Solo el 9% de las residencias de la CAV son de gestión pública

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay cerca de 20.000 plazas residenciales destinadas a la atención de personas dependientes. Si bien un gran número de ellas forma parte de la red pública e incluso se ofrecen en centros de titularidad pública, cerca del 91% las gestionan entes privados.

Son cerca de 20.000 las plazas residenciales para personas dependientes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Solo el 9% de todas ellas es de titularidad y gestión pública. El resto, sean de la titularidad que sean, es gestionado por entidades privadas, en su mayoría empresas privadas con ánimo de lucro. Es un servicio que se administra desde las diputaciones y, por lo tanto, la situación varía de un herrialde a otro.

Así, en Araba, el 30,60% de las plazas residenciales son de titularidad pública, sin embargo, solo el 24,12% del total es de gestión pública, el resto son plazas concertadas o privadas.

En Bizkaia, el reparto es similar en cuanto a la titularidad, ya que el 25,97% pertenece a Diputación o a algún ayuntamiento. Sin embargo, el 95,99% de plazas se gestiona de manera privada. En Gipuzkoa, el 57% es de titularidad pública, una cifra notablemente superior a la del resto de herrialdes. Sin embargo, solo el 10% de las plazas se gestiona de manera pública.

En Bizkaia el 26% pertenece a Diputación o algún ayuntamiento, pero luego el 96% de las plazas se gestiona de manera privada

Esto se traduce en unos datos generales que causan preocupación en sindicatos y asociaciones de familiares: más del 90% de las plazas residenciales de la CAV las gestionan entes privados, en su mayoría empresas con ánimo de lucro.

Maita Ramos, de la asociación de familiares de personas usuarias de residencias Zaintza Araba, tiene claro que la decisión de privatizar el servicio obedece a motivos económicos: «La plantilla les sale más barata». Identifica también un problema respecto a la formación de las trabajadoras, ya que hay veces en las que un curso que puede realizarse online es suficiente para trabajar en una residencia, por lo que afirma que «necesitan que se les ofrezca una formación continuada para que puedan dar un buen servicio».

Destaca lo negativo de la privatización, que lleva a las trabajadoras a cobrar «una miseria» con unas condiciones cuando menos precarias. Por eso, desde Zaintza Araba defienden que los cuidados sean «públicos y universales».

La actitud de las instituciones le lleva a creer que la situación no va a ir a mejor a corto plazo, por lo que se muestra desmoralizada. Con ella coincide Iraide Urriz, de Babestu Bizkaia, asociación homóloga a Zaintza Araba: «Las instituciones se posicionan a favor de la empresa y nosotras estamos desprotegidas como familiares».

En Gipuzkoa, el sistema de cuidados funciona de una manera diferente, ya que el 90% de las plazas, sumadas las de gestión pública y privada, forma parte de la red pública. Xanti Ugarte, de la asociación Gipuzkoako Senideak, explica que, en general, las directrices impuestas por Europa desde la pandemia han mejorado las instalaciones de las residencias de la CAV, con más habitaciones individuales, por ejemplo. Sin embargo, coincide con Ramos en destacar la falta de personal.

Más recursos

Ugarte entiende que en la mayoría de los casos quien trabaja en residencias es porque no encuentra otra cosa, debido a las condiciones en las que tienen que ejercer, y cree que necesitan herramientas para hacer bien su trabajo y que quien tiene vocación pueda llegar a jubilarse realizando ese trabajo. A su juicio, la solución es clara: «Hace falta más dinero, si las trabajadoras no están a gusto, no hay nada que hacer». Para que lo estén, considera indispensable que no trabajen para empresas privadas.

Xanti Ugarte (Senideak Gipuzkoa): «Hace falta más dinero, si las trabajadoras no están a gusto, no hay nada que hacer»

Además, echa en falta acompañamiento y escucha por parte de las administraciones públicas. Las situaciones que llevan a trasladar a un familiar a un centro residencial suelen ser límites y acostumbran a ser decisiones tomadas desde la desesperación. Ugarte cree que se debería de asesorar y acompañar a las familias a la hora de elegir el servicio que mejor puede ajustarse a sus necesidades.

Karmen Estebaranz es familiar de un usuario de la residencia San Pedro, en Pasaia, Gipuzkoa. Se trata de un centro residencial de titularidad y gestión pública. Las carencias que identifica en cuanto al servicio son, sobre todo, relativas a las condiciones en las que se encuentran las instalaciones. Si bien han conseguido que se realicen algunas mejoras, la estructura antigua del edificio, pensado para usuarios más autónomos de los que acoge en este momento, «limita enormemente la movilidad e intimidad de los residentes».

«Se ha creado un comité que reúne a la dirección, trabajadora social, trabajadoras, familiares y residentes, para observar lo que es la experiencia vital que están viviendo ahí, sin las teorías de tantos ratios por residentes, desde una necesidad vital». Una iniciativa con la que se muestra muy agradecida por lo útil que está resultando. Eso algo que no sucede en todas las residencias y Estebaranz anima a ponerla en marcha en todos los centros al considerarla una herramienta eficaz para la resolución de situaciones a corregir.

Una de tantas

La familiar de Blanca Esther Montón lleva en Arabarren desde que se abrió la residencia y asegura que los cuidados dejan «mucho que desear»: «Al principio fue horrible, tenía muchos hematomas, muchos golpes». Además, debido a una escara, precisa de cambios posturales que, según Montón, las personas que debían atenderla no sabían como llevarlos a cabo. «Se lo hacían en el borde de la cama y sin barreras. Yo les decía que se iba a caer y me decían que la residencia no usa barreras», cuenta. Añade que, efectivamente, acabó cayéndose y permaneció en el suelo durante un intervalo de tiempo que las trabajadoras no son capaces de concretar, aunque deberían pasar por las habitaciones cada 15 o 20 minutos.

Es una anécdota de las tantas que Montón relata, y achaca todas ellas tanto a la falta de personal como a la falta de saber hacer de la plantilla. Explica que no son pocas las veces en las que tres trabajadoras tienen que atender a 25 usuarios, cuando la persona de refuerzo no es sustituida.

«Es un aparcamiento», asegura una familia sobre el centro Arabarren, presentado como pionero de un nuevo modelo pero que ha generado quejas

«Es un aparcamiento», asegura Montón, ya que la falta de personal hace que no puedan realizar ningún tipo de actividad con las personas residentes.

Arabarren es una residencia de titularidad pública pero gestión privada, es decir, la administra una empresa privada, en este caso, el Grupo Mondragón.

Montón cree que, al ser una plaza pública, el servicio debería de ser el mismo que se proporciona en los centros que no están privatizados, con un ratio de 5 trabajadoras por cada 25 usuarias.

Maria Victoria Vallejo es consciente de que su situación personal no es en absoluto única: «Los ratios de por sí ya son deficitarios, entonces, lo que se está dando en esta residencia se está dando en todas». Aunque se muestra agradecida con el personal, porque considera que en las condiciones en las que trabajan hacen lo que pueden por dar un buen servicio.

Un varapalo para las familias

«Tener que dejar a un familiar en la residencia supone un varapalo, y tienes que hacer un trabajo personal muy grande para asumir por lo que estás pasando», explica Vallejo, ya que «estás llevándolo a un sitio en el que no quieres que esté». Además, sabe por experiencia propia que la residencia no exime al cuidador, en la mayoría de casos cuidadora, de ocuparse de las atenciones que precisa su familiar: «El centro no le da una atención del 100%; si tú no vas, no sale a la calle, por ejemplo».

Alicia Torre tomó la decisión de llevar a su familiar a una residencia ante la imposibilidad de seguir cuidándolo en su domicilio porque las numerosas patologías que padece le habían provocado un nivel de dependencia muy elevado y, en estos momentos, ocupa una plaza en la residencia San Roque de Laudio, en Araba, de titularidad y gestión públicas.

En el momento en el que Torre relató su experiencia a GARA, su familiar acumulaba dos expedientes con propuesta de sanción por dos incidentes en los que él habría mostrado una actitud agresiva, sanciones que ascienden a 800 euros.

Torre achaca esa reacción al hecho de que su familiar esté inframedicado, ya que asegura que, siguiendo el criterio del personal médico del centro, no se le administran todos los calmantes que le pautó su especialista.

Las faltas se las han puesto a su familiar, pero las sanciones tiene que pagarlas Torre, ya que la pensión del residente se destina casi íntegramente al pago de la plaza, y la multa equivale a la pensión que recibe la propia Torre. Por ello está luchando para que la sanción sea retirada y ha llegado, incluso, a ponerse en contacto con Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales de Araba, quien, en una conversación telefónica, le ofreció una «rebaja» en la sanción. Sin embargo, Torre tiene claro el camino a seguir: «Que se quede con su rebaja, que voy a por todas».