El Supremo confirma que la expulsión de menores a Marruecos en 2021 fue «ilegal»
El Tribunal Supremo ha confirmado que la expulsión de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 llevada a cabo por la Delegación de Gobierno español fue «ilegal» y se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores marroquíes devueltos.
El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno español vulneró los derechos de los menores marroquíes no acompañados que fueron devueltos en agosto de 2021 a su país desde Ceuta, tal y como estableció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en junio de 2022, y ha confirmado que la expulsión fue «ilegal». El alto tribunal estima que las autoridades españolas actuaron con «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las «expulsiones colectivas de extranjeros».
«El retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (...) de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales», ha concluido el tribunal.
De esta forma, los magistrados han desestimado los recursos de la Delegación del Gobierno español en Ceuta y del Ejecutivo de la citada ciudad, quienes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una «auténtica invasión» y que la actuación del Estado españo se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.
En la sentencia, difundida por Efe y Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado estos argumentos y ha coincidido con el criterio del Ministerio Fiscal al considerar que sí se vulneraron los derechos de integridad física y moral de los menores devueltos. Según ha explicado el tribunal, dicha vulneración tuvo lugar en el momento en el que se les puso en «serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico» cuando «la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales».
Así, el Supremo ha avalado la decisión del TSJA de confirmar la sentencia del juzgado ceutí que estimó las razones de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Jóvenes y Menores –que actuó en su nombre y en el de ocho menores marroquíes–. Aquella resolución estableció que España había incurrido en una vía de hecho al no seguir los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de Extranjería en el retorno de los menores.
Por tanto, ratifica la condena a la Delegación de Gobierno para que tome las medidas necesarias para conseguir el retorno de los menores repatriados a Marruecos.
Convenio Europeo de DDHH
En su sentencia, el Supremo afirma que «comprende perfectamente» la gravedad de lo acaecido los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores no acompañados, y que ello supuso «un extraordinario reto tanto para el Estado como para dicha comunidad autónoma».
Sin embargo, señala que el acuerdo entre Madrid y Marruecos de 2007 no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir el retorno de los menores, básicamente porque no contempla ningún trámite, y porque, además, era preceptivo seguir los trámites establecidos en la Ley de Extranjería.
La sentencia considera que no cabe justificar «una interpretación laxa de la legalidad, ni menos aún una dispensa de su cumplimiento, invocando circunstancias excepcionales», como hizo la Abogacía.
Además, el tribunal deja claro que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece «de manera lapidaria» que «quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros», norma que ha sido ratificada por el Estado español, por lo que lo ocurrido fue «algo ilegal».