Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, desde Cermin ponemos de manifiesto la relación entre la discapacidad y la pobreza, siendo esta una realidad compleja que muestra cómo ambas condiciones se interrelacionan. Las personas con discapacidad y sus hogares suelen estar en una posición de mayor vulnerabilidad económica, debido tanto a los elevados costes asociados a la atención de la discapacidad como a la disminución de las oportunidades para generar ingresos.

En cuanto a los gastos, las familias con personas con discapacidad se ven obligadas a asumir costes adicionales relacionados con tratamientos médicos, rehabilitación, productos de apoyo y adaptaciones para la accesibilidad en la vivienda y los vehículos. Estos gastos incrementan de forma considerable el coste de vida en los hogares donde reside una persona con discapacidad, independientemente de su nivel de ingresos. Como señalan Anaut y Arza (2015) en su estudio, «la discapacidad no es sinónimo de pobreza, sino un factor más de riesgo», ya que los costos de vida aumentan según la gravedad de la discapacidad.

Los informes recientes del Observatorio Estatal de la Discapacidad revelan que, en España, en 2021, el 33% de las personas con discapacidad se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje significativamente superior al 24,5% de la población sin discapacidad. Esta diferencia muestra cómo la discapacidad es un factor estructural que amplifica el riesgo de pobreza y exclusión, afectando no solo a los ingresos, sino también a la estabilidad laboral y la calidad de vida de las personas.

En este contexto, el 27% de las personas con discapacidad enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, un dato que subraya la enorme brecha económica que sigue afectando a este colectivo.

Si añadimos la variante «género» cuando hablamos de exclusión y pobreza los datos se potencian, como señala el informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad, «cuando se combinan factores como el género y la discapacidad, las probabilidades de vivir en la pobreza se multiplican, impactando de manera desproporcionada en la estabilidad económica y social de las mujeres».

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó en 2022 su tercera edición de la Encuesta a Personas sin Hogar, revelando datos como que, de las 28.552 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales, el 20% tiene algún tipo de discapacidad. Este dato supone un incremento del 71% respecto a 2012, lo que subraya cómo la falta de un hogar afecta de manera desproporcionada a este colectivo.

Si hablamos del tipo de discapacidad que más predomina en las personas sin hogar se encuentran la discapacidad física y psíquica. Además, un 40% de estas personas tiene un grado de discapacidad reconocido de entre el 65% y el 74%. Como recoge la encuesta, «los principales motivos por los que las personas con discapacidad se quedaron sin hogar fueron la hospitalización y los desahucios (20% en ambos casos), seguidos de la pérdida de empleo (18%)».

Todo esto se enmarca en lo que podemos llamar un agravio económico comparativo. El coste elevado de vivir con una discapacidad –tratamientos, cuidados, adaptaciones– se suma a la dificultad de mantener un empleo o progresar en la carrera profesional debido al tiempo y esfuerzo dedicados al cuidado.

Podríamos decir que la discapacidad no es sinónimo automático de pobreza, pero en un entorno que no ofrece el apoyo suficiente, amplifica considerablemente los riesgos. La pobreza y la discapacidad se retroalimentan en un ciclo de exclusión, y es esencial que las políticas públicas reconozcan el agravio económico comparativo que enfrentan estas familias, para poder ofrecer soluciones que verdaderamente promuevan su inclusión y bienestar.