Hematomas, calor excesivo, falta de pañales... familiares denuncian a una residencia de Gasteiz

En la residencia Arabarren de Gasteiz, pública pero de gestión privada, se vive una situación de maltrato, según han denunciado familiares de los residentes. Desde comentarios despectivos a desparición de prendas pasando por recortes en plantilla, pañales y comida.

Testimonios de diversos familiares de personas ingresadas en el centro han revelado importantes deficiencias con efectos sobre la salud en la residencia Arabarren de Gasteiz. Hablan de hematomas sin aclarar, de calor excesivo en las habitaciones que obliga a hospitalizar a al menos una de las personas residentes, caídas de la cama, falta de pañales o pérdidas de ropa, entre otras cosas.

Fuentes de la Diputación de Araba han apuntado a varios medios que tienen constancia de estas quejas de los familiares y que abrirán una inspección extraordinaria sobre el centro.

Arabarren, instalada en el barrio de Lakua con capacidad para 150 personas, abrió sus puertas en enero del pasado año con una fórmula de gestión público-privada y definida como el puntal de un nuevo modelo residencial. Es pública pero es la Corporación Mondragon quien la gestiona a través de la empresa Krean.

Desde la asociación de apoyo a personas dependientes Zaintza Araba, lamentan que la situación en esta residencia que «vendieron como un hotel de lujo» se parece «al guión de una película de terror». Además, aseguran que Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales, es conocedor de la situación.

En concreto, denuncian hematomas y heridas «que nadie sabe ni cómo ni cuándo se han producido», comentarios despectivos e irrespetuosos, errores en la medicación, desaparición de prendas, planes de atención individualizada (PAI) con «grandes errores», 29 grados de temperatura por las noches en las habitaciones, menos cambios de pañales y menos yogures.

Respecto a la plantilla, según los familiares un porcentaje «muy alto» no es profesional y cubren los ratios legales pero no los necesarios para garantizar una buena calidad asistencial. Han revelado que hay ocasiones en las que una auxiliar de noche de una unidad tiene que ir a otra planta dejando a un número «importante» de usuarios solos. Encima, está previsto reducir la plantilla de tres a dos auxiliares por cada 25 residentes. «¿Qué cuidados van a dar?», se preguntan.

«Estas pinceladas de lo que se vive en Arabarren son un sutil reflejo del maltrato que están sufriendo tanto usuarias como familiares y allegadas, a lo que hay que unir comportamientos fuera de lugar como lo es el hacer llegar cartas anónimas a familiares, que están creando una ansiedad insufrible», resumen desde Zaintza Araba.

Por su parte, EH Bildu de Araba ha presentado distintas iniciativas en Juntas Generales para reclamar aclaraciones, destinadas al diputado de Políticas Sociales. La procuradora Claudia Venceslao ha mostrado «nuestro apoyo a las familias que han dado el paso para sacar este tema a la luz. Sabemos que no ha tenido que ser fácil, y les agradecemos su valentía».

Multa a un residente en Laudio

Además, y «por si fuera poco» apunta Zaintza Araba, en la residencia San Roque de Laudio, pública, un residente pluripatológico, con deterioro cognitivo y que en algunas situaciones tiene comportamientos agresivos ha recibido desde la Diputación de Araba una propuesta de sanción económica de más de 800 euros.

De acuerdo con Zaintza Araba, se trata de un residente que no está siendo medicado según lo pautado por Osakidetza. Por lo tanto, «lo que necesita es una atención médica y de cuidados adecuada porque, ¿con la sanción económica se va a controlar su enfermedad?», denuncian. «Es un castigo añadido para la familia de una persona enferma, que necesita cuidados específicos y que ellos quieren convertir en un ingreso económico para las arcas forales», añaden.

Según resumen desde la asociación, «es patente que la gestión de los cuidados está a años luz de lo que las personas que los necesitan se merecen. Las instituciones y las empresas que gestionan estas residencias, una vez más, dejan patente que usuarias, familiares y allegados no tienen derechos, son un número del que solo se acuerdan, unos cuando hay que facturar, y los otros cuando quieren buscar rentabilidad política».