Cremades reporta 2.056 menores abusados en la Iglesia española y los obispos, menos de 1.000
El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo recomienda la creación de un fondo de indemnizaciones dotado con 50 millones de euros.
El informe del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo recoge un total de 1.383 denuncias de casos de abusos sexuales acaecidos en el seno de la Iglesia católica española y «un mínimo de 2.056 víctimas». La Conferencia Episcopal reduce la cifra a «menos de 1.000 casos». El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, estimó que 236.000 personas ha sufrido abusos en el seno de la Iglesia.
El documento, publicado este jueves en la web de la Conferencia Episcopal y algunos de cuyos datos han sido incorporados a la última versión del informe ‘Para dar luz’, elaborado la Conferencia Episcopal Española (CEE), han dado cifras mucho menores.
Fuentes de la Conferencia Episcopal consultadas por Europa Press han precisado que tras analizar todos los estudios disponibles sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica en el Estado español, estiman que se han testimoniado en total menos de 1.000 casos, precisando que no se puede conocer exactamente el número total de víctimas y que todos los casos testimoniados no son todos los que existen dado que hay víctimas que han fallecido y otras que han preferido no revelar los hechos.
Las fechas de comisión de los abusos en el Informe Cremades abarcan desde el año 1905 a la actualidad, siendo las décadas donde registran un mayor número de abusos la década de 1960 a 1970 y de 2010 a 2019. Mientras, la Conferencia Episcopal indica que los casos se registran, por una cuestión de «biología», desde la década de los 40 hasta la actualidad, con una mayor parte de abusos denunciados entre la mitad de la década de los 60 hasta mitad de la década de los 80, cuando empiezan a declinar.
La auditoría de Cremades recoge en principio un total de 1.383 denuncias, «siendo indeterminado el número de personas victimarias». Sin embargo, el análisis de la totalidad de los grupos analizados lleva a afirmar a los obispos en su informe propio que el número total de denuncias con arreglo a la metodología indicada asciende a 1.302 denuncias.
Al mismo tiempo, fuentes de la CEE también han advertido de que se ha detectado una duplicidad en esta auditoría externa de unos 300 casos reportados por el Vaticano que Cremades ha sumado al listado, pero que han sido remitidos a la Santa Sede por las distintas diócesis, por lo que ya estarían contabilizados.
En cuanto al número de víctimas, Cremades apunta un total de 1.599 y añade que en 277 denuncias recibidas el número es «indeterminado» y en otras 180 no consta, por lo que deduce un mínimo de 2.056 víctimas, aunque precisa que «es objetivamente evidente que el número es superior».
Sin embargo, en el informe de los obispos insisten en que la diversa metodología empleada en los diferentes estudios hace que resulte muy probable la existencia de casos que se han incorporado a los mismos, «dos, tres o incluso cuatro veces».
En cuanto al perfil de las víctimas, Cremades revela que son en su mayoría hombres, que sufrieron los abusos en colegios y seminarios menores y mayores, por parte de un sacerdote, religioso, profesor responsable académico del menor (en el 99 % de los casos), aunque también se encuentran casos de celadores, responsables de administración, responsables de actividades extraescolares o catequistas.
Sobre el tipo de abuso cometido, es mayoritariamente «abuso» y se señala que la gravedad de los hechos impide a las víctimas relatar lo acaecido, resaltando que el término «abusos o tocamientos» abarca una realidad muy heterogénea. Se refieren también desde felaciones hasta violaciones, pasando por besos no consentidos.
Un fondo de 50 millones
Entre las recomendaciones de Cremades, se plantea el establecimiento de una Comisión Independiente para la reparación integral de las víctimas, y propone la creación, por la CEE y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), de un Fondo para la reparación de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, «dotado inicialmente de un patrimonio de 50 millones de euros, ampliables en la medida en que sea necesario». Las indemnizaciones se valorarán en cada caso entre 6.000 y 100.000 euros, según añade.
Según precisa, «la Iglesia sufragará estas reparaciones, sean del orden que sean, con cargo a este patrimonio propio», para cuya dotación, añade, «podrá disponer de patrimonio inmobiliario». Si bien, precisa que «en ningún caso podrá condicionarse al patrimonio de las personas victimarias, ni solidarizarse el riesgo generado con los feligreses, a los que no podrá recurrirse para incrementar los recursos disponibles, ni utilizar los fondos provenientes del Estado o la asignación del 0,7% del IRPF».
Perdón público
También pide que la Iglesia reconozca el daño producido y honre el dolor de las víctimas, «pidiendo perdón públicamente no solo por el daño, sino por el silencio permitido»; que tome las medidas de prevención necesarias para que no vuelva a suceder, y brinde recursos psicoterapéuticos de calidad y asesoramiento legal a los supervivientes.