Trabajadoras y pensionistas desmontan las bases del Pacto Vasco por los Cuidados de PNV y PSE

Mujeres trabajadoras y pensionistas han tomado este mediodía las calles de Gasteiz para mostrar su rechazo a las bases del futuro Pacto Vasco por los Cuidados, diseñadas por Lakua, las diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales, instituciones gobernadas por PNV y PSE.

Trabajadoras y pensionistas han tomado este miércoles las calles del centro Gasteiz para mostrar su rechazo a las bases del futuro Pacto Vasco por los Cuidados, acordado por el Ejecutivo de Lakua, las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y los ayuntamientos de Bilbo, Donostia y Gasteiz.

«Un Pacto Vasco por los Cuidados vacío de contenido que se ha hecho sin contar con el movimiento feminista, ni con el movimiento de pensionistas, ni con los diferentes agentes sindicales y sociales que impulsamos la huelga feminista general del 30 de noviembre», han apuntado representantes de mujeres pensionistas procedentes de Bizkaia ante el Parlamento, última parada de un recorrido reivindicativo que ha partido a las 12.00 desde la Plaza Nueva.

Denuncia de las trabajadoras del SAD

Las primeras en tomar la palabra han sido las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Araba, que han advertido de sus condiciones laborales: «Tiempos irrisorios, amplios desplazamientos, pérdidas de tiempo entre servicios, disponibilidad de 51,5 horas semanales...». A lo que se suma la «perdida de poder adquisitivo a la que se está viendo sometido el sector», regido por un «convenio extraestatutario de eficacia limitada».

«El SAD es un servicio social imprescindible para la ciudadanía, es una función y un sector esencial dentro de los cuidados, por lo que es un servicio que debería de tener una gestión pública y nosotras deberíamos de ser trabajadoras públicas, pero, sin embargo, todo está privatizado», han apuntado, y han aseverado que «las administraciones no asumen su responsabilidad en cuanto a la gestión y dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras, y la patronal prioriza su beneficio económico de la gestión de un servicio social, lucrándose a costa de nuestras pésimas condiciones laborales».

Acabar con el régimen interno

La segunda parada del recorrido ha sido en la calle Olagibel, junto a la Subdelegación del Gobierno español, donde han alzado la voz las mujeres de la Asociación de Trabajadoras de Hogar y de Cuidados de Araba (ATHCA). Un colectivo formado por muchas mujeres racializadas a las que se aplican leyes migratorias que «violentan» sus derechos humanos.

«Europa y el Estado español nos mantienen obligatoriamente en situación administrativa irregular, impidiendo durante tres años que se nos pueda contratar con derechos», han censurado, recordando que «la irregularidad administrativa es una estrategia intencionada que nos hace más vulnerables en este sistema que comercia con los cuidados, que se lucra con miles de trabajadoras, que explota nuestros cuerpos y nos expone a violencias económicas, físicas, sexuales y psicológicas».

En este sentido, han destacado que «las trabajadoras del hogar y de cuidados somos utilizadas como un parche que sostiene la economía y las vidas de muchas personas a costa de nuestros derechos, y los gobiernos locales y las instituciones son cómplices de esta explotación».

«La irregularidad administrativa que se nos impone no nos permite empoderarnos de nuestros derechos y nos aboca al miedo y a la indefensión, por lo que nos vemos en la obligación de aceptar ofertas de trabajo en régimen interno, trabajando más de 60 horas a la semana por 600 o 700 euros, rozando la esclavitud», han criticado, insistiendo en que «el régimen interno debería ser erradicado por las graves consecuencias físicas y psicológicas que genera».

«Luchemos juntas por un sistema de cuidados público y comunitario que respete los derechos y necesidades de las personas cuidadas y de nosotras, las trabajadoras de hogar y de cuidados», ha concluido.

Cuidados públicos y de calidad

Esta idea es compartida por Zaintza Araba, cuya representante ha intervenido en la tercera parada del recorrido, frente la Residencia Albertia, en la calle Vicente Goikoetxea. Ha mostrado su apuesta por «unos cuidados de calidad y de responsabilidad pública, centrados en la persona», y ha defendido la participación de las familias en los centros residenciales, así como en los consejos colegiales, en las comisiones técnicas o sectoriales, y en los consejos de personas mayores.

Asimismo, ha instado a que el pago de una residencia privada se incluya como desgravación fiscal, y a «no generar deuda y mucho menos ser pagada con una vivienda»; y ha cargado contra la «no derivación a Kontsumobide cuando se denuncian cláusulas abusivas». «No estamos hablando de objetos, sino de personas, la Administración tiene que velar para que las empresas privadas no cometan abusos», ha manifestado antes de mostrar su apoyo a la manifestación convocada para el día 25 de abril por las trabajadoras de residencias de Araba, que en cuatro años han realizado 32 jornadas de huelga en lucha por un convenio digno.

No en vano, como ellas mismas han señalado ante los presentes, «la situación en las residencias es alarmante: jornadas extensas que merman nuestra salud, cargas de trabajo físico y mental que nos hacen enfermar, bajas de compañeras que no se sustituyen, conciliación laboral y familiar inexistente... Hacemos multitarea y servimos para todo. Y todo ello por salarios que no llegan al SMI si no fuera por los pluses de todas las noches y festivos que trabajamos».

Han hecho hincapié en que «todos y todas tenemos una deuda social con este sector y es responsabilidad de toda la sociedad dignificar el trabajo de cuidados. Porque todos y todas somos o seremos ciudades, porque peligra el bienestar de nuestras familiares y la calidad de los cuidados que reciben, porque las personas que sostienen este sector no pueden seguir trabajando y cuidando en estas condiciones».

Privatización de los cuidados

Las trabajadoras de residencias han puesto el foco en el negocio de GESCA, LARES y ACRA, patronales que «se siguen lucrando gracias al cuidado precario y a las pésimas condiciones asistenciales que ofrecen a nuestras personas mayores». Algo en lo que también han reparado desde el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH).

Una pensionista guipuzcoana ha tomado el micrófono en la cuarta parada, frente al Palacio Foral de Araba, para alertar de que en las bases del Pacto Vasco de Cuidados se prevé dejar los servicios y la planificación de los mismos en manos de «la iniciativa social, así como de empresas cuyas contribución, dicen, es clave para en ámbitos como la gestión de los centros de para personas mayores».

«Es decir, el dinero para el sistema de cuidados será en parte designado desde los presupuestos públicos, o lo que es lo mismo, del dinero de todos y todas, pero la forma de gastarlo se quedará en manos privadas, y ya sabemos que una de las máximas de cualquier empresa es obtener beneficios», ha manifestado antes de ceder la palabra a las mujeres del colectivo Emakumeak Gerraren Aurka (EGA).

«Más de cien empresas en Euskal Herria hacen armas. Para EGA la seguridad no viene de las armas, sino de garantizar unas vidas dignas para todas las personas. Creemos firmemente que una de las tareas principales de nuestras instituciones ha de ser la de trabajar por una seguridad humana basada en el bienestar, la equidad y el cuidado, y que necesariamente lleve al desarme de nuestras sociedades y de nuestras mentes», han declarado.

Acabar con la brecha de género

Los presentes han reanudado la marcha y se han dirigido al Parlamento de Gasteiz, donde, además de rechazar las bases del Pacto Vasco por los Cuidados, han clamado contra la brecha salarial. Han subrayado que, «a 31 de diciembre de 2023, las mujeres pensionistas tenían una pensión media de jubilación de 1.274 euros frente a los 1.971 de pensión media de los hombres. Es decir, las mujeres pensionistas cobran de media un 35,4% menos que los hombres».

Y han incidido en la reivindicación defendida por el MPEH durante los últimos seis años, una pensión mínima de 1.080 euros mensuales. «Porque garantizar una pensión mínima de 1.080 euros va a suponer una subida real para todas esas mujeres con pensiones de miseria y eso va a hacer que la brecha de género disminuya de una manera notable».

«Porque, además, una pensión mínima de 1.080 euros para todas y todos supondría para las mujeres un reconocimiento de esos trabajos de cuidado que ellas han llevado a cabo de manera gratuita y en el marco familiar», han explicado, recordando que este jueves los y las pensionistas volverán a manifestarse en Gasteiz. La marcha partirá a las 11.00 desde la Plaza Bilbao.