto de países de la UE.
Ha insistido en que el catalán, el euskara y el galego son «originarias de un estado miembro», cuentan con reconocimiento constitucional en el Estado español y son lenguas de trabajo en el Parlamento de un país de la UE.
También ha señalado la existencia de acuerdos administrativos con más de diez años de recorrido para que estas lenguas puedan usarse en varias instituciones de la UE y el hecho de que los tratados europeos están traducidos a los tres idiomas.
El Gobierno español está elaborando un nuevo informe para incidir en estos puntos, según fuentes diplomáticas.