Las familias de Errenteria en riesgo de desahucio se concentran ante la inmobiliaria Jauregizar
Acusan a la empresa de bloquear el acuerdo entre el Gobierno de Lakua y el Ayuntamiento de esa localidad guipuzcoana, que permitiría renovar los contratos de alquiler de las VPO en las que residen.
Integrantes del colectivo formado por 18 familias de Errenteria en riesgo de desahucio se han concentrado esta mañana ante las oficinas que la inmobiliaria Jauregizar tiene en el barrio donostiarra de Morlans para exigir la renovación de sus contratos de alquiler en VPO. Ediles de EH Bildu, PSE y Podemos se han acercado para mostrarles su respaldo.
Según ha indicado Stop Desahucios, estas personas «llevan más de año y medio sin contrato, con el riesgo de que el arrendador pueda interponer una demanda de desahucio por finalización» del mismo.
El pasado 18 de noviembre comparecieron ante la delegación de Vivienda de Lakua, en la calle Miramar, para denunciar la actitud de esta empresa de «bloquear la negociación existente entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Errenteria» para impedir la prolongación de dicho contratos, «al considerar insuficiente la oferta de garantizarle el 4% de beneficio por cada uno de los contratos renovados por diez años».
Stop Desahucios ya anunció entonces que no dudaría en acudir a las oficinas de Jauregizar para poner en evidencia el «fin especulativo» de sus actuaciones. La oferta de las instituciones, ha indicado este colectivo, consiste en una ayuda del Ejecutivo autonómico de 12.000 euros por vivienda, posteriormente complementada por el Consistorio de Errenteria.
Hace un mes apuntaron que estas familias «no pueden acceder al alquiler privado porque el precio medio en Errenteria, que es un municipio tensionado por los abusivos precios del alquiler, ronda los 1.000 euros y tampoco pueden optar a un préstamo hipotecario».
Quince años de contrato
Jauregizar firmó en 2007 el convenio con el Gobierno de Lakua, que «le concedió una subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas», señala Stop Desahucios. Durante los 15 años de duración de los contratos la empresa ha ingresado las rentas de las familias que residían en las viviendas, que procedían de las listas de Etxebide.
Según ha relatado María Angeles Pedrosa, una de las afectadas, los vecinos pagaban el IBI y los gastos de comunidad pero, una vez transcurridos los quince años, la empresa se negó a recibir el pago de los alquileres, que les eran devueltos.
Del total de viviendas, 16 fueron vendidas a precios de VPO «por más de 150.000 euros» a los vecinos que pudieron acceder a un préstamo.