En los últimos años, a través de encuestas (Deustobarómetro, etc) y numerosas movilizaciones, la ciudadanía viene expresando un creciente descontento por el deterioro de la sanidad pública, a la que considera infrafinanciada, y poniendo de manifiesto que quiere mantenerla como un servicio público de calidad.

Fruto de ello, Urkullu, que venía negando la existencia de problemas en Osakidetza, se ha visto obligado a comparecer ante la opinión pública, dando inicio a una importante campaña de comunicación plagada de declaraciones (huecas) y promesas (incumplidas), con el único objetivo de neutralizar el descontento social.

En junio de 2022, Urkullu anunció el refuerzo de la Atención Primaria en Osakidetza. Algo que  ya había prometido en julio de 2020, en una entrevista, en la que aseguró: «el fortalecimiento de la Primaria, ha sido el objetivo de esta legislatura». Sin embargo, no adoptó ninguna medida en esa dirección, mientras la degradación de la Atención Primaria continuó creciendo. La falta de personal, especialmente en medicina de familia y pediatría, y los recortes en los horarios de atención, han sido constantes y las listas de espera se han ido disparando.

Es sabido que, estos recortes y retrasos en la atención sanitaria, tienen consecuencias negativas para la salud. Así lo reconoció el propio Urkullu, cuando afirmó, en el Pleno de Política General del Parlamento Vasco, celebrado en setiembre, que «esperar un día menos marca la diferencia a la hora de tratar a una persona porque cada día cuenta y cuenta mucho».

A modo de ejemplos, le recordamos que, en 2023, en Atención Primaria, al menos, en 1.737 turnos  de junio a septiembre, no hubo ningún pediatra en los diferentes centros de salud; que más de 6.000 personas se han quedado sin atención telefónica en los servicios de urgencias pertinentes; que hay que esperar más de 200 días para ser atendido para una consulta de logopedia en la Sanidad Pública (la mayoría de las consultas se derivan a la privada); que son muchos los centros de salud al 50% de su plantilla médica; que crece el número de centros de salud sin  personal médico, etc.

Lo cierto es que, la Atención Primaria sufre un abandono y descapitalización como consecuencia de las políticas que viene aplicando el Gobierno Vasco, sobre todo desde la crisis económica del 2008, al dictado de importantes poderes económicos (la OCDE, el FMI o el Banco Mundial), que han encontrado en servicios públicos, como la Educación y la Sanidad, nuevos nichos de negocio de donde extraer grandes beneficios.

Continuando con sus falsas promesas, tanto en su discurso de año nuevo del 2022 como la inauguración del Centro de Salud de Murueta, Urkullu volvió a reconocer la «existencia de problemas y dificultades en Osakidetza y en la Atención Primaria», pero sin citar ni uno solo de ellos. En el pleno de control del Parlamento Vasco de febrero de 2023, prometió «no escatimar esfuerzos», «hacer un esfuerzo económico» y volvió a plantear «la prioridad de mejorar Osakidetza este año».

Esfuerzos que, una vez más, no aparecen en los presupuestos de 2024, con una inversión en Osakidetza 3,4 puntos inferior a la de 2023, a pesar de sus afirmaciones, asegurando que «el problema no es de falta de dinero, no es presupuestario». Ergo, se trata de una decisión política.

La infrafinanciación, constituye uno de los motivos de la crisis de la la sanidad pública. Resulta evidente que, para poder atender las necesidades crecientes de una sociedad envejecida, con un aumento de las cronicidades, se necesita incrementar el presupuesto sanitario en 1.678 millones de euros con la que nos equipararíamos a países del entorno cercano con similar capacidad económica a la nuestra.

Urkullu hace reiterado uso del comodín de la covid19, para justificar la deteriorada situación de Osakidetza, ignorando las advertencias que, años antes y desde diferentes instancias, ya venían señalando su declive. Entre ellas, las del Ararteko en su informe de 2022, en las que destacaba la situación de «tensión» que vivía  el sistema y donde explicaba que, a su juicio, la pandemia no hizo más que «agravar una situación precedente, generada a partir de una escasa planificación de las necesidades futuras». En dicho informe se destacaba, además, que las quejas por el funcionamiento de Osakidetza, subieron un 220% en 2022, respecto a 2020.

Así mismo, las quejas y reclamaciones interpuestas por la ciudadanía en Osakidetza han batido récords en este año 2023. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad (FADSP), en su informe de 2023, recoge que la opinión sobre el empeoramiento de las listas de espera en Osakidetza, ha subido más de 30 puntos desde 2019. Son la punta del iceberg del generalizado descontento social.

En 2013, en Euskal Telebista, Urkullu afirmó que «no se barajará la posibilidad de privatizar Osakidetza». Sin embargo, la privatización ha continuado creciendo. Han seguido parcelando servicios (pruebas diagnósticas, transporte sanitario, hostelería, seguridad, limpieza, mantenimiento, etc.) que, a la postre, convertirán a Osakidetza en una oficina de contratación de empresas. Hablamos de empresas privadas que obtienen sus beneficios a costa de explotar a sus trabajadores y trabajadoras con condiciones laborales muy precarizadas y con menos personal que en Osakidetza. Condiciones que inciden muy negativamente en la calidad del servicio.
 
Por más que el lehendakari lo niegue, denunciamos alto y claro que la sanidad privada crece y crece. Mientras la plantilla de Osakidetza ha aumentado un 10% desde 2012, la sanidad privada lo ha hecho en un 60%. Que al rebufo del deterioro de Osakidetza, la sanidad privada en Euskadi creció un 6,4% en los dos últimos años y viene facturando unos 2.000 millones de euros anuales. Hay negocio en el desmantelamiento de Osakidetza.

Empresas adjudicatarias, en la mayoría de los casos, con presencia de ex altos cargos de Osakidetza, del Gobierno Vasco y del PNV. Además, varias de ellas han sido sancionadas por manipular contratos o por sobornar a personal médico.

Como solución al problema de las listas de espera, Urkullu anunció, en setiembre, la derivación de miles de pacientes a la privada. En lo que va de año, más de 2.700, con un coste de 5,5 millones de euros. Derivaciones que supondrán un mayor gasto para las arcas públicas que si se abordara con recursos materiales y de personal propios. Extraña y sospechosa medida para fortalecer la Atención Primaria.

Como no podía ser menos, su fiel consejera, la Sra. Sagardui, tampoco se ha quedado corta en declaraciones y promesas. A sus ya famosas intenciones de crear «centros de salud virtuales», para desarrollar la «atención en diferido», se suman las pronunciadas durante la presentación, en noviembre, de los presupuestos de su departamento para el año 2024 y las más recientes, en relación con las listas de espera y su concepción de la privatización.

Aseguró que las listas de espera tendrían máxima prioridad y afirmó que la solución se ejecutaría con los «recursos propios» de Osakidetza, sin necesidad de derivar pacientes a la privada. Aparentemente correcto, si no fuera porque ni citó cómo hacerlo, ni con qué plan contaba, ni con qué presupuesto. Declaraciones muy diferentes a las pronunciadas en septiembre, cuando señaló que, la derivación a la sanidad privada, era una de las dos líneas de trabajo para reducir las listas, que esta era la «medida organizativa habitual» y que se trataba de «colaboraciones que ya teníamos previstas».

Hace unos días, aseguraba que se estaban reduciendo notablemente dichas listas, alcanzando cifras prepandemia. Difícil de aceptar, cuando, a modo de ejemplo, según el Ministerio de Sanidad, entre junio de 2022 y el mismo mes de 2023, las personas que esperaban una primera cita con un especialista, subió de 39.034 a 69.523. En relación con junio de 2019 (prepandemia), han subido en 35.311 personas, la mayoría de las cuales, sin explicarlo, Sagardui habría hecho desaparecer de las listas de espera, en ¡5 meses!. En cualquier caso, en un ejercicio de transparencia, convoque Ud. a los agentes sociales para ofrecer sus datos, informar sobre los protocolos utilizados para enmascarar las listas de espera y escuchar nuestras opiniones.
 
También aseveró que no se encontraría «ni rastro de privatizaciones» en sus presupuestos. Claro, para la Sra. Sagardui no existe privatización, porque, en un claro intento de retorcer/manipular el lenguaje, se trata de «colaboraciones público-privadas». Pero, al tiempo de pronunciar sus discursos, la dirección de Osakidetza privatizaba varios servicios: Plataforma Logística Corporativa que supone la concesión a una empresa privada de la construcción y gestión del  servicio de los almacenes de Osakidetza, lo que conlleva que, el futuro de los 180 trabajadores y trabajadoras de Osakidetza que se encargaban de esta gestión, penda de un hilo. Canal Ciudadano que desarrollará la digitalización del sistema, en detrimento de la atención presencial. Servicio de Diálisis, Cafeterías del Hospital Txagorritxu.

La privatización de la Sanidad Pública la debilita, conlleva un detrimento de la calidad asistencial en todos los ámbitos y aumenta la mortalidad, como se desprende de un estudio realizado en Reino Unido, publicado en la revista The Lancet. Solo beneficia a las empresas adjudicatarias y a los seguros privados.

Sr. Urkullu, Sra. Sagardui, Gobierno Vasco, nuestra exposición sobre la situación de Osakidetza, ni es alarmismo, ni catastrofismo, sino una descripción de la realidad que sufrimos la ciudadanía, y muy especialmente los sectores más vulnerables, desplazados del sistema público de salud, para favorecer intereses privados, sean estos colectivos o personales.
 
Porque no vamos a permitir que nos roben la salud, continuaremos con la denuncia y las movilizaciones, señalando a los responsables de esta grave situación y exigiendo un cambio urgente y profundo que ponga a las personas y la salud en el centro del sistema público sanitario.