Las eléctricas convierten la tarifa regulada en el sumidero de la energía nuclear y sucia

Las energéticas usan la tarifa PVPC, donde el estado fija los precios, para justificar la generación de residuos nucleares y la emisión de gases contaminantes. Tener un contrato con PVPC es requisito imprescindible para acceder ayudas y obtener el bono social. 

A la hora de contratar el suministro eléctrico existen dos modalidades básicas. Está el mercado libre, donde cada compañía lanza las ofertas que cree oportunas, y el mercado regulado, donde el Estado marca cuál es la ganancia que pueden obtener estas compañías. 

La segunda opción se conoce como Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, al que usualmente se hace referencia por sus siglas: PVPC. Esta tarifa contaba, a cierre de 2022, contaba con 8,7 millones de hogares adscritos, sobre un total de 30 millones. 

Este PVPC, en los últimos años, se ha convertido en el cajón donde las grandes energéticas esconden sus producciones más contaminantes y polémicas, como las centrales térmicas y las nucleares.

NAIZ ha tenido acceso a facturas de varias de las Cinco Grandes (Endesa, Iberdrola, Naturgy, Hidroeléctrica del Cantábrico y Viesgo) que ofrecen PVPC. En factura correspondiente al 2024 de una de ellas, la producción renovable imputada al PVPC es de solo el 2,9% (frente al 42,3% del mix energético en el estado). 

El compromiso del Estado español es llegar a un 65% de energía renovable en 2030 y alcanzar el 85% en 2050.

El problema es que esta tarifa regulada resulta ineludible para los consumidores con menos recursos.

El Estado creó el PVPC para proteger al pequeño consumidor y a los grupos vulnerables de facturas abusivas. De este modo, estableció un sistema de precios que garantizaba a las compañías energéticas una ganancia fija y que, en la práctica, ha sido la tarifa más barata, aunque ha habido meses puntuales donde no resultó así por fuertes fluctuaciones en el mercado que no duraron mucho tiempo.

Una simulación de precios del pasado mes de febrero en la web de la CNMC apunta que un consumo medio de un hogar con PVPC ese mes asciende 38 euros. El mismo consumo en distintas ofertas del mercado libre que rondaban entre los 42 y 44 euros. Supone, por tanto, un ahorro del 10% o superior.

Precisamente por constituir la opción más barata, el Estado exige pasarse al PVPC como requisito obligatorio para acceder a ciertas ayudas vinculadas al consumo energético, como el bono social. Este bono implica, entre otras cosas, reducciones en la factura de la luz de entre el 25% y el 80% y conlleva la prohibición del corte de suministro a modo de refuerzo añadido.

Una familia numerosa, por ejemplo, se beneficia de un 40% de descuento en el precio de la luz, pero siempre y cuando esté en PVPC. 

Si quieres ayudas, súmate a la contaminación

El problema detectado por NAIZ es que las comercializadoras de referencia (como se conoce a las únicas compañías que ofrecen PVPC) utilizan esta tarifa regulada para hacer «greenwashing» y parecer más verdes que lo que son. 

Desde el año 2022, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMC) obliga a las comercializadoras energéticas a exponer en la factura cómo se han generado esa electricidad que llega al domicilio, es decir, cuál es el mix energético.

Esta es la comparativa entre Curenergia (la comercializadora PVPC de Iberdrola) frente al mix estatal este año. Los valores del 2022 fueron, en esencia, similares, si bien la renovable alcanzaba un 5%.

Además, la factura ha de incluir también cuál es el nivel de residuos que generan, incluyendo una tabla que va de la A a la G, con una leyenda que recuerda a la de las bombillas o los electrodomésticos. 

Ambas medidas se plantearon en línea de concienciar al consumidor sobre la eficiencia y guiarlo hacia ofertas con mayor porcentaje de energía verde, en línea con las metas de descarbonización y transición energética.

La calificación en el modelo de comercialización que apadrina el Estado (y al que obliga a suscribirse a los hogares necesitados) se ubica en el G, el escalón más bajo, mientras que la media sitúa en el D.

Así, los consumidores de PVPC causan por cada kilowatio/hora emisiones de CO2 equivalentes a 273 gramos, mientras que la media se sitúa en 162 gramos. En lo referente a residuos radiactivos, siendo la media 452 microgramos, la tarifa regulada eleva el dato hasta los 771 microgramos.

Se da la circunstancia de que las centrales nucleares en el Estado español pertenecen a cuatro compañías: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Las tres primeras son las comercializadoras de PVPC con mayor número de clientes. 

Cabe concluir, por tanto, que tarifa regulada se está usando como el refugio de la producción energética contaminante y radiactiva. Así aparece, negro sobre blanco, en las mismas facturas. Si bien, merece la pena precisar esto un poco. 

La alternativa más ética

En los últimos años, además, ha surgido otra modalidad de consumo energética, el cooperativismo. Entidades como Goiener o Som Energia actúan en el mercado libre, con la singularidad de que no buscan beneficios, sino que dan servicio a sus cooperativistas. Y que lo hacen, además, comprando energía verde a productores con garantías o generándola ellos mismos. 

Existen, además, otras empresas que ofrecen energía adquirida únicamente a proveedores que generan con renovables. 

Ciertos consumidores empiezan a demandar eso. Este era el motivo por el que se obligó a incluir en la factura cuál era el mix energético. Quizás modestamente, pero está funcionando. Si todo el mundo demanda renovables, las eléctricas estarán forzadas a producir de esa manera. Es de lógica. 

El párrafo anterior es la explicación de lo que ocurre con el PVPC. Ser contaminante no está bien visto.

Como las grandes compañías que ofrecen PVPC no adquieren solo energía renovable, elaboran con ello distintos productos. Al imputar la mayor parte de su energía sucia el PVPC, pueden presentar sus otros productos como más verdes. 

¿Y si todo fuera una campaña de descrédito?

Las grandes eléctricas, en realidad, lo que hacen es imputar un mix u otro a sus diferentes productos, haciéndolos más o menos verdes según le convenga. Iberdrola, por ejemplo, ofrece tarifas que 100% verdes, donde toda la energía generada tiene certificado renovable. Endesa hace lo propio a través de filiales.

De esta forma, estas compañías no solo consiguen generar productos más verdes que lo que en realidad son, sino que también espantan a sus clientes de la tarifa regulada. 

Porque ese traslado de la energía sucia hacia los más desprotegidos no es el único escándalo que salpica a las comercializadoras en lo referente a cómo gestionan el PVPC.

En realidad, a las grandes eléctricas no les gusta que el Estado les diga cuánto tienen que cobrar a sus clientes, sino que ofertan el PVPC por obligación. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, incluso llamó «tontos» a hogares que optan por la tarifa regulada por el Estado. 

Según los datos de la CNMC, en 2010 había 20.005.090 de hogares en el Estado español suscritos al PVPC. Diez años después, los usuarios habían caído casi a la mitad, hasta los 10.920.070. 

Tal disminución no tiene ningún sentido desde la perspectiva del ahorro, pues en esos diez años siempre (salvo meses aislados, como se ha apuntado) el PVPC se ha comportado como la tarifa más económica. 

La hipótesis más razonable –denunciada por asociaciones de consumidores y sindicatos– es que esas compañías hicieron uso de los datos de sus clientes de tarifa regulada para plantearles ofertas agresivas que les prometieron un ahorro que, finalmente, nunca llegó. 

Para desgracia de algunos, esta migración masiva hacia el sector libre supuso después problemas de acceso al bono eléctrico cuando más lo necesitaron, pues mantenerse en el mercado regulado era requisito imprescindible. Esto generó un importante cuello de botella en la crisis energética que detonó el conflicto en Ucrania.

Así, el modo en que han convertido el PVPC en el sumidero de la producción energética contaminante no es tanto que la tarifa regulada contamine más, sino que constituye una estrategia de marketing (y demonización) por parte de las grandes eléctricas.  

Desde la perspectiva del consumidor, la mejor manera de potenciar una energía limpia es contratar una comercializadora 100% verde o la autoproducción. De ese modo, el dinero nunca acabará en empresas que contaminan. 

Finalmente, cabe recordar que no hay modo de garantizar que la energía que enciende la luz de una vivienda llega de una fuente u otra. La única pista es la proximidad. Si al lado de tu casa hay un molino dando vueltas, probablemente, será este quien haya iluminado la bombilla. Y los vecinos de Vandellós seguro que ponen la lavadora con energía nuclear.