En tiempos de shock como el que atravesamos, nuestra respuesta como sociedad es incierta. Fruto del miedo, bien pudiéramos optar por agarrarnos acríticamente a los relatos y propuestas habituales en busca de seguridad, aún si estos fueran clavos ardiendo. Pero también, al movérsenos el piso, se darían las condiciones para realizar análisis más profundos y desde nuevas perspectivas sobre el modelo de sociedad en el que vivimos, evaluando en consecuencia hacia dónde vamos y qué queremos ser. Esta es la tesitura en la que nos encontramos: multiplicar el presente o redefinir nuestro futuro. En definitiva, acelerar las inercias o aprovechar este momento crítico para superar lo antes posible la pandemia y trasformar los sentidos comunes.

Una de las cuestiones que el coronavirus está poniendo en cuestión es la fortaleza y capacidad de resiliencia del modelo económico vasco. El imaginario del oasis, tan quimérico como nuestro supuesto matriarcado –pero más en boga–, aludía a la pujanza de un tejido industrial innovador e internacionalizado, a la capacidad creciente de atracción de inversión extranjera, turistas y mega-eventos en nuestros territorios históricos, y a unas instituciones públicas volcadas en la generación de entornos competitivos bajo la égida neoliberal, pero desde un enfoque de dinámica adaptación a un mundo en transformación. Este marco económico permitía, en última instancia y en función del concierto económico, el desarrollo de ciertas dinámicas de cohesión y protección social que, junto al relativo menor histrionismo político que aquel que coloniza el sur del Ebro, permitían ofrecer una imagen positiva de conjunto. «Pertsona helburu», nuestra prioridad las personas, se convertía incluso en el lema que esgrime el ejecutivo de Lakua para apuntalar este modelo supuestamente sólido.

De este modo, aun siendo un modelo ecológicamente insostenible y muy dependiente energéticamente del exterior y de los recursos fósiles; aun formando parte de un sistema aquejado de una agudísima crisis de acumulación y reproducción del capital; aun contando como aliado con el volátil y cortoplacista capital extranjero; aun generando crecientemente pobreza y precariedad; y aun no aguantando el análisis comparativo en términos de bienestar con territorios europeos de similar renta, el relato ha mantenido, mal que bien, su relativa legitimidad.

No obstante, como hemos señalado, la situación actual de pandemia está poniendo seriamente en jaque dicho imaginario, más allá incluso de la afectación natural de una catástrofe como esta, cuyo impacto real solo podremos valorar en función de su duración. En este sentido, las principales instituciones de Hego Euskal Herria (HEH) han ofrecido respuestas parecidas bajo un mismo marco crecientemente cuestionado: mantener inercias, por un lado, abrir la posibilidad a realizar en el futuro cambios de cierto calado, por el otro.

Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, sintetiza muy bien esta unanimidad en la entrevista publicada el pasado domingo 22  de marzo en el Grupo Vocento: uno, la reversión de la situación sanitaria y el sostenimiento del tejido económico como prioridades; dos, la inyección de liquidez como horizonte de la primera oleada de medidas económicas (1.000 millones de Lakua y 100 del gobierno navarro para apoyar a las empresas en forma de líneas de financiación, avales y reestructuración de instrumentos; moratoria fiscal, en el caso de las diputaciones forales y ayuntamientos); tres, el carácter estratégico del mantenimiento de grandes proyectos como el TAV; cuarto y último, se apuesta por un giro en la ortodoxia, asumiendo en el corto plazo la capacidad de incurrir en déficit (medida ya aprobada en la UE), y en el largo la posibilidad de inversión pública en empresas estratégicas, así como la de avanzar en un modelo económico de cercanía frente a los cantos de sirena de la internacionalización. En coherencia con estas últimas propuestas, termina afirmando que «van a cambiar muchas cosas en nuestras vidas».

No podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. Es necesario en este sentido fortalecer el debate social, político y mediático sobre dicho cambio y su intensidad, poniendo en cuestión el conjunto del modelo y la agenda económica vigente. Desde esta perspectiva, señalamos a continuación cinco cuestiones, claves a nuestro entender para analizar críticamente las medidas y el horizonte planteado por el Gobierno vasco, con el ánimo de hacer realidad el lema «pertsona helburu»:

1. ¿Pertsona helburu edo enpresa haundi helburu? Las prioridades planteadas por el Gobierno vasco muestran una evidente contradicción. Se quiere, por un lado, resolver la crisis sanitaria (y por eso se avala el estado de alarma) pero, por el otro, se insiste en mantener la actividad económica en sectores no estrictamente necesarios, ampliando las posibilidades de contagio de trabajadores y trabajadoras sin los medios, regulación e inspección suficientes. El teletrabajo o los turnos no son opción en muchos casos, y son los sectores más precarizados, junto con los que trabajan en plantas industriales señeras, quienes se ven obligados a acudir al trabajo para garantizar su subsistencia, solo con el objetivo de mantener los beneficios empresariales. Una verdadera política centrada en las personas pondría todos los esfuerzos exclusivamente en acabar con la pandemia lo antes posible, estableciendo en consecuencia el cierre inmediato de toda actividad no estratégica para sostener la vida, garantizando a su vez las condiciones laborales en los sectores imprescindibles.

De manera complementaria, la prioridad debería situarse en quien realmente está sufriendo con intensidad la crisis: las personas migrantes y presas, las empleadas de hogar, la clase trabajadora ya precarizada, que ahora lo está aún más. De este modo, sería fundamental complementar las tibias medidas de protección adoptadas hasta el momento por el Gobierno español (moratoria de hipotecas para sectores vulnerables y ERTE por causa mayor), concentrando recursos en ampliar el marco político y presupuestario de una renta de garantía de ingresos (RGI) actualizada, de carácter excepcional y con carácter universal hasta final de año; en garantizar los medios y las infraestructuras de un sistema público de cuidados, bienestar social y lucha contra la violencia machista que opere con calidad y capacidad en este contexto crítico; y en intervenir el mercado de alquiler de vivienda en favor de la suspensión temporal de pagos y la prohibición de desahucios. A su vez, podría utilizar su capacidad diplomática y de incidencia para exigir al gobierno central la regulación por decreto del impago de necesidades básicas (energía, agua, etc.) y la prohibición de despidos en empresas con beneficios y cierto nivel de facturación (y, de paso, la vigencia de un sistema energético y un marco vasco de relaciones laborales).

2. Abandonar el horizonte de la inyección de liquidez, por ineficaz e injusto. El dogma hegemónico que está guiando en Europa la primera respuesta económica al coronavirus, al igual que tras el estallido de 2008, es la inyección de liquidez. De este modo, el Banco Central Europeo (BCE) ha puesto en marcha un programa de 750.000 millones de euros para compra de deuda pública, deuda corporativa, títulos y bonos garantizados a bancos y grandes empresas –no a los Estados, lo que en función del Tratado de la Unión Europea no puede hacer– con la esperanza de que estos –o fe, más bien– hagan llegar dicho monto a PYMES y ciudadanía. El Estado español, por su parte, va a destinar el 85% de los 200.000 millones comprometidos (117.000 públicos) en esa misma lógica, avalando empresas (100.000) y retrasando su pago de impuestos (14.000); las instituciones de HEH, como ya hemos señalado, replican en sus territorios estas apuestas de incremento de financiación, avales y moratoria fiscal.

La cuestión es que la liquidez no es ni mucho menos la solución a esta crisis, en un panorama económico internacional inundado de dinero y con unos tipos de interés por los suelos. El volumen de deuda global, a finales de 2019, era de 253 billones de euros. Esto es, el 322% del PIB mundial. No estamos entonces ante un problema de falta de dinero (al contrario, décadas de financiarización y años de políticas monetarias expansivas han multiplicado, exponencial e ilusoriamente, el excedente económico), sino de falta de expectativas de ganancia. Las empresas, tal y como reconoce incluso la OCDE, no invierten porque no hay tasas suficientes de beneficio esperado, ni horizontes del crecimiento al menos hasta 2060, no porque no cuenten con liquidez. Menos en una situación como la actual, de creciente parón productivo y regresión profunda en el consumo, en el que la liquidez se muestra todavía más inútil. ¿Por qué se mantiene entonces una apuesta que no es eficaz en sus objetivos y que, incluso, favorece la especulación financiera y la generación de futuros nuevos estallidos? La respuesta pudiera ser que, además de la obstinación en el credo neoliberal, la inyección de liquidez calma a los mercados garantizando temporalmente el pago de Estados y grandes empresas, a la vez que mantiene con respiración asistida a múltiples corporaciones zombi y ultra-endeudadas, que de otra forma se verían avocadas a asumir la crudeza de la crisis sistémica (la deuda corporativa se calculaba en 2019 en 69,3 billones de dólares).

Por lo tanto, y aunque puedan darse casos concretos de empresas necesitadas coyunturalmente de liquidez –cuestión que no negamos, ya que dentro del concepto empresa existe mucha diversidad, y no todas parten de una misma situación y posición– el eje de la respuesta actual de las instituciones vascas no puede ser una herramienta ineficaz, contraproducente por su probable boomerang especulativo, así como injusta por rescatar a grandes empresas y hacer que finalmente sea el conjunto de la ciudadanía quien pague la cuenta en los presupuestos.

3. Que la cuenta la paguen las instituciones, pero también las empresas con beneficios. Hemos vivido décadas de privatización, retroceso de la masa salarial, precarización del empleo, jibarización del sistema público de bienestar social, familización y mercantilización del trabajo de cuidados, rescates bancarios y empresariales, etc. A escala global, pero también a escala vasca. Todo ello, bajo el pretexto de favorecer los mercados y a las grandes empresas, verdaderas beneficiarias del proceso de globalización neoliberal.

Estas, por tanto, deben hacerse ahora responsables también de la situación generada por el coronavirus. De este modo, y en primer lugar, se debería incidir como ya hemos señalado en la prohibición de ERTE y despidos de empresas con beneficios; en segundo término, habría que incidir también en que las empresas energéticas sufragaran el gasto de las facturas a quien no pueda pagarlas durante este contexto de excepción; tercero, habría que subir el impuesto de sociedades para que las corporaciones con mayores capacidades aportaran realmente al erario público para desarrollar políticas frente a la pandemia (impuestos sí, lavado de cara ofreciendo mascarillas y guantes, no), así como crear un impuesto sobre la riqueza que permita reducir asimetrías, desde una lógica de fiscalidad progresiva; y cuarto, las instituciones vascas deberían asumir con normalidad la generación de déficit si estos van destinados a salvar a las personas, no a las empresas, así como de suspender impuestos y tasas para los sectores más vulnerables.

4. Lo público, lo común, es estratégico, no residual. Tras denostar de manera sostenida a lo público como ineficiente y obsoleto, frente a lo eficaz y moderno de lo corporativo, el coronavirus demuestra que cuando llegan shocks como el actual o el estallido financiero de 2008, es lo público, lo común, lo que únicamente responde. La primacía del interés general por encima del interés privado debería ser de este modo un axioma para las instituciones vascas, y en ese sentido es bienvenida la afirmación de que se plantearán la participación pública en empresas vascas.

Esperemos que esta medida se haga realidad, aunque consideramos una lástima que esta propuesta no se haya puesto en práctica antes, tras décadas de privatización, tanto explícita como sutil (puede también haber privatización en empresas de titularidad pública) y de desinversión en favor del poder corporativo. Los casos de Kutxabank, Euskaltel (en manos del fondo de inversión Zegona, y utilizado por Virgin para su expansión por el Estado) o Arcelor Mittal, entre muchos otros, exponen a las claras las dinámicas de desarraigo del tejido económico vasco.

Contar con herramientas públicas en sectores estratégicos como el financiero, el energético o el de las telecomunicaciones, entre otros, hubiera ayudado a enfrentar este nuevo fenómeno en mejores condiciones. Son, en todo caso, propuestas en positivo para un nuevo escenario de la economía vasca, junto a múltiples experiencias de economía solidaria, que ayuden a desmantelar los oligopolios en clave público-social–. Además, la parte del modelo de sociedad que está sumergida bajo el iceberg, esa que sostiene la vida y acumula injusticias bajo la alfombra de los hogares –fundamentalmente mujeres– debe convertirse en prioridad como espacio estratégico para lo público-común. Nos referimos en este sentido a sectores feminizados de cuidados (sanidad, residencias, ayuda a domicilio, etc.), que sufren en la actualidad una presión insostenible, y son escenario de profundas relacione de desigualdad y violencia.

Todo ello, en definitiva, apuntalaría a una economía basada en el arraigo, la centralidad de las personas, la propiedad colectiva y el necesario tránsito hacia otras formas de organizar la vida.

5. Huir de la quimera de la globalización y la internacionalización. La internacionalización, la captura de nuevos mercados, las deslocalizaciones, la atracción de cualquier tipo de inversión exterior han sido, históricamente, una de las principales señas de identidad del modelo económico vasco, una apuesta incuestionable. No obstante, y frente al dogma neoliberal, tanto el estallido financiero de 2008 como el coronavirus han demostrado que la parte más vulnerable a este tipo de fenómenos sistémicos es la economía globalizada, estructurada en cadenas de valor de escala internacional –y por tanto sujetas a mayores restricciones de movilidad y suministro– que, además, sufren directamente el embate de los shocks mundiales. Estos, además, tanto en el caso de las pandemias como en el de los estallidos financieros o ecológicos, parece que ni mucho menos van a remitir en los próximos años.

Bienvenida por tanto también la idea de revertir este pilar del pensamiento y práctica económica hegemónica vasca, cuestión por otro lado estratégica para una economía tan dependiente energéticamente como la nuestra. De este modo, y en consecuencia, habría que dar un giro de 180 grados a la defensa a ultranza hecha en torno a los tratados comerciales de nueva generación, a la autonomía de los bancos centrales, a los tratados europeos y, en general, a toda la arquitectura de la impunidad global con la que cuenta el poder corporativo. A su vez, se debería descentrar a las grandes y medianas empresas con vocación internacional como prioridad política y económica, para dárselo a las pequeñas empresas, autónomos/as, empresas de la economía social y solidaria, empresas estratégicas, economías campesinas y redes populares que, en general, sostienen realmente la vida, reconociendo su labor y fortaleciendo sus capacidades.

En definitiva, el piso se nos ha movido. No caigamos en el pánico, preparémonos para lo que estamos viviendo. Y para lo que viene, desde la perspectiva de que es necesario revisarlo todo para resistir ante un futuro complejo. El oasis vasco no existe, nunca existió, y ahora muestra sus grietas, sus costuras deshilachadas. Aún estamos a tiempo de virar el barco. Nuestro bienestar nunca surgió como consecuencia de la primacía de los beneficios empresariales, menos en un contexto de crisis sistémica como el actual, sino de poder avanzar en una economía centrada en las personas, solidaria, arraigada, colectiva y soberana. Pongámonos a ello y cambiemos los sentidos comunes, desterrando el capitalismo de sentido común a quimera insostenible e injusta.