Dicen los papeles que Iberdrola ha recompensado a dos ex ministras peperas con un hermoso juego de butacas en los consejos de administración de sus filiales latinoamericanas. La una en Brasil y la otra en México. Tú a Boston y yo a California. Isabel García Tejerina fue responsable de Agricultura y Medio Ambiente en el Ejecutivo de Rajoy y ahora se dispone a hacer las américas como consejera brasileira de Neonergia. La otra agraciada en la tómbola de los puestazos a dedo (qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto) se llama Fátima Báñez, la artista antes conocida como ministra de Empleo y artífice de una reforma laboral aún vigente que regala el despido, pone alfombra roja a los EREs y da prioridad a los convenios de empresa.

Como soy de naturaleza materialista, me ha dado por curiosear en las tablas de retribución de los consejeros del Ibex 35. No me gusta ser desconfiado, pero con el tiempo uno tiende a sospechar que en los últimos pisos de los rascacielos empresariales sobrevive una elegante casta de vocación parasitaria que está montándose en el dólar sin dar un palo al agua. Podría ser, Dios no lo quiera, que mientras los medios nos hablan del salario emocional y otras baratijas de autoayuda, un selecta legión de vividores se sumerge cada día en jacuzzis de oro. Y las tablas de retribuciones no engañan. Dice “El Economista” que Iberdrola, BBVA y Repsol son los chiringuitos más generosos con sus consejeros independientes. Los iberdrolos, según datos de PwC, trincaban una media de 374.050 euros anuales en 2017.

Es cierto que la pandemia ha devastado la economía, pero los fabricantes de puertas giratorias se mantienen en buen estado de forma. Hace un par de semanas, nos llegaba la noticia de otra pareja de emprendedoras que abandonaban el servicio público para ingresar en una reputada empresa vasca. La aseguradora Keralty, propiedad del multimillonario Joseba Grajales, fichaba a la ex viceconsejera vasca de Administración Sanitaria, Fátima Ansotegi y a la ex subdirectora de Calidad, Mayte Bacigalupe. La maniobra no sería tan llamativa si Keralty no hubiera fichado al ex consejero de Sanidad, Jon Darpón, tras el fraude de las oposiciones de Osakidetza. El chirrido no sería tan agudo si el Gobierno vasco no hubiera inyectado a Keralty 350.000 euros desde 2016 en concepto de ayudas al desarrollo. Que la pasarela de la sanidad pública desemboque en una multinacional de sanidad privada merece otro capítulo.

Es un mal ejemplo para la juventud que cree en Euskadi», dijo Xabier Arzalluz en 2008 cuando Petronor contrató al expresidente del PNV, Josu Jon Imaz. «Es como la culminación de una carrera y la gente se preguntará cuál ha sido el precio». Imaz atribuyó su nombramiento a un generoso acto patriótico. «Hay muchas formas de hacer país y esta es, sin duda, una de ellas». Ahora que conocéis mi simpatía por las tablas de retribución, sabréis que me he tomado la molestia de conocer el precio del patriotismo. Resulta que Josu Jon Imaz se mete al bolsillo 3,9 millones al año como consejero delegado de Repsol. En 2018 se disparó su sueldo un 34%. Hoy, con la perspectiva que concede el tiempo, leo un viejo titular de “El Confidencial” que me enternece. “Imaz visita a empresarios y políticos para ‘venderles’ a Urkullu como líder del PNV”.

En el zoológico de la política institucional hay una especie tan común que nos hemos terminado acostumbrando con resignación a su presencia. El «homo enchufens» dicta leyes favorables a las mismas empresas que terminarán contratándolo como pago por los servicios prestados. El procedimiento no corresponde a un acto esporádico ni mucho menos a la iniciativa egoísta de un garbanzo negro. Las puertas giratorias explican a la perfección el matrimonio entre gobiernos y grandes empresarios, la democracia secuestrada por los intereses privados, el autoritarismo neoliberal disfrazado de democracia, el voto arrojado cada cuatro años a la basura porque las decisiones relevantes no se adoptan en la oficina de ninguna administración sino en los despachos de grandes corporaciones cuyos dirigentes no han sido elegidos en las urnas.

Estoy dispuesto a asumir que hay cargos políticos solventes y formados que atraen el interés del sector privado. Podría aceptar que Borja Semper termine sus carrera política investido por méritos propios como alto cargo de la consultora Ernst & Young. Pero me parece estridente que la misma consultora haya ofrecido refugio también a los ex ministros del PP Juan Costa y Román Escolano o a la ex Secretaria de Estado del PP Marta Fernández Currás. Desconozco los méritos que condujeron a Juan María Atutxa desde el Parlamento vasco hasta el consejo de administración de Iberdrola Ingeniería. Deben ser méritos similares a los que demostró el exministro Ángel Acebes antes de sumar alrededor de dos millones de beneficio como consejero de la transnacional eléctrica.

El expresident José Montilla acaba de aterrizar en Enagás para acompañar a su compañero y exministro José Blanco. Los expolíticos ya son mayoría en el consejo de administración de la energética. Ahí tenemos, por ejemplo, a lasex ministras Ana Palacio e Isabel Tocino. Y qué decir de Felipe González y sus 126.500 euros anuales en Gas Fenosa. De Florentino Pérez, ex alto cargo en los ministerios de UCD. De Miquel Roca, padre de la Constitución y alto cargo del Banco Sabadell. Del exministro Josep Piqué, que llegó a cobrar 41.668 euros como consejero de Airbus sin asistir a las reuniones del consejo. De Carlos Espinosa de los Monteros, padre del portavoz de Vox, ex Alto Comisionado del Gobierno de Rajoy para la Marca España y longevo directivo de Inditex.

El «homo enchufens» no es la excepción sino la norma. La demostración de que muchas veces la arena política no responde al interés público sino a las aspiraciones particulares de una élite gorrona. Y esto, por muy corriente o legal que sea, es una modalidad de corrupción y un fraude inaceptable.