Al igual que Jesús en las bodas de Canaan, lograron el milagro de convertir el agua de cloaca franquista en democrático vino de crianza.

Algunos pensamos, sin embargo, que el nuevo régimen mantuvo el ADN franquista. Un rey a quien daba lo mismo jurar fidelidad a Franco y su régimen que a la democracia y los derechos humanos; una Iglesia que mantuvo sus privilegios educativos, fiscales y sociales; un Ejército, Policía y Guardia Civil, principales pilares represivos de la Dictadura que, sin depuración alguna, se vendieron como modelo de profesionalidad y espíritu democrático, una Banca y una clase empresarial que medró al amparo de la supresión de las libertades sindicales y hoy copa el IBEX-35 y una «España, una, grande y libre», ahora reconvertida en «indivisible e indisoluble».

Hoy, como ayer, vivimos tiempos convulsos. En poco tiempo hemos conocido las mayores movilizaciones sociales y políticas habidas desde la Transición. Al igual que entonces, la crisis política e institucional no tiene parangón: monarquía, bipartidismo, unidad territorial... La situación política está atravesada por la esperanza, pero también por la incertidumbre. «Mondo dificile, vita intensa, futuro incer-to», que canta Tonino Carotone.

Corría julio de 1974 cuando, impulsada por el PCE, se creó la Junta Democrática de España, agrupando a otros partidos (PSP, PTE...), sindicatos (CCOO), colectivos sociales y personalidades. Se reclamaba, entre otros puntos, la amnistía, la legalización de los partidos políticos, las libertades democráticas, el reconocimiento de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego, la separación de Iglesia y Estado y la celebración a plazo fijo de una consulta para elegir la forma de Estado.

Un año después, junio de 1975, el PSOE, intentando ganar un espacio político del que carecía, impulsó la Convergencia Democrática. Se agruparon allí distintos partidos (MCE, ORT, Izquierda Democrática, Partido Carlista...), el Consejo Consultivo Vasco (PNV...), la UGT... Su programa, más radical que el de la Junta, exigía la «ruptura con el régimen», «apertura de un proceso constituyente», «derecho de autodeterminación», cambios en las «estructuras socio-económicas y culturales»... Ni te cuento.

A partir de ahí, mientras la dictadura daba los zarpazos represivos más violentos en los últimos años (fusilamiento de Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo, García Sanz –1975–; masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz –5 asesinados–; semana pro-amnistía, mayo 1977, 7 muertos más...), el modélico proceso de la Transición seguía adelante. La Junta y la Convergencia se unían en marzo de 1976, rebajando de forma importante su programa inicial. La ruptura con el régimen se equiparaba ahora a lograr una «alternativa democrática» a este.

Seis meses después, se constituyó la Plataforma de Organismos Democráticos. Se reclamaba un «Gobierno de amplio consenso democrático» (Suárez era ya Presidente), un «programa económico concertado», «Estatutos de Autonomía» para regiones y nacionalidades y «convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente». De ahí saldría la llamada «Comisión Negociadora de los nueve» (monárquicos, democristianos, liberales, nacionalistas de derechas, socialdemócratas, socialistas y comunistas) para negociar con Suárez las elecciones de 1977.

En resumen, en poco más de dos años aquel proceso se había convertido en un embudo en el que habían entrado sobre todo formaciones sociales y políticas de izquierdas junto con sus reivindicaciones, pero había salido tan solo una negociación a la baja con un Gobierno franquista que buscaba tan solo la legalización de los partidos (algunos siguieron prohibidos) y sindicatos y la realización de unas elecciones controladas desde el Gobierno de UCD.

Se pensó que con conseguir las elecciones todo cambiaría. No fue así. Se había aceptado jugar en terreno ajeno y con árbitros comprados y nada bueno podría salir de aquello. Se bajó el pistón de la movilización y se vaciaron colectivos sociales para atender con su militancia nuevas responsabilidades. La Constitución elaborada fue hija de siete padres y ninguna madre. Los militares les mandaban papelitos diciendo cómo tenían que ser redactados los artículos que consideraban esenciales. Y los siete padres constitucionales aceptaron todo aquello sin regañadientar ni denunciar. El parto fue un esperpento: monarquía, iglesia, España indisoluble e indivisible, inmunidad para los crímenes franquistas –Ley de Amnistía previa–...

Algunos la aplaudieron fervientemente –PSOE, PCE...–. Otros, más de izquierda –PTE, ORT...–, defendieron el «Sí y seguir avanzando» en el referéndum constitucional. Se tragaron sus señas de identidad y murieron de la ingesta. Se vendió por todos ellos el profundo «contenido social» del texto constitucional: derecho al trabajo, a la vivienda... que ya se ha visto lo que dio de sí. Solo la izquierda soberanista vasca, catalana, gallega y canaria y algunos grupos de izquierda (LCR-LKI, MCE...) rechazaron el proceso e impulsaron el «no» o la abstención.

Hoy, como ayer, se habla mucho de «proceso constituyente», pero no queda claro si se está hablando de ruptura con esta gran farsa institucional y social o de una mera reforma al régimen actual. Algunos, nuevamente, quieren hacer pasar el agua por vino.

No creo que recordar qué pasó en la Transición sea contar batallitas. «Quien no conoce la Historia está condenado a repetir sus errores», se dice.