Siempre hemos entendido que los presos y presas son el eslabón más débil porque son una llave que los estados históricamente han utilizado a su conveniencia. Tras la renuncia unilateral de ETA a las armas, la utilización de esas personas viene siendo un arma todavía más groseramente manipuladora e hiriente para tensionar la sociedad vasca y buscar una división política en la izquierda abertzale. Por doloroso que resulte reconocerlo, es una evidencia que los derechos de los prisioneros y prisioneras vascos cotizan muy a la baja, violar sus derechos les resulta muy barato.

Como están entre rejas y saben que no pueden responder de inmediato, cualquiera se erige en juez de sus comportamientos. Así, son capaces de criticar situaciones desconocidas y dar lecciones sobre recorridos inciertos y supeditados a una política carcelaria criminal en manos de la derecha más reaccionaria de Europa. Es lo que hizo una formación política denominada de izquierdas, como IU, cuando el día 8 de enero último justificaba su no apoyo a la manifestación organizada para el día siguiente por Sare en defensa de los derechos humanos de los presos políticos vascos, diciendo que ellos no estarían presentes porque apoyaban la «vía Nanclares de reinserción de los presos y presas». ¿Es posible que un partido de izquierdas supedite el respeto a los derechos humanos a que se acojan o no a una vía determinada? ¿Acaso los derechos humanos solamente se defienden en función de que se esté de acuerdo o no con las propuestas penitenciarias que realiza una formación política? Estas y parecidas actitudes constituyen una grave degradación democrática.

Por desgracia, no es solamente un partido el que utiliza a los presos y presas en función de sus intereses partidistas. El Sr. Urkullu lleva cuatro años criticando constantemente, por una razón u otra, al colectivo de presos y presas políticos vascos y llamando a confiar en su trabajo «discreto», mientras la vulneración de sus derechos va en aumento. Echan toda la culpa a Madrid, sin reconocer que la dispersión es una estrategia de castigo diseñada hace 25 años por iniciativa de Ardanza y el PNV, con impulso del pacto de Ajuria Enea. Ni la vulneración de los derechos humanos ni el castigo añadido a familiares y amigas y amigos de los presos y presas parecen importarles mucho mientras, eso sí, intentan «obligarles» a acogerse a unas vías de arrepentimiento que rayan la exigencia de humillaciones inaceptables.

El colectivo de presos políticos vascos ha dado muchos pasos estos años: una amplia representación reconoció públicamente el daño causado y han aceptado seguir las normas que exige la actual política penitenciaria, realizando la petición individual de traslado a cárceles de Euskal Herria, con la consabida respuesta negativa. Es más, dicho colectivo ha mostrado su voluntad de colaborar con instituciones como el Gobierno Vasco. ¿Se le puede exigir más a un colectivo al que se le priva del derecho a recibir información y opinar libremente sin riesgo de filtración a los medios de comunicación de cualquier intercambio de opiniones entre ellos o con el exterior? Es evidente que con el nivel de control que padecen, con aislamientos inhumanos, entre otros muchos la de los abogados y abogadas encarcelados como Arantza Zulueta y Jon Enparantza, decir que los presos y presas están «presionados» por ETA, suena a cinismo.

Hay quien se atreve a exigir a los presos y presas actuar individualmente en lugar de funcionar como colectivo. Resulta como mínimo curioso que se les niegue ese derecho democrático. Los partidos políticos, tan dados a funcionar con delegados y portavoces, ¿quiénes son para exigir necesariamente funcionamientos individualizados y negarles el derecho a organizarse como colectivo? ¿No es del todo normal respetarles si actuan tanto individual como colectivamente? Sr. Jonan Fernández, presionar a los presos y presas es más fácil que exigir responsabilidades a los gobiernos que vulneran sus derechos, pero no es honesto ni ético.

Hoy se cierran todos los cauces para que los presos expresen su opinión, y cuando hablan, no se les escucha. Esa política exige rectificación tan urgente como global. Me parece correcto que utilicen todos los resquicios legales para obtener su libertad, pero sin olvidar que el tema de los presos y presas  vascos es fundamentalmente un problema político para cuya solución corresponde a la ciudadanía vasca movilizarnos y luchar sin descanso, no solamente en defensa de los derechos humanos que les asisten, sino para obtener su rápida liberación y encauzar el problema político por el que están en la cárcel.

No puede haber normalización con presos de motivación política largos años recluidos en la cárcel. Se puede intentar acallar conciencias, silenciar las protestas y manifestaciones en los medios de comunicación, pero el problema seguirá siendo la cruda realidad para todas las familias afectadas y muchos y muchas militantes que no estamos dispuestos a olvidar a nuestros luchadores en las mazmorras. Razones humanitarias y políticas nos impulsan a seguir siendo la voz de los presos y presas silenciados.