La Ley de Cambio Climático obligará a compensar a las zonas donde se instalen renovables

La Ley de Transición Energética y Cambio Climático acordada por PNV-PSE y EH Bildu obliga a que las empresas que ejecuten instalaciones fotovoltaicas o eólicas paguen un canon que se destinarán a zonas afectadas y reservar al menos un 20% de la propiedad de cada proyecto para agentes locales.

PNV-PSE y EH Bildu anunciaron conjuntamente un acuerdo sobre la Ley de Transición Energética y Cambio Climático que todos afirman que «mejora sustancialmente» y «enriquece» el proyecto del Gobierno. La nueva redacción prevé que las zonas donde se instalen grandes proyectos de energías renovables puedan recibir una compensación por «las molestias» causadas y también participar de la propiedad de esas instalaciones.

Además, se incluyen objetivos que, por ejemplo en lo relativo a la reducción de gases de efecto invernadero, son más ambiciosos que la Ley estatal de 2021 redactada por PSOE y Unidas Podemos. Esa ley recoge para 2023 un 23% de reducción sobre los niveles de 1990, y en la norma autonómica se eleva al 33%.

Según los firmantes, la ley pone objetivos de reducción de emisiones, bajada de consumo energético y de cuota de energía renovable. Mikel Otero, por ejemplo, apunta que «le hemos dado muchas vueltas a este tema, y la solución de consenso ha sido establecer unos objetivos que combinaran ambición con realismo, estableciendo unos mínimos exigentes pero, a su vez, dejando abierta la posibilidad de aumentar la ambición en la planificación».

Canon anual a las empresas

El dictamen de la Ponencia apoyado por PNV, PSE y EH Bildu también fija que a partir del 1 de enero de 2025, las empresas que pretendan instalar parques fotovoltaicos o eólicos deberán pagar un canon al Gobierno de Lakua en función de las hectáreas que ocupen los primeros y el número de aerogeneradores y su potencia, los segundos.

La ley señala que «los ingresos derivados del canon, deducidos los costes de gestión, se destinarán, en las zonas de la CAPV que resulten afectadas por las instalaciones, a la conservación, reposición y restauración del medio ambiente». Y, en el conjunto de la comunidad, la «actuaciones de impulso y promoción del uso racional de la energía», la «adaptación del territorio a los efectos del cambio climático», la «conservación del patrimonio natural» y, también, «al uso recreativo y educativo de los recursos naturales».

En el caso de los parques solares fotovoltaicos se prevé un gravamen de 700 euros por hectáreas de superficie afectada. En los parques eólicos, se pagará en función de la potencia y el número de aerogeneradores, en una escala que va de los 2.600 euros en el caso de las instalaciones más pequeñas, a los 5.400 euros por molino y año en las más grandes.

Participación local Además, la ley también obliga a quien pretenda poner en marcha una instalación de energía renovable, sea de iniciativa privada o pública, a ofrecer «al menos un 20% de la propiedad» a la ciudadanía o empresas de la zona afectada.

Según explican de forma coloquial los promotores de la ley, se trata, por una parte, de democratizar la participación de los locales en una empresa que va a obtener beneficios de su entorno, al tiempo de que reciben una compensación por «las molestias» que estas instalaciones generan, así como por su afección al ecosistema local.

El proyecto que los presupuestos vascos deberán destinar al menos un 2,5% del total para acción climática. Según el último presupuesto aprobado, serían un mínimo de 375,6 millones de euros anuales.

Desfosilización del EVE 

Junto a las anteriores, una de las propuestas que EH Bildu hizo en la negociación de esta ley fue la «desfosilización del Ente Vasco de la Energía».

El acuerdo logrado con PNV-PSE «establece un rumbo claro de desinversión de combustibles fósiles de la administración vasca. Habrá, antes del fin de la década, un abandono de los activos públicos vinculados a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como de los activos de generación eléctrica vinculados a los combustibles fósiles».

Ayer, en rueda de prensa, el parlamentario de EH Bildu destacó que se ha decidido que «el dinero obtenido de esas enajenaciones se quedará en el EVE, básicamente para reinventarlo en energías renovables. Es el impulso definitivo e irreversible para que el EVE sea un potente motor de la transición a las energías renovables».

Mikel Otero también incidió en que «el marco de gobernanza ha sido notablemente mejorado» y destacó que «además de la creación de una Oficina climática o la Asamblea del Clima, también se procederá a formar un comité científico y la puesta en marcha de un proceso deliberativo para alcanzar un gran Pacto Social por el clima...».

Presentación del acuerdo

El acuerdo sobre la Ley de Cambio Climático entre PNV-PSE y EH Bildu se hizo público ayer, pero se viene trabajando desde hace tiempo. Este medio ya destacó que muchas enmiendas presentadas por los partidos del Gobierno y por la principal fuerza de la oposición eran en varios casos similares.

De hecho, cuando el pasado 12 de diciembre, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, anunció en los pasillos de la Cámara que la ley podría aprobarse con un amplio consenso, ya caminaba sobre terreno firme. Ayer, como es lógico, se felicitó de la consecución de un acuerdo que su Departamento ha protagonizado.

PNV-PSE y EH Bildu anunciaron conjuntamente el pacto que aseguraron que lo han logrado «abstrayéndonos del contexto preelectoral y elevado el foco», porque consideraban urgente su aprobación antes de acabar la legislatura. Los tres grupos, los dos del Gobierno y el principal de la oposición, afirman que «podemos decir que el proyecto de ley ha sido sustancialmente mejorado y enriquecido».

Además, todos los firmantes coinciden en que «con esta ley se pone un suelo mínimo común para acelerar la Transición Energética y el Cambio Climático».

Con un texto conjunto leído por partes, el acuerdo lo presentaron por los parlamentarios Unai Grajales, del PNV, Alberto Alonso, del PSE, y Mikel Otero, de EH Bildu. Este último subrayó que «la ley aborda la Transición Energética y las Políticas de Cambio Climático de una manera integral. Así, se centra en aspectos generales, en principios de actuación, en orientación, etcétera... Y también entra a detallar aspectos muy concretos de la transición energética».

Unai Grajales, del PNV, señaló que «este acuerdo es fruto de un largo de proceso de negociación y un intenso trabajo que se ha intensificado durante las últimas semanas». Los partidos destacan que «los grupos que hemos alcanzado este acuerdo hemos logrado abstraernos del contexto preelectoral y elevar el foco, puesto que nos parecía muy importante terminar la legislatura con la aprobación una buena Ley de Transición Energética y Cambio Climático».

Por parte del PSE, Alberto Alonso explicó que «todos los grupos parlamentarios teníamos claro que el texto original iba a resultar bastante modificado, puesto que tanto las formaciones que sostenemos al Gobierno como EH Bildu habíamos presentado más de 200 enmiendas parciales». Según el texto de los tres partidos, con la aprobación y transacción de enmiendas, «el proyecto de ley ha sido sustancialmente mejorado y enriquecido».

Los tres partidos coinciden en que la ley no es la que hubiera planteado cada uno de los partidos si hubiera podido redactarla en solitario, pero PNV, PSE y EH Bildu entienden que «sí supone lograr una buena ley que contiene los consensos básicos para las futuras políticas energéticas y climáticas».

Superado ayer el trámite de la ponencia, los servicios jurídicos elaborarán el dictamen de la ley, que habrá de ser aprobado por la Comisión y después refrendado por el Pleno del Parlamento, probablemente el 8 de febrero.

PP y Elkarrekin Podemos-IU, en contra

Elkarrekin Podemos-IU hizo público ayer un comunicado en el que asegura que con el acuerdo EH Bildu compra el marco ideológico de Petronor y del Gobierno Vasco. La formación morada se ha mantenido al margen de las negociaciones.

El PP también anunció que votará en contra de la ley al considerar que el texto original del Gobierno ha quedado desvirtuado con las enmiendas introducidas por EH Bildu y se ha convertido en una norma «ideológica» que no acompaña a la ciudadanía en las medidas para frenar el cambio climático y además puede invadir competencias forales.