Las sociedades contemporáneas se enfrentan, cada vez más, al auge de la incertidumbre que se extiende a todas las esferas de actividad, de la vida política a la actividad económica pasando por los ámbitos sociales, culturales, geopolíticos y climáticos. Además de diversificarse, la incertidumbre se intensifica, de lo que da cuenta la proliferación de acontecimientos imprevistos que se han multiplicado en los últimos años y que no habían sido anticipados por la mayoría de observadores y expertos, a la imagen de la crisis financiera de 2008, la crisis migratoria de 2015, el Brexit, la elección de Donald Trump, la pandemia del coronavirus o la guerra en Ucrania.

De hecho, en razón del fin de los grandes relatos, la aceleración del cambio, la fragmentación social creciente, el auge del individualismo y la profundización de la globalización, vivimos, de manera creciente, en unas sociedades de la incertidumbre, lo que desemboca en un incremento de los riesgos que, a su vez, generan una inseguridad y una sensación de inseguridad, sobre todo en el ámbito social; sabiendo que todos los países, comunidades, grupos sociales e individuos no se ven afectados de la misma manera por esta incertidumbre y sus efectos. No en vano, en todos los casos, genera una dificultad que va en aumento para anticipar los acontecimientos y proyectarse en el futuro, lo que produce una combinación de ansiedad y rabia que se repercute en el auge de fenómenos contemporáneos, tales como el presentismo, el populismo, el conspirativismo o el fundamentalismo.
No obstante, los actores, sean individuales o colectivos, públicos o privados, locales o internacionales, no permanecen inactivos ante esta incertidumbre e intentan atenuar sus efectos nefastos de diversas maneras.

Así, procuran reforzar las regulaciones a fin de reducir la inestabilidad e imprevisibilidad de las situaciones, que se trate de las medidas que aspiran a regular en mayor medida los mercados y las transacciones financieras, las normas aprobadas para limitar el uso de las energías fósiles y promover las energías renovables, las sanciones internacionales tomadas contra los dirigentes de los países agresores de cara a evitar el deterioro y la extensión de los conflictos armados, o las legislaciones que aspiran a limitar la difusión de informaciones falsas, a través de las redes sociales, que incrementan la inestabilidad política y las tensiones sociales.

A su vez, se esfuerzan en acelerar las transiciones frente al cambio climático, las desigualdades económicas y la fractura social, a fin de construir unas sociedades que sean, a la vez, más solidarias, igualitarias, democráticas, sostenibles e interculturales. Esto implica tanto la aprobación de normas vinculantes (como la instauración de cuotas para propiciar la igualdad de género o la prohibición de vehículos térmicos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero), reformas estructurales (tales como el incremento de la presión y progresividad fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales) e inversiones masivos (sobre todo en educación, sanidad y servicios sociales).

Asimismo, los territorios, las administraciones, las empresas y las asociaciones se adaptan a estas situaciones novedosas modificando sus maneras de pensar y de actuar, a través, entre otros aspectos, de una transformación de las pedagogías educativas (a fin de que sean más participativas, reflexivas y creativas), de los modos de gestión (para que sean más flexibles y horizontales), de las dinámicas organizativas (de tal manera que sean más descentralizadas y estén basadas en la confianza recíproca) y de las gobernanzas públicas (de tal forma que se fundamenten en la concertación, la negociación y el acuerdo).

Simultáneamente, los actores elaboran y luego implementan unos proyectos de sociedad y/o de territorio a través de procesos participativos que permiten a las partes implicadas tomar parte en la elaboración de un diagnóstico común, la fijación de objetivos compartidos a medio y largo plazo y la determinación de acciones precisas que permitan alcanzarlos. Estos proyectos, que tienen vocación a ser globales, coherentes e inclusivos, están basados en unos principios de responsabilidad, precaución, sostenibilidad económica y ecológica, convivencia e igualdad de género.

De manera análoga, las mujeres víctimas de dominación masculina, las minorías que padecen discriminaciones, los jóvenes que tienen dificultades para acceder a la vivienda, los barrios desfavorecidos que están relegados, los territorios siniestrados consecutivamente a catástrofes naturales y los países emergentes que padecen una subordinación económica y militar, se empoderan progresivamente, al tratarse de un poderoso vector de lucha contra los efectos perjudiciales de la incertidumbre, aunque estos actores y las zonas en las que viven se enfrenten a situaciones a veces dramáticas y tengan dificultades para acceder a determinados recursos que les permitan afrontarlos con ciertas garantías. Todo ello implica información, concienciación, confianza en sus propias capacidades y posibilidades de acción colectiva.

Por último, los actores gestionan la incertidumbre cambiando de perspectiva, actuando sin más demora, sin esperar que una solución futura venga del exterior o de una hipotética innovación tecnológica; superando el miedo al fracaso y recurriendo a la experimentación que, en caso de ser positiva, es susceptible de ser generalizada; aprendiendo de los errores cometidos, lo que supone hacer gala de humildad y de clarividencia en lugar de obstinarse en el error; contemplando escenarios de futuro, lo que permite anticipar consecuencias eventuales de ciertas decisiones y optar por aquellas que ofrecen mejores resultados; invirtiendo en la innovación a fin de encontrar soluciones organizativas, tecnológicas y científicas; incrementando y profundizando el conocimiento teórico e empírico; creando indicadores diferentes y explorando nuevos ámbitos de cara a encontrar alternativas útiles; y, concibiendo la incertidumbre como una oportunidad.