Ante las declaraciones del General Manuel Fernández-Monzón, quiero exponer lo siguiente. Cuando usted afirma que «fueron todos condenados por tribunales de entonces, absolutamente legales, que eran consejos de guerra», ¿tenemos que suponer que tiene documentación que pruebe lo que dice?

Porque, 82 años después de que desaparecieran de sus domicilios, tras pasar por los calabozos del Ayuntamiento y por el cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, de ser trasladados a la cárcel de Ondarreta, puestos a disposición del gobernador civil y del juez especial militar, y hacerles firmar su puesta en libertad, 28 personas de las que le paso nombres y apellidos fueron asesinadas en Hernani y Oiartzun. Como puede ver, en la lista hay varias mujeres y también tres sacerdotes.

Venancio Gastañares Villar, Vicente Madina Irizar, Lorenzo Arambarri Goñi, Juan Bengoa Agiriano, Norberto Mondragón Herrasti, Pedro Agiriano Arana, Isidoro Iturbe Elkorobarrutia, Raimundo Galdos Azkarretazabal, Miguel Gaztañarez Villar, José Joaquín Arin Oiarzabal (párroco), José Markiegi Olazabal y Leonardo Guridi Arrazola (sacerdotes), Joseba Ceciaga Arizaga, Florencia Olazagoitia Ceciaga (embarazada de 5 meses), Maria Areitio Arana, Francisca Ojanguren Iribecampos, Vicente Irazola Urrutia, Dionisio Uribesalgo Otadui, Manuel Madinabeitia Zubizarreta, Agustín Aramburu Zabaleta, Gregorio Sampedro Azpiazu, Jose Antonio Urionabarrenetxea Isasmendi, Luis Balanzategi Zulueta, Marcelino Ugalde Landa, Sabin Etxabe Guruzeta, Faustino Garitano Askazibar, Félix Elorza Olalde, Paula Mugika Arregi.

Nos gustaría pues, que nos pasase copias de las causas por las que fueron detenidas, y del proceso militar «legal» que se siguió contra estas personas. Seguro que, tanto en los archivos de la Guardia Civil como del Gobierno Civil o los archivos militares le podrán dar cuenta de ello. Los familiares de estas 28 personas asesinadas llevamos 82 años buscando dichos documentos, que es posible que existan, pero no los hemos podido encontrar.

Y si por el contrario no nos entrega esa documentación quedará en evidencia para nosotros y para las otras 140.000 familias de personas asesinadas y desaparecidas que es usted un mentiroso.

Cuando habla de «juicios legales» ¿se está refiriendo a los que a partir del 30 de julio de 1936 puso en marcha la Junta de Defensa Nacional de España en Burgos a través de un bando que consideraba «rebeldes, sediciosos o traidores a quienes apoyaron al gobierno legítimamente constituido de la República» y quienes, a su vez, serían juzgados y condenados por los que realmente habían consumado la rebelión?

¿O tal vez por «juicios legales» se refiere a aquellos juicios llevados a cabo con defensores militares en muchos casos sin ninguna formación jurídica, sin ningún contacto con sus defendidos, que no proponían pruebas exculpatorias…? Si fuera así me gustaría que tuviera en cuenta que mediante esos juicios farsa, en nuestra localidad, otras 21 personas fueron condenadas a pena de muerte. De estas sí hemos tenido acceso a sus causas militares, incluso sabemos quiénes fueron los acusadores y la cantidad de mentiras que utilizaron, así como la indefensión que sufrieron las víctimas. También hemos conocido donde les fusilaron y donde fueron enterrados.

Estamos seguros de que si un tribunal –no neofranquista, claro– revisase estos procesos militares los consideraría ilegales en su inmensa mayoría.

Por cierto, quienes acusaban falsamente con mentiras, se confesaban e iban todos los días a misa e incluso, celebraban vía crucis. Claro, para que les perdonasen sus pecados.