15 años de desatención oficial a la demanda de verdad de la familia de Jon Anza
Este jueves se cumplirán 15 años desde que Jon Anza fuera visto por última vez con vida por sus allegados. Fue en Baiona, donde cogió un tren para acudir a una cita con ETA en Toulouse a la que nunca llegó. Su cuerpo permaneció un año en una morgue. La Justicia no ha aclarado los hechos.
Este 18 de abril se cumplirán 15 años desde la desaparición del expreso vasco Jon Anza. Afincado en Ahetze (Lapurdi), donde se estableció tras pasar más de veinte años en prisiones españolas, el donostiarra fue visto por última vez ese día por su compañera, Maixo Pascassio, que le acompañó a la estación de Baiona, donde cogió un tren con destino a Toulouse.
Tenía previsto entrevistarse allí con representantes de ETA, según reveló la propia organización armada a raíz de que la familia denunciara, primero, e hiciera pública después, su desaparición.
Se trataba, a priori, de un viaje corto. De hecho, el expreso llevaba consigo una cantidad limitada de los medicamentos que le fueron prescritos tras serle diagnosticado un tumor cerebral. Además, había cogido ya un billete de vuelta a Baiona.
Ambos datos acreditaban no solo su estación de destino, sino la cronología de su viaje.
Pese a ello, la investigación oficial se escudó en que no existía certeza sobre el itinerario de Anza para justificar, así, las palpables lagunas que arrojó el operativo de búsqueda.
En este sentido, un dossier publicado por ‘Le Journal du Pays Basque’ en 2013 (ese especial de ocho páginas puede consultarse aquí) sacó a la luz las incongruencias que marcaron la actuación policial, a las órdenes de la Fiscalía de Baiona, sin obviar tampoco lo actuado con posterioridad en el hospital y la morgue de Toulouse en que terminó sus días el expreso vasco.
Búsqueda estación a estación, y también en Toulouse
En Euskal Herria, todas las miradas se dirigieron desde un principio hacia la capital occitana.
Así, en complemento de las primeras manifestaciones para denunciar la desaparición de Jon Anza, decenas de voluntarios participaron en una operación de búsqueda inédita, por su intensidad y sus dimensiones.
Estas personas reprodujeron el viaje en tren que hizo, en todo o en parte, Jon Anza, antes de desaparecer. Buscaron testimonios de pasajeros habituales y preguntaron al personal de la SNCF.
Además, plagaron de carteles con la fotografía del refugiado donostiarra, cuyo rostro llamaba la atención al poner en evidencia sus problemas de salud, todas y cada una las estaciones de tren entre Baiona y Toulouse, de la más grande al más pequeño de los apeaderos.
Los voluntarios completaron su búsqueda en puntos neurálgicos de la capital occitana.
La prensa se hizo eco del caso. También de ese operativo para localizar al vecino de Ahetze. Su caso cobró eco no solo en Euskal Herria, sino también en la escala estatal.
Y, por descontado, la «extraña desaparición» ocupó titulares y minutos de radio y televisión en Toulouse, donde la que la familia contó con representación letrada, y donde se constituyó un comité de apoyo. A destacar el seguimiento del caso por una cabecera como ‘La Depêche’. O la implicación de la Liga de Derechos Humanos y hasta de sindicatos en esa labor.
Esta galería de imágenes da cuenta del amplio eco que tomaron, en muy distintos escenarios, las protestas populares para denunciar el caso de Jon Anza. Lo que hace más incomprensible que nadie atendiera tantas alertas, cuando todas apuntaban en la misma dirección.
La cadena de «errores» alcanzó su cénit cuando tampoco nadie en ningún servicio fue capaz de establecer un nexo entre el desaparecido y esa persona que, tras ser atendida seminconsciente en el céntrico boulevard Strasbourg de Toulouse, falleció días después en el Hospital Purpan.
«Mea culpa» mirando a Ruanda, silencio sobre Euskal Herria
A falta de identificación, el cuerpo permaneció casi año en una morgue antes de que, un 11 de marzo de 2010, se notificara a los Anza la identificación de su allegado.
Ese hallazgo del cuerpo coincidió con nuevas revelaciones sobre la masacre en un país africano. Un genocidio, el de Ruanda, del que se cumplen 30 años, y sobre cuya implicación francesa ha arrojado un informe encargado por el presidente Emmanuel Macron.
En el ambiente de conmoción que causó la localización del cuerpo de Jon Anza en Toulouse GARA publicaba esta crónica de urgencia que, hilando ambas cuestiones de actualidad, llevaba por título ‘La noche en que Francia dejó de pertenecer al mundo civilizado’.
«Que tengan once meses un cuerpo en la morgue y que nadie mueva nada… Eso no creo que pase en ningún hospital (…) No sé hasta dónde puede estar el hospital implicado o atado de manos… pero es una cosa rarísima», destacaba la hermana del fallecido, Anabel Anza.
La familia hacía constar su convicción de que el hecho de que la propia ETA diera cuenta de que Anza mantenía vínculos con esa organización, no fue un dato ajeno al devenir de la investigación.
«La coyuntura de entonces no tenía nada que ver con la de ahora. Entonces había un conflicto armado. Y la guerra sucia formaba parte de ese conflicto. Aunque inicialmente manteníamos todas las hipótesis, poco a poco fuimos convenciéndonos de que solo quedaba la del secuestro y que íbamos a tener muy complicado encontrar algo que pudiera esclarecer los hechos. Pensamos que la ocultación del cadáver fue una decisión política», concluían en esa entrevista tanto la compañera como los hermanos de Jon Anza.
Comparecencia y acto, este jueves, en el cementerio de Urruña
Este jueves, a las 18.00, tendrá lugar un acto de recuerdo a Anza en el cementerio de Urruña, donde descansan sus restos.
De manera previa, allegados del refugiado donostiarra comparecerán a las 11.00 ante el Ayuntamiento de la localidad labortana, apoyados por su abogada, Maritxu Paulus Barsurco, y por el alcalde de la localidad, el también letrado Filipe Aramendi, además de por esos amigos y compañeros de trabajo que desde el momento mismo de su desaparición lanzaron el lema «Non da Jon?» (¿Dónde está Jon?) que remite, antes y ahora, a otras desapariciones. De la de Eduardo Moreno Bergaretxe ‘Pertur’ a la de Joxe Miguel Etxeberria ‘Naparra’, a quien la ONU tiene clasificado como víctima de desaparición forzosa, pasando por la de Jean-Louis Larre ‘Popo’, a quien se vio por última vez en 1983.
Los tribunales franceses, que no han aclarado esos precedentes, han cerrado una a una las puertas que ha tratado de abrir la familia Anza para encontrar la verdad.
La juez del Tribunal de Toulouse encargada de instruir la desaparición de Jon Anza, Miryam Viargues, ordenó el archivo de la causa en julio de 2013.
Actuó siguiendo las directrices de la Fiscalía de Baiona, que entonces ocupaba Anne Kayanakis.
La familia planteó recurso contra el archivo de la causa, pero esa demanda fue igualmente archivada, en este caso por el presidente del Tribunal de Instrucción de Toulouse.
La abogada Paulus Barsurco denunció ya entonces «el desprecio a la familia Anza» y reiteró su intención de seguir buscando vías para hacer la luz sobre la desaparición del militante donostiarra.
Cinco años después de ocurrida la desaparición, la familia optaba por presentar denuncia contra el Estado francés en razón de las muchas fallas que existieron, a su entender en la búsqueda, primero, y en la identificación, después, del ciudadano vasco.
La defensa argumentó que no existió, de facto, una voluntad real de esclarecer el caso. Y denunció la falta de atención e incluso el desprecio con el que trataron las autoridades a la familia.
La vista se celebró el 1 de abril de 2015. Un mes después, el Tribunal de Gran Instancia de lo Civil de París hizo público su fallo desestimando la demanda presentada por la familia en base a las graves irregularidades y fallos habidos en la investigación de su desaparición.
Los jueces desestimaron todas las peticiones de indemnización al estimar que no se produjeron «faltas graves» si bien reconocieron «irregularidades menores».
En consecuencia, se desestimó la indemnización con 50.000 euros a la familia Anza.
Muertes, secuestros y desapariciones en «territorio francés»
La vía judicial está, hoy por hoy, agotada. Sólo si apareciera un elemento nuevo, que apuntara, por ejemplo, a que alguien intervino en la muerte de Anza, se podría levantar el archivo, explica a NAIZ la letrada Paulus Basurco, que aportará una lectura pormenorizada del caso en la rueda de prensa que tendrá lugar este jueves en Urruña.
Ese portazo judicial al ‘caso Anza’ hace que cobre mayor relevancia si cabe la vertiente política, que remite, inevitablemente, a la colaboración policial franco-española.
Ello obliga a poner el foco en el modelo de «lucha antiterrorista» que han materializado, codo con codo, durante décadas los gobiernos de Madrid y París.
Y a analizar lo ocurrido, a partir de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, con esa treintena de muertes llevadas a cabo por grupos parapoliciales españoles en los territorios vascos bajo administración francesa; con secuestros a cargo de agentes extranjeros, como el que precedió a la ejecución de los refugiados tolosarras Joxi Zabala y Joxean Lasa; la desaparición de personas o a las denuncias de retenciones e interrogatorios ilegales por uniformados llegados del otro lado de la muga, con hasta cuatro casos revelados en el periodo previo a la desaparición de Anza.
Según apuntaba en un artículo el historiador Iñaki Egaña, «el modus operandi en los secuestros de Lander Fernández, Alain Berastegi, Dani Saralegi y Juan Mari Mujika, este último en Donapaleu, sugirió cómo habría sido el de Jon Anza».
Como último dato de esa actuación de agentes extranjeros en el Estado francés, el mismo día en que ETA dio a conocer que Jon Anza tenía que haber asistido a una cita en Toulouse a la que nunca llegó, y reveló que portaba a la organización armada una cierta cantidad económica, varios agentes de la Guardia Civil abandonaron precipitadamente el Hotel Adagio de la capital occitana. Uno de ellos dejó incluso olvidada su arma en la habitación.
Una huida que bien puede servir de metáfora a esa actitud oficial de escapar a la obligación que tiene toda administración de justicia de hacer lo que esté en sus manos para otorgar verdad a las familias de las víctimas. De todas ellas. También cuando se trata de la familia de Jon Anza.