Recordemos que comenzó la Legislatura con una curiosa frase: «Spain is Back» y con otra más previsible: «¡Gibraltar español!» Por ello, una de sus primeras apuestas fue que el Estado fuese elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (ONU) para el siguiente bienio. El sueño de Margallo se hizo realidad en 2015, más que por una victoria hispana, por el fracaso de la candidata preferida, Turquía que, acusada de inacción o incluso de colaboración con los grupos yihadistas de Siria e Irak, no recibió los apoyos previstos. Pero cabría preguntarse, ¿cuáles son los objetivos del Estado en el seno del Consejo de Seguridad?

El jefe del Ejecutivo señalaba recientemente que las prioridades de España en el CS eran: «el papel de las víctimas en la lucha contra el terrorismo; los temas humanitarios, especialmente relacionados con Siria, Oriente Medio y la toma de decisiones dentro del Consejo de Seguridad de la ONU». Propuestas ambiciosas para un actor de tercera división, porque recordemos que el único hecho destacable del Estado, a este nivel, fue mantener en periodos recientes una importante cooperación al desarrollo (sin llegar al 0,7%), que el Gobierno actual decidió reducir a un miserable 0,14%. Un récord por ser la mayor reducción y más rápida, nunca antes realizada por ningún Estado.

En relación a su primera prioridad, el pasado miércoles, el Estado, con motivo de la presidencia rotativa del Consejo, realizó un acto «por las víctimas del terrorismo». Un acto en el que invitó solo a algunas víctimas, discriminando a las del terrorismo de Estado y del franquismo. Algo que no es casual, teniendo en cuenta que España es el segundo Estado del mundo con mayor número de fosas comunes y que, hasta ahora, el Gobierno ha hecho oídos sordos a las numerosas reprimendas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, por el desprecio a miles de víctimas del totalitarismo franquista y del Estado. Sirva como ejemplo, el llamamiento de la ONU para que el Estado español aclare la desaparición y el paradero de José Miguel Etxeberria «Naparra». Todas las víctimas de la violencia y del terrorismo cuentan con todo nuestro respeto y solidaridad, pero el Gobierno del PP ha vuelto a manipular y usar torticeramente esta cuestión. Por lo que lamentablemente queda claro, que no se trata de reconocer a todas las víctimas sino, una vez más, de establecer un relato parcial y en el que se obvian las obligaciones que tiene el Estado para con sus víctimas. Pero ¿qué se puede esperar de un Estado que en la sede de su Alta Representación ante la ONU mantiene las fotografías de los embajadores franquistas?

Por si fuera poco, durante el mencionado acto sobre las víctimas, los representantes del Gobierno mintieron en la sede de Naciones Unidas. El ministro de Exteriores atribuyó a ETA la muerte de la niña Begoña Urroz, perpetrada por el DRIL y afirmó que la muerte del concejal Miguel Ángel Blanco estuvo precedida por brindis con champán en las herriko tabernas.

Pero estas mentiras no son nuevas; en 2004, el Gobierno del PP presionó al Consejo de Seguridad para que se aprobase una resolución acusando a ETA del 11-M a sabiendas de su falsedad. ¿Aprovechará su presencia en el CS para subsanar la resolución? No es previsible ya que, por un lado, el Estado, desde la aparición del yihadismo en el ámbito internacional ha tratado de arrimar este ascua a su lucha contra la violencia interna.

Por otro lado, España es conocida por su «picaresca» e intentos de engaño continuos en las Organizaciones Internacionales de las que forma parte. Una muestra reciente la observamos en una respuesta de la Comisión Europea a varios eurodiputados sobre la hipotética secesión de un territorio europeo de su Estado matriz, en el que el texto de la respuesta en castellano difería de la respuesta oficial en inglés. El traductor/a había incluido un párrafo extra anunciando todo tipo de calamidades en caso de secesión. ¿Quién fue el pícaro amanuense?

Respecto a la segunda prioridad, sobre «los temas humanitarios, especialmente relacionados con Siria», cabe destacar que España ha incumplido los continuos llamamientos realizados por los diferentes relatores de la ONU de DDHH e inmigrantes; del Consejo de Europa o incluso de la Comisión Europea, en relación a la (no) acogida de solicitantes de asilo en su frontera sur. Para más inri, la actual situación de 1.500 sirios hacinados en un centro pensado para 500 personas, retenidos en la ciudad autónoma de Melilla y separados de sus familias que se encuentran en la ciudad vecina de Nador, hace difícilmente imaginable a qué medidas humanitarias se refiere el presidente Rajoy.

Por otro lado, como era imaginable, el PP ha decidido llevar la cuestión catalana a la ONU, pero no para reconocer su derecho a la autodeterminación sino para criminalizar su democrática aspiración. La pasada semana, con motivo del 70 aniversario de la ONU, se adoptó una declaración en la Asamblea General, en la que los Estados miembros reafirmaron su compromiso con la Carta de Naciones Unidas y con los principios de la ONU, destacando entre ellos, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos. Ocasión que aprovechó el ministro de Exteriores para venderlo como una victoria con velados mensajes sobre Cataluña. Entre otras el ínclito indicó: «Cuando hay una resolución en un conflicto latente, el primer principio a respetar es la integridad territorial» y cargó contra las declaraciones unilaterales de independencia.

Lo que pareció olvidar fue que la Corte Internacional de Justicia ha aclarado que «el alcance del principio de integridad territorial se limita a la esfera de las relaciones interestatales» y que «una Declaración Unilateral de Independencia no viola el Derecho Internacional, porque éste no contiene norma alguna que prohíba hacer declaraciones de independencia». Además, olvidó que el Derecho a la Libre Determinación de los pueblos constituye un derecho humano básico (artículo 1 de los Pactos internacionales). Como se ve, España sigue obsesionada con obstaculizar el derecho de autodeterminación y este extremo llega hasta el caso saharaui.

Ahora, se cumplen 40 años de la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España abandonó el Sahara Occidental y cedió su administración a Marruecos y Mauritania. Si bien ese pacto nunca fue reconocido por la ONU, que sigue considerando al Sahara como un territorio a la espera de su descolonización por parte del Reino de España.

En cambio, aún siendo el responsable directo de la situación, la Misión Permanente del Estado ha dejado claro que no va a proponer ningún tipo de declaración oficial sobre la autodeterminación del territorio saharaui, por lo que más allá de declaraciones vacías de contenido, el Reino de España vuelve así a traicionar al pueblo saharaui.

En definitiva, como era previsible, el objetivo del Gobierno español en el Consejo de Seguridad no es otro que tener un altavoz para asuntos propios, sus obsesiones, sin voluntad de solucionar sus problemas externos e internos con arreglo a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Una vez más, las presiones, amenazas, mentiras y picaresca seguirán ligadas a esa «Marca España» impulsada por el Partido Popular. Una marca que el conjunto de la Comunidad Internacional conoce y pocos desean comprar.