Toque de queda, orden de disparar y apagón digital contra las protestas en Bangladesh
Un estricto toque de queda con órdenes de disparar y un apagón de comunicaciones y medios han sido impuestos en Bangladesh mientras el país acumula más víctimas en las violentas protestas estudiantiles contra las cuotas de empleo público, que superan ya el centenar de muertos en cinco días.
Al menos 109 personas han muerto y varios cientos han resultado heridas en las peores protestas de los últimos años en Bangladesh, según un balance realizado por la agencia Efe.
Las manifestaciones, convocadas principalmente por grupos de estudiantes, exigen la reforma o eliminación de un sistema de cuotas que reserva cerca de un tercio de los puestos gubernamentales para familiares de veteranos de la guerra de independencia de 1971, un grupo visto como simpatizante del Gobierno bangladeshí.
Entre estos grupos se encuentra el encabezado por el activista Nahid Islam, detenido según su formación en torno a la pasada medianoche cuando iba a reunirse con dos colaboradores en la capital, Daca, según informa la filial bangladeshí de la cadena BBC.
Los manifestantes argumentan que el sistema de cuotas es discriminatorio y beneficia a los partidarios del partido gobernante, la Liga Awami, mientras que el Gobierno defiende el sistema como una forma de honrar a los veteranos de la guerra.
Precisamente, el Tribunal Supremo del país deliberará este domingo si acepta la petición del Gobierno para que consolide la suspensión provisional del polémico sistema de cuotas.
El Ejecutivo ha impuesto un toque de queda vigente hasta este domingo, con la orden de «disparar al momento», y ha bloqueado las comunicaciones móviles e internet, lo que ha aislado casi por completo a la nación asiática del resto del mundo y paralizado el trabajo de los medios independientes.
Las autoridades también han cerrado universidades, escuelas y han prohibido reuniones públicas.
Los datos de los principales hospitales de la capital indican que el día más violento de las protestas fue el viernes, cuando se registraron 59 personas fallecidas, muchas de ellas estudiantes.
Las autoridades no han ofrecido un balance de víctimas hasta ahora.
«El creciente número de muertos es una prueba impactante de la absoluta intolerancia mostrada por las autoridades de Bangladés hacia las protestas y la disidencia», afirma en un comunicado la organización Amnistía Internacional, que ha denunciado en varias ocasiones el uso de «fuerza ilegal» contra los manifestantes.
Además, ha criticado el bloqueo de la información «durante lo que ha sido una semana de escalada de violencia y dura represión de las protestas estudiantiles en todo el país».
El corte de internet en todo el país ha impedido no solo el acceso a la red, sino también las llamas telefónicas y los mensajes de texto, especialmente desde el extranjero. Los medios de comunicación digitales han estado fuera de servicio durante días y solo los canales de televisión vinculados al Gobierno de Hasina se mantienen funcionando.
A pesar del estricto toque de queda, se han registrado protestas y enfrentamientos en varias zonas del país, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad.
El Ejército ha patrullado las calles con altavoz para instar a la gente a abandonar las zonas de protesta; sin embargo, no se han registrado disparos, según testigos.
«El Ejército no está tomando acciones (violentas), pero la Policía está disparando con escopetas. Los manifestantes son principalmente gente común», asegura a Efe uno de los manifestantes.
En un intento de calmar la situación, las autoridades han declarado festivos generales el domingo y el lunes. Además, las fábricas textiles han sido cerradas el domingo por razones de seguridad para proteger a los trabajadores.
La situación sigue siendo tensa y volátil en Bangladesh, sin perspectiva de resolución, con los estudiantes reticentes a conversar con el Gobierno.
El Gobierno de Hasina ha cancelado este sábado los viajes oficiales de la primera ministra al Estado español y Brasil, que iba a comenzar mañana domingo, debido a la que es la peor crisis a la que se enfrenta la gobernante desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva el pasado enero.