Al parecer, la quiebra de las pensiones la evitarán los conservadores que esperan ser entronizados por tercera vez con nuevas cosechas de impuestos, por ahora no identificados, aunque no cabe perder de vista el IVA y otras imposiciones indirectas sobre el consumo de la ciudadanía, ya que el recurso alternativo a una mayor tributación por parte de las grandes empresas y centros financieros no parece aceptable, según la Moncloa.

También es habitual en la derecha la recomendación de contratar seguros privados, dinero para ingresar por la ventanilla trasera de la banca que luego se exime de responsabilidades si en su especulación con tales depósitos desaparecen las modestas inversiones. Los especuladores suelen alegar para justificar esta desaparición que acabo de mencionar una crisis misteriosamente sobrevenida por la cual el Gobierno ha de proceder a un «doloroso» y voluminoso recorte de servicios sociales manejando, eso sí, confusas estadísticas en que las pérdidas dramáticas de los individuos se convierten en esperanzadores pasos para el resurgimiento colectivo. Hay que subrayar también en estos manejos de la derecha el invento del número empleos que aunque lastimosos en su cuantía salarial tributan torrencialmente a una Hacienda que nivela con esos recursos su saqueo de la hucha de pensiones.

Entre las invenciones «salvíficas» de la derecha ante la crisis que ella misma ha producido figura una colosal: la creación de la democracia pasiva, es decir, la conversión de la asfixiante contribución de los pobres en máxima expresión de su soberanía al protagonizar con las exacciones padecidas una poderosa resurrección de la sociedad –de ahí la constante expresión de gratitud democrática del Gobierno a las masas por su sacrificio. Mediante esa democracia pasiva los pobres salen de la oscuridad y se transforman teatralmente en uno de los factores sociales más relevantes. Milagrosamente el dolor suscitado por su creciente pobreza individual cede ante la grandeza colectiva de su nuevo papel como motor de la salvación de la sociedad del «bienestar».

Corren peligro las pensiones, pero en el fondo y en silencio la gente teme más a los «brillantes» remedios privatizadores diseñados por el poder –con que se elimina la responsabilidad pública– que a los llamados ajustes presuntamente temporales dentro del marco estatal para atenuar ese miedo, como la disminución de la cuantía de la pensión, un aumento de los años trabajados para lucrarla o una eliminación de auxilios como son las pagas extraordinarias. En el fondo los ciudadanos saben que esos recortes pueden corregirse en otra legislatura, pero recurrir a la contratación privada a fin de asegurar el porvenir acaba en demasiadas ocasiones en la realidad amarga del fracaso del fondo privado por estar implicado en negocios de riesgo elevado.

Desde que don Eduardo Dato creó en 1881 el primer marco para garantizar una jubilación atractiva de los trabajadores, la batalla de los «mercados» para apropiarse de esa fuente del seguro privado ha sido constante y, en ocasiones, arrasadora. Las pensiones o se amparan en un Estado decente y con plena responsabilidad de lo público o constituyen una aventura de absoluta fragilidad. Cabe también preguntarnos: ¿posee esa moral responsable el Estado español, asaltante habitual de la hucha de las pensiones y sospechoso promotor del juego ladino de lo privado? Una vez más, el problema de nuestra invalidez social y política radica en el Estado español, una finca apropiada por la derecha, y desgracia, además, desidiosamente trabajada.

Ante este panorama ¿es posible contar con una izquierda consagrada a la liberación democrática de ese Estado? La gente con fondo moral se va a Podemos o a sus aliados porque es el único faro en la costa de la muerte que resumió siempre la triste imagen del socialismo español en su ir y venir de la pana al encaje de Camariñas. Casi todo lo demás que se reclama de izquierda en el Estado español es filfa y desperdicio. Incluso se disuelven en la mano enguantada los llamados nacionalismos convergentes o peneuvistas, factores teóricos de democracia próxima, pero manejados por dirigentes de los que cabe sospechar que no aspiran a mucho más que a constituir la parte rica de una España pobre. ¿Por qué confiar en esos nacionalismos que esquivan toda ocasión de soberanía?

La cuestión de las pensiones reside en la fiabilidad del Estado, porque el sector privado del sistema económico y social vigente ya ha puesto de relieve su corrompida moral para garantizar porvenires. Necesitamos un modelo social de Estado. Un Estado que no declare obligación ética y por tanto preferente o ineludible de atender ciertos gastos como los obligados por Bruselas o los sectores dominantes de la propia nación o de los organismos internacionales custodios de la riqueza de clase. Porque si se hace una criba selectiva del gasto público llegamos a la conclusión de que el dinero existe en cantidad bastante para atender, mediante una justa distribución presupuestaria, muchas necesidades colectivas sin sufrir los ahogos en que ahora vive la sociedad española. Veamos un ejemplo.

Hace una semana, no más, se hacía pública la obligación del Gobierno de Madrid de atender ciertos compromisos en la adquisición de armas, gasto que el Tribunal Constitucional decidía anular, aunque daba por intocables los pagos que ya habían sido hechos, 4.390 millones de euros, mediante el mecanismo del decreto-ley. El Tribunal Constitucional apoyaba estos pagos ya realizados al aceptar las razones del Gobierno para que se paguen todos los suministros comprometidos a los proveedores de estas armas –un plan de 29.500 millones de euros hasta el 2030– a fin «de evitar (como sostiene el Gobierno) un descrédito internacional del país y los posibles perjuicios que pudieran derivarse (para la industria militar) del retraso en el pago».

La situación moral es aberrante. Resulta que «hemos de evitar un descrédito moral» cuando se expone a la nación al menosprecio más terminante merced a la exhibición de   un paro escandaloso, un empleo sin dignidad, una productividad ineficaz, un régimen de justicia intervenida, unos servicios sociales empobrecidos por el Gobierno, una educación sin brújula, una fiscalidad inmoral y una corrupción que se ha convertido en un modelo de vida. Ante todo eso el Gobierno habla de descrédito si no pagamos unos tanques, un puñado de aviones y una fragata que habrán de situarnos como socios de unas potencias que no hablan con nosotros sino para ir convirtiendo el suelo español en una comprometedora base militar desde la que provocar a pueblos con los que no tenemos ningún contencioso importante, aparte del que generamos por jugar a guerras en las que nuestro Ejército no tiene más pito que tocar que enarbolar desafiantemente la bandera. Todo ese dinero debía cambiar de capítulo en una recta y humana reordenación presupuestaria.

Y ahora, a esa derecha que aún gobierna rudamente «en funciones» envían una carta de apoyo seis exministros y otros ciudadanos con sed de página impar y con mucho peso socialista añadido, que han descubierto la imposibilidad de vivir con un gobierno provisional cuando ellos, sobre todo los firmantes exministeriales, practicaron o apoyaron una gobernación en muy buena parte generadora de la situación presente. Es ya histórico que muchos políticos de la izquierda española acaben teniendo un único problema: la de «ser alguien» en lo social y lo económico una vez redimidos de su inicial oscuridad. Dios se apiade de nosotros.