La Unión Europea aprueba reformar los mercados de gas y electricidad
Los Veintisiete han dado este martes luz verde final a la reforma del mercado eléctrico de la UE, bajo la premisa de que será «más estable y asequible». Asimismo, con la reforma del mercado del gas buscan facilitar la incorporación a la red de energías renovables y con bajas emisiones de carbono.
La Unión Europea ha dado este martes luz verde final a la reforma del mercado eléctrico de la UE, que pretende hacer que este sea más estable y asequible, además de proteger a los consumidores contra la volatilidad de los precios. El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea ya lo habían acordado en diciembre y ahora se le ha dado la aprobación definitiva.
La reforma, compuesta por un reglamento y una directiva, asegura que los consumidores tengan derecho a acceder a contratos de precio fijo o contratos de precio dinámico, y recibir información importante sobre las opciones a las que se suscriban, mientras que no se permitirá a los proveedores cambiar unilateralmente los términos de un contrato.
Además, en base a las nuevas normas, los países de la UE pueden prohibir a los proveedores cortar el suministro de electricidad a clientes vulnerables, incluso durante disputas entre proveedores y clientes.
La legislación prevé los llamados contratos por diferencia (CfD), o esquemas equivalentes con los mismos efectos, para fomentar la inversión en energía ya que se permitirá su uso en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energías renovables o nucleares. En un CfD, una autoridad pública compensa al productor de energía si los precios del mercado caen demasiado, pero le cobra pagos si los precios son altos.
El texto establece también un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad cuando estos experimenten un fuerte repunte y bajo ciertas condiciones, lo que permitirá a los Estados miembro tomar medidas temporales para fijar los precios de la electricidad para las pequeñas y medianas empresas y los consumidores industriales con uso intensivo de energía.
Mercado del gas
Del mismo modo, han aceptado la reforma del mercado del gas de la UE, que pretende facilitar la incorporación a la red de las energías renovables y con bajas emisiones de carbono, incluido el hidrógeno.
«Las nuevas normas ayudarán a realizar la transición hacia gases renovables y de bajo carbono, en particular el hidrógeno, en el sistema energético, con el objetivo de alcanzar las metas de descarbonización de la Unión Europea», ha indicado en un comunicado el Consejo de la UE
Las nuevas normas deben facilitar que la UE se aleje de los combustibles fósiles, especialmente de los hidrocarburos rusos, y que alcance su objetivo de convertirse en un territorio climáticamente neutral en 2050, ya que esos combustibles se consideran cruciales para descarbonizar sectores como la aviación o el transporte marítimo.
Entre otros puntos, creará un nueva entidad para los operadores de redes de hidrógeno (ENNOH), un sistema para aplicar tarifas de red y una metodología para la certificación de gases bajos en CO2, además de facilitar que los usuarios puedan cambiar de proveedor con facilidad.
La legislación introducirá un sistema conjunto de compra de gas para evitar la competencia entre los países de la UE y un proyecto piloto para reforzar el mercado del hidrógeno de la UE durante cinco años.
El reglamento también se centra en aumentar las inversiones en infraestructura de hidrógeno, especialmente en las regiones carboníferas, promoviendo una transición a fuentes de energía sostenibles como el biometano y el hidrógeno con bajas emisiones de carbono.
Asimismo, busca garantizar la protección de los clientes vulnerables y más afectados por la pobreza energética, ya que las nuevas normas incluyen un escudo contra las desconexiones y el nombramiento de proveedores de último recurso para garantizar la continuidad del suministro.
Las nuevas normas prevén también que no se firmen más contratos de gas fósil a largo plazo a partir de 2049.
El Reglamento se aplicará seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE mientras que los Estados miembros tendrán dos años para adaptar su legislación nacional a las disposiciones de la Directiva.