Londres recurre para intentar mantener la cuestionada ley que lo amnistía
El revés a la ley que mantiene impune crímenes de Estado en Irlanda ha sido contrarrestado por el Gobierno británico con un recurso. Sostiene que aplicará la norma, cuestionada desde el principio por las víctimas de esas acciones.
El Gobierno británico anunció este jueves que apela la decisión de un tribunal de Belfast contra la ley de amnistía a soldados y paramilitares que actuaron en el conflicto en el norte de Irlanda.
«Tras haber examinado todos los aspectos del juicio, el gobierno británico presentó una demanda ante el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte», anunció un portavoz del ejecutivo conservador. «Tenemos la determinación de aplicarla», añadió.
El 28 de febrero, un tribunal de Belfast dictaminó que esa ley controvertida, que otorga inmunidad a combatientes del conflicto que «colaboren con la Justicia» es incompatible con los derechos humanos. El Ejecutivo irlandés había sido uno de los recurrentes.
Varias víctimas de la violencia cometida durante las décadas sangrientas del enfrentamiento armado habían emprendido acciones legales para cuestionar la conformidad de este texto, adoptado en septiembre en Londres, pese a la oposición de los partidos políticos locales, de las organizaciones de víctimas y del gobierno irlandés.
Este texto controvertido pretende retirar los procedimientos contra soldados británicos y paramilitares que decidan cooperar con las autoridades.
Impunidad y ¿reconciliación?
El juez Adrian Colton, del Tribunal Superior de Belfast, dijo estar «convencido» de que las disposiciones contenidas en la ley y relacionadas con la inmunidad «constituyen una violación de los derechos» de quienes quieran iniciar procedimientos, basándose en la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
«No es evidente que el hecho de otorgar inmunidad a través de esta ley contribuya de alguna manera a la reconciliación en Irlanda del Norte, sino todo lo contrario», añadió Colton.
Más de 25 años después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, en 1998, unas 1.200 muertes siguen siendo investigadas por la policía, según el Gobierno británico.
En opinión de las autoridades del Reino Unido, la ley permitiría cerrar cientos de estos casos sin resolver.