La empresa ferroviaria y de autobuses CAF, junto a su marca Solaris, pretende engañar a la administración pública, sea estatal o vasca, a las empresas públicas y privadas que la contratan, inversores y cualesquiera otros reguladores. Con la complicidad de los certificadores de Ernst Young. Negocio Responsable, Global Compact, de sellos de sostenibilidad ESG u otros de supuestos compromisos sostenibles, CAF pone railes y trenes en Territorio Ocupado Palestino (TOP) por Israel. No tiene reparos en asumir el trazado de las líneas de tranvía que recorren tierras del pueblo palestino No les tiembla el pulso si la colocación de sus raíles y trenes, suponen expropiaciones y expulsiones de palestinos. Obedecen las órdenes de la fuerza israelí. En consecuencia, CAF no cumple con la diligencia debida, ni practica información veraz.

La diligencia debida y el análisis de riesgo son las obligaciones de las empresas para vigilar el buen comportamiento y cumplimentación de las normas sociales, laborales, ambientales y de derecho internacional y nacional de ella misma y de las empresas o agentes con las que se relaciona, proveedores, clientes, administraciones, trabajadores, usuarios...
 
CAF considera que actuar y lucrarse en el Territorio Ocupado Palestino, al servicio de la potencia ocupante con sus objetivos de colonización y discriminación, es beatífico y convalida los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es cierto, que se reduce la huella de carbono, pero no promueve sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Las expropiaciones y expulsiones a los palestinos, inherentes al trazado de las líneas de tranvía entre Israel y los asentamientos próximos a la Jerusalén ocupada y facilitar el desplazamiento de la población de la potencia ocupante a Territorio Ocupado, violan el Derecho internacional, refuerzan los conflictos, la inseguridad ante la «justicia» del ocupante... Los raíles de CAF normalizan la ocupación y permiten la colonización en tierras ocupadas ilegalmente por Israel.

De este modo, en su ánimo de lucro y haciendo oídos sordos a la normativa de la diligencia debida, CAF afirma, sin sonrojo, que su socio Shapir, sus clientes, las autoridades de ocupación israelí o Egged, y sus proveedores Banco Hapoalim y First International, observan un  buen comportamiento, buenas prácticas y que cumplen no se sabe bien qué criterios rectores de las Naciones Unidas y de la OCDE. Desoyen, en cambio, las resoluciones de Derecho Internacional, la condena de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y las Convenciones de Ginebra que afirman que no se puede desplazar población por parte de la potencia ocupante. De este modo, CAF, es cómplice y culpable al facilitar la ocupación y colonización del territorio palestino, con el agravante de lucrase con dicha actuación.

Todas esas empresas mencionadas están en la Base de Datos del Consejo de Derechos Humanos como empresas delincuentes. CAF y el contratista o mercenario contratado, según se emplee un vocablo u otro, «Negocio Responsable» no pueden argüir ignorancia. Todas esas empresas eran conocidas, desde su socio estratégico Shapir, a las otras, por su intervención en la ocupación y colonización de Palestina, en contra de los intereses de sus moradores. «Negocio Responsable», jugando con las fechas, manifiesta que Shapir está en la Base de Datos desde febrero de 2020 y que previamente, en 2019, es cuando CAF formaliza su relación con Shapir. Pero, entonces, debería reconocer que CAF no hizo ningún esfuerzo de diligencia debida, digna de ese nombre, porque Shapir ya construía viviendas e infraestructura en asentamientos sionistas, solo para judíos israelíes, y tenía canteras, esquilmando recursos naturales palestinos en los TOP. Además, CAF y Negocio Responsable no saben cómo justificar el por qué se eligieron los otros proveedores y cliente después de la publicación de la Base de Datos. Demostración cara a Renfe, Rodalies, Metro de Madrid, Barcelona o Málaga o FEVE de que CAF no es de fiar.

El 30 de junio de 2023, el Alto Representante del Consejo de Derechos Humanos hizo pública la actualización de esa Base de Datos de empresas que facilitan y se lucran con la ocupación.

En ella, detalla que ha habido problemas de financiación para poder realizar el trabajo encomendado. Se refiere a que la Unión Europea o Estados Unidos, como en otras ocasiones, han querido impedir una actividad de aplicación del derecho internacional si afecta a sus multinacionales o su asimétrica forma de entender la justicia universal, como es el caso de la Corte Penal Internacional, enfangada en la investigación de los crímenes israelíes sobre los palestinos, y nadando con grandes recursos para investigar la invasión rusa en Ucrania.

La lista de esa Base de Datos actualizada, en esta primera ocasión, se limita a excluir a 15 empresas sobre las 112 iniciales que tenía la Base de 2020, tras una consulta individual a cada una de ellas. Nada casualmente, siguen estando en dicha Base de Datos actualizada, las empresas socia, proveedoras y cliente de CAF.

Aún más, una de las empresas que siguen estando antes y ahora en la Base de Datos, el Banco Leumi, ha adquirido la nueva categoría de ser proveedor de CAF y Shapir.

El Banco Leumi va a financiar la ampliación de las líneas de metro de Tel Aviv. Obra que no vamos a criticar. Pero favorecer a una entidad delincuente como el Banco Leumi demuestra una vez más, que CAF no tiene diligencia debida y sí interés en el lucro y en el engaño.

El Banco Leumi, incluido en la Base de Datos de las Naciones Unidas, según nuestros amigos investigadores de Whoprofits, está financiando la construcción en múltiples asentamientos (todos ilegales según el derecho internacional) como los de Alfei Menashe, Beitar Illit, Atarot en el Jerusalén Este ocupado, Mishor Adumim, Ariel, y los asentamientos de Givat Ze'ev, Pisgat Ze'ev y Ma'aleh Adumin, coincidentes con las nuevas paradas de la ampliación de las líneas de tranvía del proyecto de CAF en la Cisjordania ocupada, cerca de Jerusalén.

Los proyectos de Tel Aviv, el ferroviario a Nazareth o la expansión de tranvía entre Israel y los Territorios Ocupados Palestinos están unidos. Si bien, son concursos diferentes, está claro que haber concursado y ganado en primer lugar la expansión de líneas de tren ligero desde Israel a Territorio Ocupado Palestino, con el pivote en Jerusalén, abrió las puertas para los siguientes concursos. La colusión de CAF con las autoridades de ocupación israelíes es la tarjeta de visita para el resto de las licitaciones. Pero invalida la diligencia debida, el respeto al derecho internacional y la validez de todos los sellos de sostenibilidad que paga CAF y que el resto de los contratistas internacionales desde Oslo, Barcelona, Renfe y las autoridades vascas, españolas e internacionales, por coherencia, debe implicar la exclusión de esta empresa delincuente de cualquier licitación o compra.

El respeto al derecho internacional es condición sine qua non para cualquier ley de contratación pública, a no ser que se quiera premiar a empresas delincuentes.