Me complace ser quien abra un pequeño ciclo de artículos relacionados con el proceso de reflexión e intercambio de experiencias concretas sobre procesos constituyentes en Abya Yala, comenzado en la Mesa Internacionalista de Alternatiba. Procesos constituyentes de base, plurinacionales, que parten de la necesidad de la descolonización, y que necesariamente superan los actuales marcos institucionales. Me complace hacerlo además como parte del colectivo Festivales Solidarios, mostrando una pequeña historia sobre mi país, Guatemala; un pequeño Estado de Centroamérica, esa «bodega del patio trasero del gobierno de los Estados Unidos» laboratorio de tortura, guerra sucia y golpismo; del blando y del más duro.

Para entender Guatemala debemos echar la vista atrás, al menos para mantener siempre en mente los 36 años de guerra civil (1960-96) tras el golpe de Estado de 1954 organizado por y desde los Estados Unidos, el genocidio de los 80, las dictaduras militares... décadas de barbarie.

Tras la firma de paz del 96 hubo un intento de construcción de un andamiaje de Derecho, inclusivo hacia los pueblos de Guatemala, unos Acuerdos de Paz que nunca cobraron vigencia, truncados por las extremadamente violentas y rancias élites guatemaltecas con la connivencia de sus caporales de la clase política. Intentos como modificar la Constitución Política de la República a través de una consulta popular en 1999 para ratificar conceptos incluidos en los Acuerdos de Paz quedaron en eso, intentos; siempre continuando una guerra, de otra intensidad y naturaleza, en manos de las maras y el narcotráfico.

La ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y Estados Unidos en 2005 abría una nueva vía legal para el saqueo en esta región del continente. La resistencia a este tratado fue brutalmente reprimida dando inicio a una nueva etapa de despojo, prisión política y criminalización de los pueblos originarios.

Al mismo tiempo se intenta, con apoyo de la comunidad internacional, atacar los aparatos estatales y paraestatales que promueven e incentivan la impunidad. La ONU y el gobierno acuerdan la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el objetivo de identificar toda la estructura de corrupción y abuso contra los derechos civiles y políticos de la población. Esta comisión pasa prácticamente inadvertida hasta una década más tarde, cerca del final del duro mandato del ex militar Otto Pérez Molina, participante directo en la guerra de Guatemala durante los cruentos años 80, que garantizó el despojo a las comunidades indígenas y la omnipresente impunidad, sostén del Estado. Se produce la Masacre de Alaska de 2012, ejecutada por el ejército en contra de una manifestación pacífica del pueblo K’iche’ de Totonicapán, provocando una huella imborrable en uno de los pueblos originarios y en toda Guatemala. El colombiano Iván Velásquez llega a la Cicig en 2015 y comienza a mostrarse que las investigaciones de la Comisión avanzaban de forma casi invisible, saltando finalmente a la luz pública datos que involucran a altos funcionarios del gobierno de Pérez Molina.

Las movilizaciones ciudadanas se suceden junto a nuevas acusaciones de casos de corrupción desde la Cicig y fiscalías investigadoras del Ministerio Público, hasta que en mayo renuncia la vicepresidenta Roxana Baldetti, en agosto lo hace Pérez Molina y, finalmente, ambos son sometidos a la justicia.

En una situación de turbulencia se realizan nuevas elecciones en las que resulta elegido el evangélico y comediante de televisión Jimmy Morales, postulado por un partido de exmilitares y extrema derecha. Los logros jurídicos contra cientos de expresidentes, ministros, diputados, policías, militares y empresarios de alcurnia habían llegado muy lejos, atentando directamente contra la oligarquía guatemalteca. Morales, con un cierre de filas de la extrema derecha, comienza una cruzada contra estos logros hasta llegar a cerrar la Cicig.

A pesar de ello, las investigaciones continúan desde diversos entes y el hermano, el hijo y la esposa de Morales son acusados de corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) se enfrenta al «pacto de corruptos» y continúa procesando legalmente a empresarios y políticos.

La oligarquía y la clase política orquestan una vendetta, y toman todos los poderes del Estado guatemalteco: toman por asalto el congreso, el poder judicial, y la presidencia, cuando en las elecciones del año 2019 gana el católico y ex convicto Alejandro Giammattei; acusado por la justicia guatemalteca de asesinatos extrajudiciales en el año 2005, y socialmente señalado por realizar limpieza social. Tras veinte años intentando ser presidente del país, establece una serie de estados de prevención y militarización, so pretexto de la violencia común y organizada que imperaba en el país. La mano dura gobierna nuevamente Guatemala.

La llegada de la pandemia de covid-19 sirve en bandeja de plata la excusa perfecta para que Giammattei y sus secuaces adquieran una serie de préstamos millonarios y así poder pagar, a costa de los pueblos en Guatemala, la deuda política y económica que tiene con la oligarquía que, tras veinte años de financiación, le alzó presidente. El robo descarado y la impunidad campante continúan su camino en Guatemala.

La pandemia exacerba la miseria y las contradicciones sociales, evidenciando los niveles de desnutrición, corrupción e impunidad más altos de Latinoamérica. A pesar de ello, el pasado noviembre se intentó modificar el presupuesto nacional retirando recursos para el combate a la desnutrición y otorgando más prebendas a la clase política y corrupta del país. Esto detonó la rabia, la gente salió a las calles y fue reprimida con violencia. Más de cincuenta personas encarceladas; cientos de personas heridas, intoxicadas y mutiladas por la defensa del régimen de Giammattei.

La prisión política y el nuevo exilio

En palabras del filósofo Mircea Eliade, Guatemala es ese país del «eterno retorno», repitiéndose una situación histórica similar a la de los años 60, con el inicio de la guerra civil. Nuevamente, estamos experimentando con nuestros cuerpos la prisión política de líderes indígenas, estudiantiles, desapariciones, criminalización, asesinatos selectivos, persecución política, detenciones ilegales y exilio. La violencia política con toda su fuerza.

En mayo de este año se detiene al ex funcionario guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa, parte fundamental de la acusación en contra de Otto Pérez Molina y su gobierno, y al ex investigador de la Cicig Aníbal Argüello, junto a otras personas bajo la acusación de formar ilegalmente un partido político. La detención de Solórzano Foppa fue ejecutada en una de las avenidas principales de la ciudad de Guatemala por carros sin placas, al estilo del actuar de la policía judicial en Guatemala desde los años sesenta a los ochenta. Quince días de detención ilegal, arbitraria y mandada por el régimen de Giammattei, el pacto de corruptos y la élite guatemalteca. La prisión política ha sido la norma contra las comunidades originarias desde hace más de dos siglos y ahora toca el turno de la clase media urbana y organizada de las ciudades.

Otro golpe paradigmático fue el día 23 de julio, cuando el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, fue removido de su cargo por órdenes de la Jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, alfil del pacto de corruptos en Guatemala. El fiscal Sandoval tuvo que salir de Guatemala el sábado 24 de julio,por temor por su vida y la de su familia. Fue asistido por la comunidad internacional, así como por organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos en Guatemala. De esta forma se suma a la ola de periodistas, jueces, activistas, líderes y lideresas bajo persecución y exilio político.

La resistencia indígena y la dignidad de los pueblos en Iximulew

Durante cientos de años los pueblos originarios en Iximulew, han resistido, existido y demostrado que son el presente y el futuro en un Estado-nación que les odia, les discrimina, les mata y les encarcela. A pesar de todo el racismo en su contra, hoy marcan los tiempos de las protestas sociales y marcan el camino a seguir para una escalada de protestas y resistencias a nivel nacional.

48 Cantones de Totonicapán, ese pueblo que sufrió la Masacre en Alaska, han tomado la batuta de la resistencia e iniciado una serie de articulaciones con otros pueblos indígenas para gestar el camino a un Paro Nacional. Exigen la renuncia de Giammattei y funcionarios de alto nivel con miras a instalar el camino hacia una Asamblea Plurinacional de los Pueblos en Guatemala. Una iniciativa siempre coartada desde las oligarquías y la corrupción, en defensa de una Constitución Política de la República de Guatemala, fruto de un pacto social de hace ya 36 años.

El Parlamento Xinka, las Comunidades de Sololá, los 48 Cantones, el pueblo Ixil, las comunidades de la Costa Sur, el pueblo Q´eqchi´ y demás pueblos originarios, están organizando un camino hacia un nuevo paradigma donde los pueblos sean quienes tomen las decisiones para determinar su presente y futuro.

El panorama que se vive en Guatemala es desconcertante y desolador, estamos en una encrucijada en la cual los caminos a tomar en los próximos tiempos serán determinantes para que la esperanza y el futuro sea la decisión que tomen los pueblos; para caminar por la senda de la libertad o el camino de la dictadura, una dictadura perfecta y abstracta, con el autoritarismo como norma pero sin un solo rostro visible.

El Comité de Desarrollo Campesino, Codeca, propone un Estado plurinacional, descentralizado, con autonomías de territorios indígenas, reconocimiento e incorporación de los nombres e idiomas de todos. En el sistema político propone la democracia participativa comunitaria y representativa, la revocatoria de mandato para todas y todos los representantes electos por voto popular, los diputados deben ser electos por listado distrital. El organismo legislativo nacional (Congreso de la República) estará formado por 69 diputados, los ex gobernantes no formarán parte del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y se debe tomar en cuenta la consulta popular para la aprobación o desaprobación de leyes y una iniciativa legislativa ciudadana.

Las propuestas de la autonomía se están construyendo por varios caminos y el punto de encuentro es más común de lo que parece. Una luz al final del camino.