«Falta justicia cuando el Estado es el violador de los derechos humanos»

Estebal Beltrán dirige desde 1997 la sección estatal de Amnistía Internacional, que ha exigido al Gobierno que haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha contra ETA.

Hace años que AI se sumó a la denuncia de torturas en Euskal Herria. ¿Ha constatado algún avance?

Hubo un régimen de incomunicación que se mantiene en la legislación, aunque ahora se aplica menos. Durante diez días cualquier persona acusada de terrorismo podía estar en manos de las fuerzas de seguridad sin la apropiada supervisión judicial y sin que hubiera garantías de su integridad física. Además, hubo una política en contra de las normas penitenciarias internacionales que no buscaba la integración social de la gente. Y sí, en ese contexto hubo torturas y malos tratos. El problema es que hubo impunidad en la mayoría de los casos. Está documentado por Amnistía Internacional, la ONU y el propio Instituto Vasco de Criminología, que recopiló miles de testimonios. Esas víctimas han quedado sin reparación y sin reconocimiento.

¿Puede haber justicia para esas víctimas?

Hay un problema general en España de falta de verdad, justicia y reparación a víctimas cuando el Estado es el violador de los derechos humanos. Esto ocurrió en el franquismo y ocurrió también con las víctimas asesinadas por grupos de extrema derecha aliadas de la policía en la transición, y con las torturas en el País Vasco. Pero también ha ocurrido con las residencias durante la pandemia, cuando murieron unas 30.000 personas mayores y apenas se han logrado avances en los tribunales. Gente que murió sin atención, ni protocolos, sobre todo en Catalunya y Madrid, que hicieron que la gente no fuera tratada con medicamentos, muriendo como un perro. Es una desgraciada tradición, pareciera que cuesta mucho, cuando el Estado es el responsable de la violación de derechos humanos, que haya un reconocimiento de lo ocurrido. La prueba es que, por ejemplo, del año 1975 al 2010 ha habido 50 comisiones de la verdad en todo el mundo sobre países que han pasado de dictadura a democracia o de conflicto armado a paz, y en España nunca la hubo.

¿Esta falta de reparación y justicia se ha dado con independencia de quién gobierne en el Estado español?

No, tampoco vamos a hacer una brocha gorda con todo esto. También las cosas cambian y hay determinadas leyes. Además, ha habido justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero no son del Estado. Mientras las víctimas del terrorismo sí han tenido apoyo, no hay avances en la justicia, por ejemplo, de los bebés robados a quienes se sustrajo su identidad, no solo durante el franquismo, sino durante la democracia. Si la justicia no resuelve la violación de los derechos humanos en el pasado, es muy difícil que el futuro sea próspero y, por tanto, hay que resolver esta cuestión.

«Mantener una legislación antiterrorista representa una amenaza a la libertad de expresión, como se ha visto con el Tsunami Democràtic»

Si no se ha reparado el daño a las personas que se torturó en Euskal Herria, ¿es posible ir hacia la reconciliación?

Yo hablaría de justicia. Las víctimas de ETA sí han tenido mucho apoyo, aunque también hay que contar que en los años 80 y principios de los 90 estaban completamente solas. Afortunadamente, en este caso ha habido buenas medidas de reparación y reconocimiento. Pero hay una parte que no se ha tratado, aunque se han aprobado dos leyes en el País Vasco y en Navarra que buscan el reconocimiento de las víctimas de todo tipo y esos son intentos buenos.

¿Considera que nunca hubo justicia con los GAL?

Fue una cosa mixta, porque hubo sentencias condenatorias al secretario de Estado, Rafael Vera, y al ministro de Interior, José Barrionuevo, y eso es importante en sí mismo, porque los tribunales demostraron que hubo implicación clara del Estado. Sin embargo, de los 30 ó 35 casos, una buena parte de ellos ha quedado en la impunidad.

Echando la vista más atrás, ¿cómo valora que se diera carpetazo al franquismo con una transición en la que los criminales nunca fueron juzgados mientras miles de personas siguen desaparecidas?

La transición cubre muchos más aspectos que solo la parte de violación de derechos humanos durante el franquismo. También hubo una Constitución y cosas positivas. Lo que sí pasó es que no hubo reparación ni reconocimiento a miles de víctimas del franquismo que sufrieron ejecuciones y pena de muerte, o que fueron perseguidas y recluidas en campos de concentración sufriendo un trabajo esclavo. El Tribunal Supremo consideró en el año 2012 que lo que había ocurrido durante el franquismo no eran crímenes de derecho internacional o crímenes muy graves, sino delitos comunes. Eso cerró la vía judicial y, por eso, mucha gente acude a Argentina y a otros lugares en busca de justicia.

«Cuando el presidente del Gobierno español habla de regeneración democrática, debe empezar por la Ley Mordaza»

¿Cómo califica la situación de los Derechos Humanos en el Estado español?

El principal problema tiene que ver con la inmigración y el refugio. El otro aspecto importante es la ley mordaza, que restringe gravemente el derecho a la libertad de reunión con multas millonarias. Cuando el presidente del Gobierno español habla de regeneración democrática debe empezar con cambios en la Ley Mordaza para garantizar la libertad de expresión y reunión. También debería haber una reforma de la Ley de secretos oficiales que permita que nunca se queden en secreto las violaciones a los derechos humanos. El tercer elemento son los cambios en el Código Penal, ya que mantener una legislación antiterrorista cuando ya no existen grupos terroristas representa una amenaza a la libertad de expresión, como hemos visto con las acusaciones del Tsunami Democràtic.

¿Pueden cerrarse los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), convertidos en cárceles de migrantes?

Los Gobiernos tienen derecho a regular la migración, pero el problema es cuando los CIES se convierten en lugares donde personas que no han cometido ningún delito son encerradas. Además, muchas de las personas que son metidas en los CIES no son personas que van a ser expulsadas, por lo que los jueces de vigilancia y los gobiernos deben tomar medidas alternativas, de modo que no sea la tendencia natural meter en un CIE al migrante que llegue a España, porque eso es vulnerar los derechos humanos y solo debe hacerse como medida última en caso de que cometiera algún delito.

¿Cómo han visto la deriva hacia la ultraderecha en algunas Comunidades Autónomas?

Un elemento preocupante es que, actualmente, hay una tendencia dentro del ámbito de las comunidades autónomas de ignorar a las víctimas del franquismo. Esto es algo que muestra que, cuando no se resuelven las heridas a tiempo, permanecen abiertas siempre. ¿Cómo es posible que haya políticos que todavía no estén de acuerdo con que cualquier persona que sufrió torturas o la ejecución de familiares o que están en las fosas tengan derecho a conocer lo que ocurrió? ¿O con que el Estado colabore para exhumar a los seres queridos? Se están creando algunas leyes como la de la concordia en Aragón, cuando en realidad hubo una dictadura que duró 40 años y no hubo dos partes, sino unas víctimas de la dictadura.

¿Cuál es su prioridad en estos momentos?

Estamos analizando todo el sistema sanitario, porque la atención primaria está en riesgo y es adonde acude el 80% de la gente cuando se pone enferma. La OMS recomienda que al menos el 25% del presupuesto en salud vaya a atención primaria y en el Estado no pasa del 15 o el 16%. Además, el 60 o 70% de los temas urgentes no se atienden en 24 o 48 horas.