El TC avala la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a centros abortivos
El Tribunal Constitucional español (TC) ha avalado en una sentencia la ley que castiga con una pena de entre tres meses y un año de cárcel o «trabajos en beneficio de la comunidad» el acoso a las mujeres que acuden a centros médicos para interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en una sentencia la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Una práctica que se ha producido también en Euskal Herria en los últimos años.
Por siete votos a cuatro, el Pleno del TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox, que recurrió la norma que castiga dicho acoso con una pena de entre tres meses y un año de cárcel o «trabajos en beneficio de la comunidad».
Vox alegaba que la ley no permitía identificar claramente a los destinatarios de la norma y las conductas penalmente perseguibles. También consideraba que se limitaban las libertades ideológica y de expresión; y los derechos de reunión, manifestación, igualdad y libertad religiosa.
La sentencia rechaza todas las impugnaciones y explica que «el delito de acoso para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo pretende la protección de un interés con cobertura constitucional suficiente, como es la garantía de la libertad de las mujeres» para llevarla a cabo.
El TC reconoce que la persecución de oficio de este acoso puede afectar a la intimidad de las víctimas que deciden no denunciar y no exponer sus vivencias en torno a la decisión de abortar, pero cree que «ese sacrificio se justifica por el interés público de la investigación del delito y porque el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tiene una proyección general relacionada con la garantía al igual disfrute, entre hombres y mujeres, del derecho a la salud sexual y reproductiva, en un contexto social en el que su ejercicio por las mujeres aún experimenta dificultades estructurales».
Los cuatro magistrados que no han respaldado la sentencia han anunciado que redactarán su voto particular.
Antsoain, Gasteiz y Donostia
Estos tipos de acoso se han producido en Euskal Herria ante clínicas abortistas, primero en la localidad navarra de Antsoain (el entonces arzobispo, Francisco Pérez, participó en un rosario), y más tarde en Gasteiz y Donostia.