En general la Sociedad Política juzga los acontecimientos de la vida ordinaria, dotada, como cree estar, para diagnosticar la salud crítica de la Sociedad Civil según sus reacciones. Si la reacción civil es pasiva, por pereza mental o por lo que sea, el «político» aspavienta pero no cambia de juego en su parque de recreo. Ahora, si ese mismo «político» diagnostica un riesgo de invasión de opinión activa su reacción se caracteriza por la orientación de su bien engrasada veleta hacia el contenido del discurso de la Sociedad Civil de manera a proteger el patrimonio material que para él representa su escaño.

Señalables son recientes acontecimientos tales como las protestas de los jubilados, las de los defensores del clima, las de los chalecos amarillos, de las que los conservadores solo resaltan la violencia, olvidando que la violencia física responde a menudo a violencias sociales insoportables. No cito las huelgas patronales de los taxis de Barcelona y de Madrid por su carácter patronal orientado hacia la conservación de privilegios (etimológicamente ley privada). Las patronales se arreglan de manera a que los «políticos» sean, antes o después, sus aliados objetivos.

El modo de empleo de las relaciones entre Sociedad Civil y Sociedad Política se establece según un escrito denominado Constitución, intangible en el Estado español. Y eso que los nacidos desde hace 59 años no han tenido la ocasión de enmendarla; así se genera la fractura social entre la Sociedad Civil y la Sociedad Política, ambas desgraciadamente favorables al statu quo ante. Hoy el desarrollo de la vida pública es obra de ingeniería política y de las leyes de oportunidad que de ella resultan. Nuestro territorio vasco, en el que claro está también cuecen habas, conoce un buen nivel en I+D+i de esa ingeniería: un ejemplo reciente ilustra este parecer. En efecto, con motivo de la manifestación en favor de un trato legal de los presos políticos de Euskal Herria, el partido de gobierno de la CAV declaraba apoyar la manifestación pero no asistir a ella. El peatón no comprende esas virguerías políticas o en algunos casos comprende demasiado bien el servilismo hacia partidarios de los adversarios de la soberanía, concepto que pseudoresucita para algunos partidos que se autodeclaran Soberanistas solo durante las campañas electorales. No nos extrañemos, en esas condiciones, de las tasas elevadas de abstención en consultas oficiales o no.

El peatón desea, y ahora exige, que el «político» en el poder cumpla sus promesas. Sobre este tema hay que resaltar una acción que marcará historia. Se trata del manifiesto de un colectivo cultural francés, solicitando la adhesión civil necesaria a la presentación, en la institución judicial competente, de una denuncia por no respeto, por parte del gobierno francés, de un compromiso en materia de defensa de la Naturaleza. La solicitud recogió la adhesión de más de un millón y medio de firmas de apoyo en los primeros nueve días de su publicación. Hace cinco años una movilización análoga consiguió que su protesta fuera juzgada en los Países Bajos dando la razón a la Sociedad Civil manifestante. Topamos con un fenómeno de notable alcance guiado por el potente vehículo de comunicación que representan las redes sociales.

Quizás sea necesario un breve recuerdo del mecanismo que tendría que regir la relación entre Sociedad Civil y Sociedad Política. Según ese esquema, la gobernanza de un colectivo, nacional o estatal, debería practicarse partiendo de los deseos expresados por la Sociedad Civil que escoge ría como subcontratado al partido político que le pareciera más apto a gestionar sus deseos. Precedentemente cada candidato habría presentado la candidatura completada por sus promesas de intervención presentadas ante notario de manera a que cada parte, Sociedad Civil-Sociedad Política, fuera juzgada en caso por no cumplimiento de las promesas, transformando, durante el mandato, el denso documento contractual en post it. Claro está que ese proceder sencillo, exige la capacidad de control en curso de mandato de subcontratación. Nos referimos al referéndum que bajo condiciones debe parecer procedimiento natural de control. La Sociedad Política detesta ese control invocando razones no presentables tales como «¿Qué sería de la democracia representativa de un país que recurra a menudo a la consulta refrendaria?». Un Estado tan «ordenado» como la Confederación Helvética recurre a referéndum si un mínimo de 100.000 firmas lo apoyan durante el período de 18 meses contado a partir del depósito de la solicitud. Hasta hoy, por lo menos, no sabemos que el caos se desparrame en la apacible Suiza, República Confederal que reúne a 26 Estados (cantones) con cuatro idiomas oficiales, creada un 1 de agosto… de 1291.

Recordemos el orden de preeminencia según el cual la Sociedad Civil expresa sus deseos y SUBCONTRATA su gestión a la Sociedad Política. Es la Sociedad Política la que depende de la Sociedad Civil y no a la inversa. La actitud displicente de la Sociedad Política cambiaría, si los peatones supiéramos exigir, la forma de ese sencillo mandato a los «políticos». Felizmente hay entre ellos algunas personas dispuestas a trabajar desinteresadamente para el bien público durante un plazo, por ejemplo, no superior a dos mandatos. Un poder enfermo opta por priorizar la apariencia izandose sobre artificiales tacones de demagogia.

Pero no todo es achacable a la Sociedad Política ya que constatamos a menudo cierta pereza mental de la Sociedad Civil que se traduce en un «laisser aller» difícilmente admisible.

Resignarse a calificar de utópicos cambios estructurales indispensables tiene como efecto el de prolongar y agravar las situaciones de divorcio civil–político.

Empieza a marcar tendencia la calificación de «antisistema» a todo peatón que ose proclamar su descontento ante el funcionamiento del actual sistema. «Algo–mucho tiene que cambiar» como se oye en charlas y charletas. Sabemos que la aspiración a nuevas eras de convivencia pasa por una determinación clara de los límites actuales soportables y también de los límites deseados para la nueva era. Solo la cultura del debate creativo facilitará la tarea constructiva, debate que se ha perdido desde las numerosas y largas dictaduras españolas del siglo XX y que todavía hay que desenfangar. Hoy los debates se limitan a la expresión conflictiva de no soluciones y a la ejecución estéril del adversario.

Todo sistema vivo se nutre de la bivalencia víctima–victimario, creando un espacio de contradicciones en un caldo de cultivo de cólera, de bancos de cólera como lo expresa Sloterdijk. Evaluar la acción política sin tener en cuenta esa bivalencia conduce inevitablemente a una dialéctica violenta expresada siempre con los mismos términos hastiantes.

En la contienda bivalente el vencedor es tratado de liberador y sería tachado de terrorista si hubiese sido derrotado. «Cuidado con el placer que inspira la esperanza de la venganza» recuerda Aristóteles. Las realidades se querellan con el pretexto enarbolado por cada una de ellas de corresponder a LA realidad única y autentica, la suya.

El «político» surfea hábilmente entre la realidad, subjetiva, y el deseo, objetivo, afirmando que la política es el arte de lo posible cuando la Sociedad Civil pide a la Sociedad Política, por contrato, que haga posible lo que parece imposible. El despertar evidente del peatón abre caminos de optimismo... porque sin esperanza nos hundiremos «en el mar de luto» de la prisión de «Bernarda Alba».