Koldo Tellitu y Jose Luis Sukia
Ikastolen Elkartea

La realidad de nuestras ikastolas

Nosotros ponemos seriamente en duda que el modelo de lo público vigente en nuestro país, un modelo jacobino y centralista que entiende que la Administración es el centro del sistema educativo, sea el más adecuado y sea el que mejor responda a las necesidades de nuestro pueblo

Leemos con una mezcla de estupor, enfado y pena el artículo firmado por Jon Muxika Perea y Javier Iglesias Rodríguez en GARA el pasado viernes 14 de diciembre. Y enfatizamos el calificativo «pena», porque esa es la principal impresión que recibimos al leer el mencionado artículo. Hace unos días hacía Tasio Erkizia un emplazamiento público a evitar la confrontación entre redes, pero vemos que ha caído en saco roto; parece que algunos son incapaces de defender sus proyectos, ideas, propuestas, sin atacar a los demás. Nosotros no vamos aquí a atacar a ningún otro sector educativo. La experiencia nos ha enseñado dos cuestiones: que nadie es propietario de la verdad absoluta, que existe una infinidad de matices a analizar, contrastar y debatir; y que nunca hay que entrar en un debate (si verdaderamente queremos hablar de debate) utilizando el ataque como argumento, sino defendiendo nuestras propuestas, en positivo. Es nuestra filosofía y modo de actuar que, además, intentamos inculcar a nuestro alumnado. En este escrito eso haremos, intentar esclarecer la realidad de nuestras ikastolas frente a las acusaciones del artículo citado.

Inician la crítica los firmantes del artículo por las inversiones que se realizan en nuestros centros. Explicaremos cómo se financian: con préstamos pagados por todas las familias de nuestras ikastolas; y esto por una evidente razón: el departamento de Educación no dedica dinero para las inversiones en la red concertada. Únicamente hay una partida para financiar hasta un 50% de los préstamos adquiridos por las cooperativas de enseñanza y que se eleva a 2,4 millones de euros anuales. Alguno se preguntará el motivo de esta partida que nos concede la administración. La respuesta es también sencilla: el patrimonio de las Cooperativas de enseñanza, adquirido fundamentalmente por sus familias, revierte a la administración en caso de que el centro desaparezca. Es decir, son edificios cuyo propietario «último» es la administración, que los recibiría como una donación en caso de que alguna ikastola desapareciera o se publificara. Pese a esto, no recibimos nada de los más de 70 millones que gasta anualmente la Administración en los edificios de la red pública.

También se menciona la creación de nuevos centros escolares por la red concertada y lo cierto es que, a diferencia de Ipar Euskal Herria, no se ha creado en la CAV ninguna ikastola en los últimos 10 años. A lo que sí hemos asistido en los últimos años es al cierre de centros concertados; la pasada semana tuvimos noticia del último cierre.

Nuestra autonomía financiera y la posibilidad de cobrar alquileres y recibir donaciones también se ponen en el punto de mira. Es cierto que nuestros locales se utilizan por asociaciones, ¡cómo no!, ¡qué organismo popular no ha utilizado las instalaciones de una ikastola para organizar todo tipo de eventos! Llamar a esto una vía de financiación es alejarse de la realidad de este país, no conocerla… ¿Que recibimos donaciones las ikastolas? Si se quiere llamar así a las aportaciones solidarias que recibimos del pueblo en nuestras fiestas, a las que recibimos de iniciativas como Errigora, o las que reciben algunas ikastolas de nuestra caja de solidaridad, adelante, pero creemos que nuestro pueblo sabe distinguir estas vías solidarias de otro tipo de donaciones.

Sí que cobramos cuotas (lo seguimos afirmando y no lo escondemos), y cuando se nos dice que esto es ilegal solo podemos realizar una afirmación: lo verdaderamente ilegal es que la Administración, siendo consciente de que los fondos que aporta no son suficientes para financiar el funcionamiento de un centro educativo (cuando quieran los firmantes realizamos los estudios objetivos que quieran), exija que no se cobren cuotas. Si las ikastolas sobrevivimos es porque los trabajadores, por una parte, cobran menos y realizan más horas que en la pública, y las familias, por otra, pagan una cuota para el sostenimiento de dichos centros (que, por cierto, creemos que también aportan su dinero para el sostenimiento de todo el sistema en general).
Y después de esto entran los firmantes en acusaciones más graves y gratuitas, afirmando que nuestra financiación es opaca y que faltan auditorías públicas y transparentes. Desconocemos la práctica del resto de la red concertada, pero las ikastolas presentamos anualmente las cuentas auditadas a nuestra masa social y se aprueban en asamblea, porque las ikastolas a quien fundamentalmente tenemos que demostrar transparencia en la utilización de fondos públicos y privados es a nuestra gente; en las ikastolas «denok gara gu». Pero es que, además, depositamos esas cuentas en el registro público correspondiente (Registro de Cooperativas) y, además, se los enviamos al departamento de Educación para que las fiscalice de la forma que crea más conveniente. ¿Quieren más transparencia?

Queremos creer que las afirmaciones que se hacen respecto de las contrataciones de personal en las ikastolas se fundamentan en el desconocimiento de nuestro sistema. Este sistema está regulado en nuestro convenio colectivo, donde se especifican sus distintas fases (convocatoria pública, baremación propia de cada centro,...) y la composición de los órganos de selección con la participación de todos los estamentos de la ikastola: trabajadores, dirección y familias. Es decir, se garantizan los principios de publicidad, mérito y capacidad como en las oposiciones de la administración; eso sí, utilizando otro sistema, un sistema fundamentado en la autonomía de centro. No afirmaremos que es el mejor, pero no creemos que se puedan hacer las afirmaciones categóricas del escrito en este tema; los sindicatos de nuestro sector son los mejores garantes de su aplicación.

Respecto a que no adquirimos compromiso social de inclusión, nos remitiremos a la propuesta realizada recientemente por las ikastolas. Es una cuestión compleja y poliédrica en la que o todos los agentes ponemos algo de nuestra parte sin pensar que cada uno hace absolutamente todo y los demás no, o seguiremos en una espiral de acción-reacción que, desde luego, no creemos que ayude al sistema educativo vasco. En todo caso, remitimos a la sociedad vasca a las evaluaciones de nuestra propuesta que a lo largo de este curso realizaremos.

Las referencias al adoctrinamiento religioso y a la falta de compromiso en la euskaldunización suponemos que no están referidas a nosotros.

Resumiendo: las ikastolas somos centros en los que la contratación del profesorado no solo es pública, sino que se realiza en los términos del convenio colectivo, la transparencia económica se garantiza por tres mecanismos, en dos de los cuales participa el Gobierno vasco, la laicidad es uno de nuestros valores, se hace una apuesta inequívoca por la euskaldunización, se realiza una admisión universal del alumnado y estamos haciendo una apuesta seria en el ámbito de la inclusión… Es más, cumplimos con otros valores que para nosotros son inherentes a un concepto de lo público de la enseñanza en Euskal Herria y los firmantes no mencionan, como, por ejemplo, que el eje pedagógico de nuestro proyecto sea el Euskal Curriculuma y que en nuestros órganos de gobierno participen todos los agentes educativos de forma democrática.

Por último pedimos respeto a los firmantes hacia los más de 5.000 trabajadores de las ikastolas, hacia las más de 40.000 familias que escogen a las ikastolas para la educación de sus hijos/as, y respeto, también, hacia nuestros «gerentes», imprescindibles para el funcionamiento de centros que, al ser autónomos en la gestión, precisan de esa figura. Si existiese autonomía de centros en la red pública, que nadie dude que existiría esa figura –de hecho, ya existe una similar en los centros integrados de Formación Profesional–, y ello sería beneficioso para la misma.

Como decíamos al principio, la verdad absoluta no existe, todo cambia y nosotros ponemos seriamente en duda que el modelo de lo público vigente en nuestro país, un modelo jacobino y centralista que entiende que la Administración es el centro del sistema educativo, sea el más adecuado y sea el que mejor responda a las necesidades de nuestro pueblo. Los tiempos cambian, los sistemas también; seamos capaces de proponer sistemas modernos y que garanticen la mejor educación de todo el alumnado. Cuando queráis nos encontraréis en cualquiera de los foros que se intentan organizar para debatir los retos y necesidades de nuestro sistema educativo. Allí nos veremos.

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