La muerte del joven Nahel, de 17 años, de la mano de la Policía francesa, en un caso evidente de abuso policial, ha provocado los disturbios urbanos más graves desde aquellos acontecidos en 2005 y que dieron lugar a la instauración del estado de emergencia por el gobierno liderado por Dominique de Villepin. Tras una semana de incidentes, el balance es desolador: 3.505 personas detenidas, de las cuales 1.379 lo han sido en París y sus alrededores, 23.878 fuegos en la vía pública, 12.031 vehículos incendiados, 2.508 edificios incendiados o deteriorados, de los cuales 168 eran escuelas y 105 eran ayuntamientos. Los enfrentamientos con la Policía han provocado numerosos heridos, tanto entre los jóvenes como entre las fuerzas de seguridad, y la Inspección General de la Policía Nacional gala ha abierto diez investigaciones sobre posibles casos de abuso policial. En ese sentido, conviene detenerse en las causas que han dado lugar a semejante desenlace.

En primer lugar, esta situación es indisociable del proceso de guetización que han conocido ciertos barrios desfavorecidos, situados en la periferia de las principales metrópolis, donde se concentran colectivos que acumulan toda una serie de problemas sociales: fracaso escolar y abandono escolar prematuro, desempleo y precariedad laboral, pobreza y exclusión social, desestructuración familiar y familias monoparentales, segregación y discriminación, xenofobia y racismo, delincuencia e inseguridad. Este fenómeno ya fue puesto de manifiesto en 2008 por Didier Lapeyronnie en su libro, titulado "Ghetto urbain", fruto de una investigación llevada a cabo tras los graves disturbios urbanos de 2005 que dieron lugar, en tres semanas, a 4.728 detenciones y a innumerables daños materiales. Lapeyronnie indicaba que los habitantes de estos barrios estaban «asignados a residencia» y condenados a vivir en unos barrios carentes de servicios públicos, comercios y puestos de trabajo, y, sobre todo, carecían de verdaderas perspectivas de futuro en los ámbitos escolares, profesionales y residenciales.

En segundo lugar, es inseparable del deterioro de las relaciones entre la Policía y los jóvenes de estos barrios, sobre todo a raíz del cambio de modelo policial impulsado por Nicolas Sarkozy, primero como ministro del Interior (entre 2002-2004 y 2005-2007) y luego como presidente de la República (2007-2012). En efecto, en 2003, Nicolas Sarkozy decidió poner fin a la policía de proximidad que había sido impulsada en 1998 por el gobierno de izquierdas, liderado por Lionel Jospin, que pretendía acercar las fuerzas del orden a la población, crear un clima de confianza, propiciar la convivencia y reducir la sensación de inseguridad. Sarkozy considera, por aquel entonces, que la principal misión de la Policía consiste en detener a los delincuentes, poner fin a los tráficos de droga y reducir el número de delitos y homicidios. Para ello, pone en marcha una política que consiste en endurecer la represión y en incentivar las fuerzas del orden a realizar el mayor número de detenciones, lo que afecta especialmente a los jóvenes de los suburbios desfavorecidos que padecen un verdadero acoso policial con controles contantes.

En tercer lugar, está vinculado al cambio de la ley relativa al uso de las armas por la Policía. Aprobada en febrero de 2017, en reacción a la agresión en octubre de 2016 de cuatro policías en Viry-Châtillon, la ley relativa a la seguridad pública flexibiliza el uso de las armas de fuego por la Policía. Como lo han mostrado los sociólogos Sébastien Roché, Paul le Derff y Simon Varaine en un artículo publicado en septiembre de 2022 en la revista "Esprit", esta ley ha incrementado sustancialmente el número de heridos y de fallecidos provocados por el uso de armas de fuego por la Policía. Demuestran, a partir de datos oficiales del Ministerio, que los tiros mortales de policías sobre vehículos en movimiento han sido multiplicados por cinco entre el periodo anterior a la aprobación de la ley y el periodo posterior a su entrada en vigor. De hecho, la escasa precisión de la ley ha sido interpretada por ciertos policías como un derecho al uso de sus armas de servicio, aunque su vida no corra peligro y no se encuentren en una situación de legítima defensa. Tan es así que Sophie Taillé-Polian, de Europe Ecologie-Les Verts, presentará una proposición de ley para modificar la ley Cazeneuve y Mathilde Panot, de la France Insoumise, desea derogar dicha ley.

En cuarto lugar, la situación mencionada está íntimamente vinculada a la crisis del modelo de integración francés. En efecto, entre 1945 y 1975, la integración económica, social y cultural de la población autóctona e inmigrante se hacía esencialmente, por una parte, a través del trabajo y de la acción sindical, en un periodo marcado por el crecimiento económico, el pleno empleo y la fortaleza de las movilizaciones sindicales, y, por otra parte, vía las instituciones republicanas, y, en particular, el sistema educativo. No en vano, con el auge del desempleo y de la precariedad laboral, que provoca un incremento de la pobreza y debilita a los sindicatos, y la masificación del sistema educativo, que dificulta la implementación del «programa institucional» y reduce su capacidad integradora, el modelo francés pierde su eficacia y legitimidad. El sistema económico ya no es capaz de ofrecer un empleo estable y un salario digno, y las instituciones republicanas tampoco consiguen transformar los valores y normas y estos en personalidades.

Por lo tanto, mientras no se solucionen los problemas educativos, sociales, económicos y policiales que se hallan en el origen de estos disturbios urbanos que se producen regularmente desde los años ochenta del pasado siglo, los discursos marciales y las medidas represivas no permitirán dar una respuesta eficaz y duradera a esta situación cuyos primeros damnificados son los habitantes de estos suburbios desfavorecidos.