Realidad persistente de intransigencia en la búsqueda de canales, alternativas o soluciones políticas a los problemas políticos actuales que perduran desde el franquismo, «la España una, grande y libre por obra y gracia del dictador».

Una realidad persistente de bloqueo a los planteamientos de humanización y resolución de las consecuencias de un conflicto político –que ha traído y trae mucho sufrimiento– en parámetros de convivencia, normalización y garantías de no repetición.

Mientras hubo un planteamiento de reforma del franquismo de «reconciliación nacional» que generaba impunidad para los franquistas y dejaba a republicanos en la cuneta, hoy persiste una actitud de guerra por parte del Estado y de represión a todo aquello que pueda cuestionar esa «España, una, grande y libre», la actitud y amenazas hacia el proceso catalán o lo ocurrido con los jóvenes de Alsasua u Orereta son un claro ejemplo.

Son veinte años, donde los análisis desde la perspectiva del Estado han estado llenos de adjetivos, tópicos y típicos, con una dirección única que excluía otros análisis, incluso con amenazas represivas si se realizaban o se cuestionaba el interés de Estado.

Lo ocurrido hace veinte años refleja claramente lo que, desde un perspectiva de existencia de gestión política y búsqueda de soluciones, nunca debió ocurrir. Es el choque entre la brutalidad de la acción armada, algo que todo militante de ETA reconoce y asume y la crueldad del Estado, el cual ni la asume, ni la reconoce. El choque entre dos pretendidas legitimidades que refleja la incapacidad de búsqueda de soluciones a intereses contrapuestos o, quizá, antagónicos.    

Mucho se ha hablado del papel de la brutalidad de la acción contra Miguel Ángel Blanco, su secuestro y muerte, Mucho se ha hablado de la responsabilidad de ETA, de las contradicciones que generó, de la activación de la sociedad civil, sobre si fue o no el punto de inflexión para la derrota de ETA…

Poco se ha hablado de la crueldad del Estado en aquel hecho. De la falta de voluntad para buscar otra salida diferente a aquel hecho. De intransigencia en hacer un mínimo gesto que pudiera traer consigo otro resultado diferente. Poco se ha hablado del llamamiento de la hermana de Miguel Ángel Blanco al Gobierno para que realizara un gesto que posibilitase la liberación de Miguel Ángel Blanco.

Poco se ha hablado que hoy, veinte años después, lo que se ha llamado respuesta «cívica» de la sociedad civil desde la perspectiva de un relato adquiere una perspectiva diferente desde el otro relato: la perspectiva de la explotación de los instintos más bajos de venganza y violencia de las razzias políticas y policiales. Poco se ha hablado de la inacción de las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado que no solo no impidieron escraches o actos de violencia en Euskal Herria sino que iban a la cabeza de las manifestaciones de carácter violento. Nada se dice de los intentos de reventar fiestas o concentraciones populares o de la extensión de una denuncia de este hecho a la persecución ideológico-política de los considerados «abertzales» o «independentistas».

Veinte años después, seguimos sin cuestionar la necesidad y búsqueda de «mártires» de la causa de la «España una grande y libre», de Aznar y de Mayor Oreja. Seguimos sin cuestionar la rentabilización política y la reconversión de la indignación social, en la legitimación de la España más negra. Mucho tendríamos que hablar igualmente del papel del PNV o del PSE y no en cuanto al impulso o no de la respuesta de una parte de la sociedad civil, sino en cuanto a los llamamientos a la confrontación civil, en cuanto a la reconversión del «Espíritu de Ermua» en el espíritu de la España centralista y reaccionaria o en cuanto a la persecución ideológica política.
Pero veinte años después no me preocupan los diferentes relatos que se puedan dar en torno a lo que ocurrió; o lo que pudo ocurrir si se hubiera actuado de otra forma.

Me preocupa que 6 años después del cese de la actividad armada de ETA, el Estado siga manteniendo la misma actitud de inmovilismo, intransigencia y bloqueo en la búsqueda de la convivencia, la normalización política y las garantías de no-repetición. Me preocupa que el Estado siga generando sufrimiento, violencia y frustración en la sociedad vasca.

Me preocupa que el Estado asuma como legítimo la muerte de presos enfermos, caso Ibon Iparragirre, o el alejamiento de los y las presas de su entorno social y familiar. Me preocupa que asuma como legitimo la muerte de familiares o amigos en la carretera. Me preocupa que no exista ni el más mínimo reconocimiento del daño causado por el Estado, el trato diferente penalógico ante la muerte del contrario, la excepcionalidad y discriminación en el tratamiento de las y los presos y de la victimas. Me preocupa la instrumentalización política de las víctimas de ETA para legitimar la venganza y la crueldad.

Me preocupa la actitud servil frente a la crueldad del Estado. Me preocupa que frente a la demanda de movimientos en materia penitenciaria realizada por la mayoría social, sindical, política e institucional vasca, el Estado siga con una política de intransigencia, inmovilismo y bloqueo.

Me preocupa que no se den vías o canales políticos y democráticos para resolver los problemas políticos. Me preocupa que el Estado siga intentando rentabilizar políticamente su intransigencia e inmovilismo, queriendo vender una imagen de fortaleza, lo que no es más que miedo a la dialéctica política y debilidad del propio Estado para abordar lo problemas y las soluciones políticas.

Y me preocupa especialmente el respaldo acrítico en el relato de lo que ocurrió hace veinte años y su traslación a lo que ocurre hoy, sobre todo, por las consecuencias que esto pueda tener en el futuro.

Hoy igual que hace 20 años debemos exigir y crear condiciones para que del «basta ya» se pase al «nunca más y para nadie» y eso pasa hoy por el cese en la generación de sufrimiento por parte del Estado y por crear espacios de solución política integral en aras a una normalización política, convivencia y garantías de no repetición.