El PNV pretende elaborar una nueva ley de educación para Euskadi y, en el proceso para llevarla a cabo, busca involucrar, y parece que lo está consiguiendo, al resto de formaciones políticas a excepción del PP y de VOX. Para ello, afirma haber consultado con todos los sectores implicados en la educación, así como con alrededor de un centenar de personas supuestamente especializadas en la misma, aunque desconocemos quiénes han sido y por qué son especialistas. Sí sabemos, en cambio, los datos de participación en la página web (Irekia) habilitada para ello: cinco personas, de las cuales 3 se manifestaban en contra de la propuesta del gobierno.
¿Por qué una nueva ley? El texto que el gobierno propuso para debatir y que aparece en la página web antes citada dice lo siguiente: «La necesidad y oportunidad de la medida normativa que se propone encuentra su explicación objetiva en el cambio radical de contexto que se ha producido desde 1993 (año de aprobación de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la escuela pública vasca) y en la imperiosa exigencia de adecuación de ese marco legal a los nuevos retos y continuas transformaciones que se están produciendo». Sin embargo, en el borrador que supuestamente recoge las aportaciones de las personas e instituciones consultadas lo que se afirma es que «es preciso dar respuesta a otros retos, tales como las demandas de una sociedad cada vez más diversa y exigente, o los derivados de los datos demográficos y de los cambios tecnológicos». Si las continuas transformaciones son razón para elaborar una nueva ley, no se entiende muy bien que la pretensión de sus promotores sea que dure otros treinta años, porque cabe suponer que los cambios seguirán en un futuro. Del resto de motivos que se exponen, el de los datos demográficos es, sin duda, el más importante. Lo que realmente está en cuestión es la supervivencia de muchos centros privados debido al descenso de la natalidad y a que ese descenso se produzca, sobre todo, en lo que se denomina la clase media, que es la que más alumnado aporta a dichos centros privados, mientras que la inmigración, cuya descendencia acude prioritariamente a la pública, aporta mayor índice de natalidad. ¡Quién nos iba decir que el alumnado hasta ahora segregado iba a convertirse en el comodín que justificara las subvenciones públicas a los centros privados!
La propuesta de ley, bajo la apariencia de adaptación a los cambios, lo que esconde es todo un programa de salvación de centros privados, y que la educación del alumnado de las familias con más recursos les salga gratis a costa de la calidad de la educación pública.
¿Qué aporta el borrador de la nueva ley que no estuviera recogido en la ley actual? A excepción de la necesaria actualización pedagógica y didáctica debida al desarrollo de las nuevas tecnologías, el resto del contenido del último borrador no expresa nada que resulte novedoso en esos ámbitos con respecto a la ley en vigor. En efecto, lo referente a los fines, los valores, los principios, la convivencia, la diversidad o la calidad ya está contenido con similar significado en dicha ley. Insertar palabras de moda (liderazgo, excelencia, empoderamiento...) no cambia la realidad de lo que designan.
Por lo que se refiere a lo que en el borrador se denomina «nuevos liderazgos y modelos de gobernanza» es conveniente resaltar el carácter empresarial que rezuma el borrador en todo lo que guarda relación con la gestión de los centros:
• Se confunden los centros educativos con empresas, al alumnado con el producto, a las familias con clientes, al profesorado con operarios más preocupados por rellenar documentos que por la realidad del alumnado.
• Se habla de autonomía de los centros, pasando a estos la responsabilidad que corresponde a la administración y haciendo suyos los posibles fracasos.
• Se llega al absurdo de proponer un contrato de los centros con la administración, en función del cual se asignarán dotaciones y cuyo incumplimiento acarreará consecuencias que podemos imaginar.
• Se crean dos nuevos organismos, de innovación y de evaluación, que no surgen debido a que exista una necesidad en ambos campos, sino más bien para crear una necesidad que antes no existía, y con la cual generar unos dividendos para alguna empresa «externa», tipo Osanet de sanidad, que con seguridad aparecerá en el horizonte como surgida de la nada.
• Todo lo anterior sirve para potenciar la competencia entre los centros y lleva a la ridícula consecuencia de que los centros que mejores resultados logren serán los que más recursos acapararán, cuando la equidad que tanto se cita en el borrador exigiría justamente lo contrario.
Sí que se modifica, y mucho, todo lo referente a la consideración y tratamiento de los centro públicos y privados. Es preciso recordar que la ley en vigor se denomina «Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la escuela pública vasca», porque es a ella a quien iba dirigida como garante del derecho a la educación recogido en numerosas leyes, además de por ser la que es patrimonio común de toda la ciudadanía. Por el contrario, en la propuesta actual se hace hincapié en la convivencia entre redes educativas, otorgándoles el mismo valor, y equiparando lo privado a lo público, con la intención de que el dinero público se utilice para subvencionar proyectos o negocios privados. Y para justificar este despropósito los autores del borrador no han dudado en manipular el lenguaje, confundiendo servicio con propiedad y afirmando que como los centros privados ofrecen un servicio público deben tener el mismo tratamiento que los centros públicos. Servicios públicos ofrecen los taxis, los puestos de los mercados, todos los comercios, etc. y a nadie se le ocurre que deban ser subvencionados con dinero público, ni pagados los sueldos de quienes en ellos trabajan. Los mal llamados centros concertados son de propiedad privada, eligen a su personal tanto docente como no docente, imponen un ideario cuyo incumplimiento puede ser motivo de despido, y por tanto es absolutamente falso que sean equiparables los centros privados con los públicos.

El borrador de la nueva ley promete la gratuidad real «eliminando las cuotas de escolarización», cuotas que todo el mundo sabe que han existido y existen en la actualidad, a pesar de su ilegalidad. Y el propio texto demuestra que la administración es y ha sido consciente de ello y lo ha permitido. ¿Qué significa, entonces, eso de la «gratuidad real»? Que los ingresos que suponían las cuotas que pagaban los padres y las madres del alumnado para los centros privados subvencionados los pagará en adelante toda la ciudadanía, a costa, claro está, de las dotaciones que en justicia corresponden a los centros públicos.

El borrador de ley repite hasta en once ocasiones la palabra «equidad», pero no solo no nos dice qué se entiende por tal, sino que tampoco muestra el camino para conseguirla, a no ser que por equidad se entienda que quienes menos tienen ofrezcan sus escasos recursos a quienes más tienen, como viene ocurriendo desde que se implantó el sistema de subvenciones. La vía para la equidad no consiste en tener un programa común o unas direcciones profesionalizadas o mayor autonomía en los centros, ni siquiera en repartir «equitativamente» el alumnado inmigrante, de minorías étnicas, con necesidades vinculadas a dificultades de aprendizaje, como lo define el texto del borrador, sino en que los centros públicos posean recursos (mejora de las instalaciones, reducción de ratios, profesorado específico, etc.) que permitan la adecuada educación de ese alumnado, y en que esos recursos sean prioritarios. No se trataría, por tanto, de repartir ese alumnado entre los centros públicos y privados, como se insinúa en el borrador, para justificar las subvenciones públicas a los centros privados porque, además, estos siempre han sabido qué hacer para seleccionar el alumnado que desean, como lo han demostrado a lo largo de muchos años.

Solo cabe esperar que los partidos que se denominan de izquierdas no caigan en la trampa dejándose engañar por el discurso elaborado con palabras huecas y den validez a esa propuesta de ley que traería como consecuencia la depauperación de la enseñanza pública, que es la única que puede y debe garantizar el acceso a la educación de todas las personas en igualdad de condiciones.