En una sociedad en la que la red asociativa tejida en torno a la recuperación de la memoria histórica tiene una notable importancia sociopolítica y cultural, resulta complejo explicar las razones por las que se están produciendo situaciones de bloqueo (incluso de negacionismo) en el desarrollo de líneas de trabajo que cuentan con el aval de la legalidad internacional humanitaria. En Euskal Herria esta situación es consecuencia, a nuestro entender, de tres factores que podríamos llamar como “aristas de la memoria”.

Primera arista. Las consecuencias de la “Transición" y su reguero de impunidad. La situación de impunidad que ha ido consolidándose tras la muerte del dictador ha sido fruto de la estrategia "pactista” desarrollada desde finales de los 70 por los partidos que fueron convirtiéndose “electoralmente mayoritarios”. Fue el “tributo” a pagar, impuesto por los "antifranquistas" para poder lograr una supuesta "reconciliación nacional". Las víctimas y los represaliados por aquel Régimen fuimos los primeros en ser sacrificados en aras a la consecución de un "nuevo" escenario político para el que todo estaba “atado y bien atado”. En definitiva, los poderes socio-políticos consolidados durante aquel largo período consiguieron imponer un modelo de “transición”, la llamada "reforma democrática", manteniendo incólumes las bases de su dominio sobre la disidencia reorganizada durante la década de los años 60. Existe una abundante bibliografía, editada a partir de los años 70 del pasado siglo (Tuñon de Lara, Tamames, Etxezarreta, Navarro, Torres, etc.), en la que se analizan las transformaciones económicas que se acometieron en el contexto del Régimen franquista y sobre sus “continuidades” estructurales durante el “Régimen democrático” posterior.

Segunda arista. Las políticas públicas sobre memoria histórica. Los grupos políticos que las han venido diseñando son los mismos que convergieron en la definición de la “reforma pactada”. Fueron, y siguen siendo, los mismos que, en breve tiempo, se convirtieron en los gestores de las grandes partidas presupuestarias utilizadas para el adoctrinamiento y la propaganda en favor de la resignificación de las instituciones franquistas (monarquía, GC, PA, TOP, FA, …) y del concepto de la “reconciliación nacional”, basada en la impunidad de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares golpistas del 18 de julio de 1936 y el posterior régimen franquista. En este contexto de revisión historiográfica ha venido gestándose una comunidad de intereses entre ciertos promotores privados, poderosos mass media y las políticas de Estado en esta materia. Toda esta evolución ha desequilibrado el desarrollo integral de los derechos de las víctimas y represaliados por la dictadura franquista. Aquel revisionismo histórico y su plasmación discursiva, está consiguiendo situar la reparación moral como el único objetivo de la actividad pública (obviando los de la justicia y las garantías de no repetición). Todo ello se ha contribuido, siguen contribuyendo, a generar las condiciones para el fortalecimiento de su deriva negacionista.

Tercera arista. El movimiento memorialista. La diferente dimensión y formas de la represión ejercida por los militares golpistas de 1936 en nuestro país, así como las diferencias en la composición socio-cultural de nuestras asociaciones, han tenido su reflejo en la falta de estrategias homogéneas y coherentes para la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y genocidio. La presentación por el Gobierno del Reino de España del anteproyecto de ley sobre “memoria democrática” ha sido el motivo propiciatorio de la celebración de los encuentros de Colectivos de Memoria Histórica del conjunto del Estado celebrado en octubre de 2020, en cuyo marco se consiguió acordar un texto valorativo del mencionado anteproyecto ante sus carencias, con cuya superación se quiere poner fin al “modelo de impunidad" vigente, para lo cual, como primera medida, es inexcusable que la futura Ley incluya una declaración de nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, o cuanto menos, de aquellos apartados que permiten la perpetuación de la impunidad sobre los crímenes franquistas. La localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo debe garantizar la judicialización de todo el proceso de exhumaciones e identificaciones, para garantizar plenamente la Tutela Judicial Efectiva. Debe de garantizarse la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados, especialmente vinculados a los servicios de información y la represión. El anteproyecto debe de reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado, ante el expolio franquista, las incautaciones y exigir responsabilidades a las empresas que colaboraron con los golpistas militares y la dictadura, a la vez que se valían del trabajo forzado. Desde el punto de vista de las naciones sin Estado como el de Euskal Herria, deberían de recogerse, también, las consecuencias de la estrategia genocida cometida sobre nuestro pueblo, que tuvo como finalidad la eliminación de nuestros rasgos de identidad socio-culturales, así como nuestro derecho al uso y organización de los recursos económicos de nuestro país, a través de instituciones políticas democráticas y soberanas.

La actuación conjunta de las organizaciones sociales memorialistas va a ser determinante para conseguir los objetivos de verdad, justicia y reparación (incluidas las garantías de no repetición). Si no somos capaces de articular mecanismos de interpelación coordinada no podremos evitar que los agentes sociopolíticos incurran en los mismos “vicios de poder” que determinaron, tras la muerte de Franco, la perpetuación de las vulneraciones de nuestros derechos.