ELA propone declarar todo Hego Euskal Herria como zona tensionada para abaratar los alquileres
El sindicato ELA ha presentado propuestas como crear un índice de vivienda de alquiler, controlar el uso turístico y movilizar las 100.000 viviendas desocupadas. Denuncia que las medidas actuales «propician un trasvase de dinero público a las constructoras y los propietarios».
ELA ha presentado este martes un informe que analiza el impacto de las zonas tensionadas en el precio de la vivienda de alquiler, y propone una serie de medidas al respecto, como declarar todo Hego Euskal Herria como zona tensionada, crear un índice de vivienda de alquiler, controlar el uso turístico, movilizar las 100.000 viviendas desocupadas o garantizar el derecho subjetivo a la vivienda por ley.
El sindicato ya consideró insuficiente la Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 al considerar que no combatía la especulación inmobiliaria y sus medidas para abaratar los alquileres eran «insuficientes». Un año después, en su reciente informe, concluye que las medidas políticas para limitar el precio de los alquileres «dejan muchísimas puertas abiertas para que el mercado siga campando a sus anchas, lucrándose a costa de un derecho que debiera ser universal».
En concreto, ELA denuncia que estas medidas que están adoptando los gobiernos «no suponen ningún cambio de orientación: colaboración público-privada, ayudas a los arrendatarios, reducciones fiscales para propietarios… Toda una batería de propuestas que trasvasan dinero público hacia las constructoras y los rentistas».
Alza de los precios de alquiler y 6.700 pisos turísticos
Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, el 81% de las personas que viven de alquiler lo hacen porque no pueden permitirse una vivienda o están de forma temporal hasta que puedan hacerlo. Además, el precio de los alquileres sigue encareciéndose en todo Hego Euskal Herria. Por ejemplo, una vivienda de 80 m² cuesta una media de 1.376 euros mensuales en Donostia, 1.136 en Bilbo, 912 en Gasteiz y 848 en Iruñea.
ELA subraya que en la CAV se registran 92.231 propietarios con viviendas en alquiler, cuyo perfil responde a personas de 60 años, con estudios superiores y de nacionalidad española, pero que no son grandes tenedores en los términos que establece la Ley, es decir, aquellas persona que tengan 5 o más inmuebles en propiedad.
Así, el informe de ELA concluye que el 72% de las personas inquilinas viven de alquiler porque no tiene dinero para comprar. Y en ese punto destaca la situación de la juventud, que debe destinar al alquiler el 50% (56% en el caso de las mujeres) de sus ingresos.
Otra de las críticas que hace el sindicato es que la Ley renuncia a regular las viviendas turísticas, «lo que está conllevando un aumento de las mismas, agravando el problema del acceso a la vivienda». De hecho, las viviendas turísticas en Hego Euskal Herria han aumentado un 30% desde 2022 (hay 5.140 en la CAV y 1.583 en Nafarroa).
Las propuestas de ELA
Ante esta situación, ELA propone en su informe una batería de medidas a tomar que pasan, en primer lugar, por declarar todo el territorio de la CAV y Nafarroa, sin excepción, como zonas tensionadas y aplicar la normativa a todas las viviendas de alquiler, no solo a las que están en manos de los denominados grandes tenedores.
También propone crear un índice de alquiler de vivienda en Hego Euskal Herria, «involucrando a los movimientos sociales que llevan años trabajando estas cuestiones», y movilizar las 100.000 viviendas vacías para alquiler.
El sindicato también considera que las instituciones públicas deben «limitar e incluso prohibir si es necesario» la oferta de pisos turísticos para aumentar el parque de viviendas en alquiler.
Por otro lado, propone crear una empresa pública de construcción de vivienda «para que se pueda construir vivienda protegida sin estar a merced de las constructoras».
Asimismo, exige garantizar el derecho subjetivo a la vivienda por ley; «cambiando las actuales políticas de fomento inmobiliario y eliminando los beneficios fiscales para la clase propietaria»