La factura de electricidad aumentará en cerca de un 10% en Ipar Euskal Herria
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha anunciado que el precio de la electricidad aumentará entre un 8,6% y un 9,8% a partir del 1 de febrero. Una decisión impopular que llega en un contexto sensible marcado por las protestas de agricultores contra el Pacto Verde de la Unión Europea.
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha hecho su anuncio en el informativo nocturno de la cadena de televisión TF1. En el marco de la desaparición progresiva del control de tarifas establecido por el Gobierno francés en el contexto del final de la pandemia y de la guerra en Ucrania, a partir del 1 de febrero el precio de la energía aumentará «entre el 8,6% y el 9,8%».
Según detalla Le Maire, en el caso de las tarifas que promedian horas de alto y bajo consumo la subida se fijará en el 9,8% mientras que en la tarifa básica el aumento será del 8,6%.
«Es decir ,que para el 97% de los hogares franceses el aumento de precio se situará por debajo del 10%», resume el patrón de Bercy, a sabiendas de lo poco popular de su iniciativa.
A la espera de que se conozcan todos los detalles sobre ese final programado del escudo tarifario, el anuncio genera desconfianza en el sector productivo, y particularmente en los sectores con mayor consumo energético, de la industria a la alimentación, sin olvidar el sector primario.
Ello en un momento en que, precisamente, la movilización de agricultores franceses que se han sumado a la protesta que llevan a cabo desde hace semanas sus colegas alemanes y belgas, empieza a dejarse sentir en el debate político.
Ciertamente, la movilización de los agricultores se centra en demandas referidas a la política de Bruselas, pero su queja apunta también a la administración francesa.
La ultraderecha no ha dudado en trazar una línea entre la subida eléctrica y la queja de una parte del sector agrícola.
De hecho, incluso antes de que el Ministerio de Economía oficializara la nueva tarifa de electricidad, el «número uno» de Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, acudió a un programa de televisión para hacer patente su rechazo a la «subida de precios de la electricidad» antes de anunciar un desplazamiento para «expresar nuestro apoyo a los agricultores franceses».
Para el joven patrón de la ultraderecha, esa protesta de agricultores, que salta desde Occitania a regiones más cercanas a Euskal Herria, caso de Nueva Aquitania, es la ocasión propicia para remachar la conocida posición de la ultraderecha de denunciar «la dictadura de Bruselas» y de reivindicar, al tiempo, «la primacía de los intereses nacionales».
Así lo hizo saber Bardella tras acudir, a la cabeza de una delegación de RN, a Queyrac (Gironda) a hablar con agricultores movilizados contra la política europea.
Las razones de la agricultura patrocinada por la PAC
El movimiento de parte del sector agrario francés ha ido subiendo en temperatura desde el pasado otoño y, en el fondo, es una continuidad de otras protestas en las que se hace patente la creciente dificultad para afrontar, por una parte, los costos de la producción, de la energía a los forrajes, y, por otra, cumplir con las exigencias de las normativas medioambientales.
«Todos estos movimientos tienen su origen en el distanciamiento creciente entre quienes viven sobre el terreno el ejercicio de una profesión dura, la del agricultor, y las decisiones administrativas centralizadas, ya sea en Bruselas o en las capitales europeas», explica a AFP el presidente del poderoso sindicato FNSEA, Arnaud Rousseau.
Los sindicatos denuncian la lentitud del gobierno de Emmanuel Macron a la hora de aplicar la «simplificación administrativa» prometida.
«Los agricultores que nos llaman ya no saben siquiera lo que tienen derecho a hacer o no y no se sienten adecuadamente apoyados ante los desafíos climáticos, geopolíticos y sanitarios», añade, en declaraciones a la misma agencia, Véronique Le Floc'h, presidenta de Coordinación Rural, segundo sindicato agrícola en el Estado francés.
Mientras el Estado francés es el primer beneficiario de la Política Agrícola Común (PAC) con 9.000 millones de euros de ayudas al año, sus productores -particularmente los que se dedican a la agricultura intensiva- se oponen a que la estrategia de «hacer más verde» la agricultura europea «la paguen los productores».
Críticas al Pacto Verde
Elemento central del Pacto Verde de la Unión Europea, la propuesta de reducir a la mitad el uso de productos químicos fitosanitarios de aquí a 2030, fue rechazada en el Parlamento Europeo a finales de noviembre.
Las presiones de fabricantes pero también de grandes propietarios agrícolas dieron al traste con esa demanda de dar prioridad al cuidado de la tierra y de la salud.
Los grandes agricultores galos acogieron con satisfacción la renovación de la autorización del controvertido herbicida glifosato, pero, al hilo de las protestas, no ocultan su temor a que ese proyecto vuelva a salir a la palestra en el contexto de las elecciones europeas de junio.
La protesta de los agricultores ha tenido ya un efecto. Así, a tres días del Consejo de Ministros en que debía presentar una ley largamente prometida «para favorecer la renovación generacional en la agricultura», el Ministro de Agricultura, Marc Fesneau, anunció este pasado fin de semana el aplazamiento de su proyecto.