Actualmente, en Navarra y en el resto del Estado, un bebé que nace en una familia biparental puede ser cuidado durante sus primeras 32 semanas de vida por su figura de apego más cercana. Este es el caso de las familias formadas por una pareja heterosexual, en donde este bebé estaría cuidado 16 semanas por su madre y otras 16 semanas por su padre y del mismo modo en las familias formadas por parejas homosexuales, eso sí, registradas como matrimonio.

En el caso de una familia monoparental (compuestas en un 82% de los casos por mujeres, por ello las llamaremos monomarentales a partir de ahora), el Gobierno de Navarra niega a esa criatura el derecho a ser cuidada durante 32 semana por su figura de apego más cercana como el resto de bebés. De esta forma, se ejerce una doble discriminación, por un lado hacia las y los menores que nacen en familias monomarentales, al disponer de la mitad de tiempo de cuidados respecto a quienes nacen en familias biparentales; y por otro, de forma indirecta, a las mujeres o personas gestantes que forman familias monomarentales.

No reconocerles este derecho vulnera infinidad de leyes tanto europeas como estatales sobre la igualdad ante la ley o la discriminación de las mujeres. Vamos a mencionar aquí solamente la legislación española y navarra. Se vulnera el principio de igualdad, artículo 14 de la Constitución, por lo comentado anteriormente, además del artículo 39.2 que afirma que «los poderes públicos asegurarán la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación y del estado civil de las madres».

Además, no reconocer el derecho del menor al cuidado contradice la Ley de Protección Jurídica del Menor que protege el interés superior del menor por encima de «cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir».

Sorprende que el Gobierno de Navarra niegue la igualdad de derechos a las familias monomarentales cuando la ley de igualdad de Navarra de 2019 señala que se facilitará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pretende reforzar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. Dicha ley propugna un «cambio de valores que fortalezca la posición de las mujeres», y coloque en el centro «la sostenibilidad de la vida».

Pues bien, «colocar en el centro la sostenibilidad de la vida» y «facilitar la conciliación» es apoyar a las mujeres que crían en solitario y «favorecer un cambio de valores», se entiende que menos patriarcales, pasa por apoyar a las personas gestantes que rompen con la institución de la familia nuclear y deciden criar en solitario y/o con su comunidad.

Estas familias monomarentales forman parte de esa diversidad familiar que muchas leyes pretenden apoyar y no discriminar. Son familias que rompen con la institución de la pareja, que crían sustentadas por redes de apoyo que exceden el estrecho y patriarcal espacio de la familia nuclear, creando grietas en el imaginario tradicional de los afectos. Hoy en día, el concepto de familia excede la biología, la desborda y amplifica y se crean nuevos referentes que enriquecen una sociedad cada vez más diversa.

A las dificultades sobrevenidas por gestar y criar fuera del marco de la pareja se le añade un peso más, la carga económica y emocional de tener que buscar cuidador o cuidadora, o dejar el trabajo, si se tiene, para cuidar. En ambos casos se ahonda, una vez más, en el empobrecimiento de las mujeres. Por tanto, esta discriminación además de impactar en el bienestar físico y psicológico de la madre y los hijos e hijas, afecta de lleno a la economía familiar y es un mazazo más a la situación de estas familias.

Por todo ello, denegar a una trabajadora el derecho a la prestación de las semanas adicionales del segundo progenitor discrimina al o a la menor y de forma indirecta a las mujeres y personas gestantes.

Sin embargo, gracias a las luchas de las madres solteras organizadas se esperan mejoras, como ha anunciado el Gobierno español (Unidas Podemos) entre las que se encuentra que la madre pueda disfrutar de la baja del segundo progenitor inexistente.

A la espera de que la ley termine con esta desigualdad, muchas madres están llevando a los tribunales el derecho de sus hijas e hijos a ser cuidados por ellas y su derecho a cuidarlos, sin tener que salir del mercado laboral (o cogiendo una excedencia en el mejor de los casos) con el empobrecimiento de la familia que conlleva, de quien ella es la única sustentadora.

Mientras la ley no blinda el derecho a este permiso, algunas comunidades autónomas se lo han otorgado de oficio a sus empleadas públicas en comunidades autónomas con gobiernos supuestamente menos progresistas que el navarro, como son Galicia y Castilla la Mancha; en Aragón las luchas de las madres solteras por elección también están dando sus frutos.

No entendemos por qué en Navarra, un gobierno que impulsa políticas de igualdad, discrimina a algunas de sus empleadas y a sus hijas e hijos. Nos gustaría interpelar al Gobierno de Navarra y a la colaboración del INAI (Instituto Navarro para la Igualdad) para que termine con esta discriminación y deje de denegar este permiso, para que nuestras criaturas puedan estar cuidadas 32 semanas como las demás. Por tanto, creemos que esta medida de conciliación debe ser incluida, de facto, para que todas las trabajadoras podamos disfrutar de este derecho.

Es importante matizar que este artículo está escrito desde la posición de mujeres blancas, cis y europeas, empleadas del Gobierno de Navarra y por lo tanto apelamos a un derecho que es un privilegio para muchas mujeres de nuestra posición, privilegio que debería de ser un derecho para todas. Somos conscientes de que para otras mujeres, precarizadas por el mercado laboral, migrantes, racializadas o sin papeles la situación es mucho peor, al estar totalmente desprotegidas por las instituciones. Desde aquí exigimos a los diferentes gobiernos que garanticen los derechos de todas las criaturas independientemente del estatus social, económico o legal de sus madres y/o acompañantes, ya que ninguna persona es ilegal.