Con motivo de los casos de pederastia denunciados en Granada, en los que están acusados como presuntos abusadores varios sacerdotes y un profesor de religión, algunas autoridades eclesiásticas han pedido perdón en nombre de la Iglesia católica, asumiendo la veracidad de las denuncias. El arzobispo de Granada, con una teatral escenificación en la catedral (él y otros sacerdotes se tumbaron boca abajo unos minutos en el suelo). El papa, mediante dos llamadas personales a Daniel (nombre ficticio de la víctima que le escribió).

¿Y qué hace la Iglesia con sus miembros presuntamente abusadores? Cuando no los encubre, se conforma, en lo que llama «tolerancia cero», con medidas «internas» como traslados o apartamientos temporales, pero no los denuncia ante la justicia. Y es que, desde la Iglesia, estas gravísimas acciones se contemplan como pecados, no como delitos, y por eso hablan de perdón, ofensas a Dios y penitencias cristianas, no de la justicia del Estado de Derecho, que consideran inferior a la divina.

Las pomposas peticiones de perdón no diré que están de más, pero, de cara a la realización de justicia, de poco sirven si no van acompañadas –o mejor, precedidas– de acciones efectivas. De hecho, son un fraude si se ofrecen como sustitutas de estas, y más aún si las acciones que se toman perjudican a la justicia. ¿Han venido acompañadas de acciones efectivas las peticiones de perdón del arzobispo de Granada y del papa? Más concretamente: ¿pusieron los hechos de los que tuvieron conocimiento en manos de la justicia? Todo el mundo sabe que el arzobispo, no. Y en cuanto al papa, creo que hay una sorprendente confusión al proclamarlo como héroe de esta historia. Bergoglio, según las noticias y lo que él mismo declaró, puso la denuncia en manos… de oficiales de la Santa Sede y del arzobispo, un hombre ya conocido (entre otras lindezas) por proteger cuando era obispo de Córdoba a un cura condenado por pederastia. El papa pidió a Daniel en su primera llamada que hablara con ese arzobispo. Unos errores garrafales e inexcusables aunque el arzobispo hubiera sido otro, si ninguno tiene el mandato de denunciar. Solo un par de meses después, en su segunda llamada, trató de enmendar (demasiado tarde) esos errores si es que de verdad animó a la víctima a denunciar ante la justicia temporal, que es lo que debió hacer desde el primer momento.

En cambio, lo que alentó el papa fue que el arzobispo de Granada, y tal vez el personal del Vaticano, llevaran a cabo actuaciones de tipo meramente «interno», buscando la «justicia de Dios» (arzobispo dixit). Parece que las actuaciones no fueron suficientes ni para el propio papa, pero aunque el arzobispo hubiera impuesto los mayores castigos «internos» a los presuntos abusadores, en absoluto era eso lo esencial. Es más, parece claro que esa intervención de personal de la Iglesia propiciada por el papa ha servido, desgraciadamente, para poner en alerta a los presuntos pederastas y darles mucho tiempo para la eventual ocultación o destrucción de pruebas (esos ordenadores desaparecidos…). Con razón el juez ha pedido al arzobispado de Granada que no intervenga mientras se procede con las diligencias. De modo que la intervención del papa en este asunto, al perjudicar gravemente la acción judicial, considero que ha sido, como mínimo, negligente.

Dado que la actuación de la Iglesia en este caso y en tantos otros se mueve entre esa negligencia y el encubrimiento, yo pediría a quienes se estén planteando realizar nuevas denuncias por abusos clericales ¡que no se les ocurra hacerlo ante la Iglesia! Es más, sería prudente que no dieran noticia de sus intenciones a sacerdotes, obispos… o al papa. Además, por supuesto me uno a la petición de Granada Laica de que todas las víctimas de abusos, o, en su caso, sus padres, allegados o testigos, denuncien ante la justicia (la verdadera) con todas las pruebas que puedan reunir. Que dejen de lado posibles sentimientos de vergüenza, culpa o miedo; no son precisamente ellos quienes deben sentirse avergonzados, culpables o temerosos. También han de desechar la idea de que no va a servir para nada, pues, aun cuan- do a veces una sola denuncia no llegue a ser efectiva, tal vez la suma de varias, de diversos testimonios y pruebas, sí lo sea. A cambio del esfuerzo, acaso se consiga que se haga justicia sobre al menos algunos de los presumiblemente abundantes abusadores «en ejercicio» (se sospecha que hay muchísimos más casos de los que asoman), impidiendo que continúen con sus agresiones. Pero también merece la pena actuar contra quienes, por las razones que sea, parecen haber abandonado sus repugnantes prácticas (y tal vez tengan el perdón cristiano). Esta justicia retroactiva contribuiría, además, al efecto disuasorio sobre los pederastas y sus encubridores.